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Entre las personas que han comparecido esta mañana hay familiares de desaparecidos, muertos por tortura, accidentes de tráfico provocados por la dispersión, abatidos a tiros en controles o en plena calle, e incluso quien decidió acabar con su vida ante situaciones de represión. Por alguno de los casos se ha abierto causa judicial, por otros no; en algunos casos éstas han concluido en condena, pero la mayoría han quedado archivadas y sin resolución. Unos han tenido gran repercusión mediática y otros apenas son conocidos. Les une que todos sus allegados murieron como consecuencia de alguna vulneración de los derechos humanos, víctimas de grupos de extrema derecha, funcionarios públicos “o de las condiciones derivadas de la situación política en nuestro pueblo”.

Han intervenido en nombre de todas ellas Idoia Zabaltza, hermana de Mikel Zabaltza, y Aitziber Berrueta, hija de Angel Berrueta. Han dicho que durante muchos años han vivido la muerte de sus familiares en silencio, abocados a la más absoluta exclusión oficial e institucional.

Así, han denunciado que en todo este tiempo les han negado “el derecho a la verdad y la justicia”, como también ha pasado con otras muchas personas que, “aunque no han fallecido como nuestros familiares, también han sufrido vulneraciones de derechos fundamentales derivados de la violencia de los estados en sus muchas formas, cargando durante mucho tiempo o quizás para siempre con graves lesiones físicas o psicológicas”.

Primer reconocimiento institucional

Han dicho que la aprobación por parte del Parlamento de Navarra de la Ley Foral de reconocimiento y reparación de víctimas de motivación política supuso para ellas, por primera vez, un reconocimiento a nivel institucional, “y nos brindó la posibilidad de que todos los casos salieran a la luz, pudieran ser relatados y admitidos como lo que fueron, como verdaderos; hacía posible hacerles justicia, justicia social e institucional; y permitía que el daño pudiera ser de alguna manera reparado. Ahora, con la aceptación a trámite del recurso interpuesto contra ella, no queremos que todas nuestras esperanzas vuelvan a quedar en papel mojado”.

Así, han denunciado el recurso del gobierno central a esta ley, diciendo que supone, de hecho, actuar en contra de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder realizada por la ONU, “declaración que debe ser la base de actuación de todo gobierno, por encima de sus intereses, conveniencias o estrategias”.

A partir del cambio de gobierno en Navarra, han percibido que, “en contraste con los anteriores años largos de silencio y negación, existe también un cambio de voluntad, existe una voluntad política de caminar por la senda del reconocimiento y reparación de todas las víctimas, sin exclusión. Y no solo lo hemos percibido, sino que hemos visto ya a las instituciones navarras y al propio Gobierno de Navarra dar pasos concretos en ese camino”.

“Es el momento de los compromisos”

Sin embargo, no quieren que, bien por la interposición del mencionado recurso, bien por otros motivos, “este cambio se quede en la meras palabras, en mera declaración de intenciones”. Han dicho que es el momento de defender esos principios, “el momento de los compromisos, de los hechos, de los pasos concretos y sostenidos en ese camino del reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, sin exclusiones, y de asentar las bases para que las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron nuestros familiares, como otras tantas víctimas, no vuelvan a producirse. Ese es nuestro emplazamiento a la sociedad, a las instituciones y, en especial al Gobierno de Navarra”.

Se han mostrado también dispuestas a colaborar en esta tarea, “a aportar lo que esté en nuestra mano, pero también muy atentos para que esa nueva voluntad política se convierta en realidad y que podamos, por fin, empezar un nuevo tiempo sobre pilares de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas”.

Por eso, han anunciado que el próximo viernes 11 acudirán al Parlamento, a la comparecencia en la que el Director General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos dará cuenta de las líneas y objetivos generales que prevé desarrollar.