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La vista oral estaba convocada a las 10:00 en la sala de vistas 102 del Palacio de Justicia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea. Sin embargo, se ha suspendido y se ha retrasado hasta una fecha sin concretar. El Gobierno de Nafarroa ha presentado un nuevo informe sobre los daños y las defensas han solicitado un aplazamiento para estudiarlo.

En declaraciones a NAIZ, la defensa ha detallado que el Gobierno de Nafarroa ha presentado un informe pericial que «recoge gastos referidos a enero y que consisten en cierre de accesos» al edificio, cuando cinco de los acusados fueron indentificados en 2016, fecha en la que se ocupó Marqués de Rozalejo, y el resto en el desalojo de agosto de 2018.

Asimismo, la defensa ha señalado que el Gobierno de Nafarroa «ha tenido tiempo de sobra» para presentar dicho informe y «no es de recibo que lo presenten el mismo día del juicio y que las partes no puedan someterlo a contradicción».

Iba a comenzar con la declaración como testigos de seis agentes de la Policía Foral que participaron en el operativo con motivo del sellado del edificio, por orden del juzgado. A continuación, se iba a proceder al interrogatorio de los investigados y, posteriormente, compareceían como testigos la directora del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra, así como tres técnicos del citado servicio,

La concentración ha reunido alrededor de un centenar de personas desde las 09:00 tras una pancarta en la que se leía ‘Epaiketa guztien gainetik Maravillas herriarentzat’. Durante la protesta se han escuchado gritos como «Maravillas aurrera» y un grupo de personas ataviadas con pelucas, gafas e instrumentos musicales ha amenizado el acto con canciones alusivas.

Momentos antes del aplazamiento del juicio, un miembro del Gaztetxe Maravillas ha declarado ante los medios de comunicación que el Gobierno de Nafarroa «habla de que no ha desalojado, pero ningún informe técnico se realiza a las cuatro de la mañana con semejante presencia policial».

Respecto al juicio, ha señalado que los acusados «tienen mucho apoyo y más teniendo en cuenta las anteriores movilizaciones que se han dado en Alde Zaharra». «Se quedaron dentro en protesta contra un ataque que se estaba dando contra la juventud y un barrio en concreto», ha añadido.

En total son 22 los jóvenes que van a ser juzgados por un presunto delito leve de «usurpación», causa en la que está personada la Hacienda Foral como propietaria del inmueble.