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Necesitamos un cambio cultural profundo, encontrar un discurso que nos permita sentirnos una vez más en una comunidad de hombres y mujeres libres e iguales.

Las aspiraciones emancipatorias de carácter cultural deben confrontar con las prácticas sociales que las niegan y las cercenan. En los territorios Nabarros ocupados por Francia y España cada vez son más los movimientos sociales independentistas que se caracterizan por la práctica de relaciones sociales más igualitarias y solidarias, antagónicas con las prácticas políticas de los conquistadores y en consonancia con el espíritu del derecho pirenaico vasco. El desafío de estos colectivos sociales reside en superar los obstáculos de crear, combinar y desplegar una nueva institucionalidad con la capacidad de disputar hegemonía. Deben tener la vocación de trascender los márgenes del colectivo o movimiento social originario y proponer un destino común a la totalidad de la sociedad de Euskal Herria (Nabarra), porque no hay hegemonía sin consentimiento consensuado o profundo, sino sólo dominación.

En este punto es importante tomar acciones que, desde la identidad y la perspectiva histórica, propendan a la desconquista cultural de la sociedad. Sabido es que España ha desplegado un aparato cultural que tiene como objetivo legitimar la ocupación militar y el genocidio vasco. Este aparato cultural ejerce la violencia institucional, cuenta con todos los recursos públicos (económicos, pero también institucionales, como los programas de estudios y fallos judiciales) y con los medios formadores de opinión hegemónicos.

Sabemos que toda práctica social se legitima a través de un discurso. Las prácticas discriminatorias y violentas policiales y judiciales existen. Y se han mantenido vigentes por la impunidad y porque hay un discurso generalizado que las avala. Aquí la responsabilidad de los partidos políticos es insoslayable.

El caso de nuestros presos políticos es testigo de la violencia institucional: fueron víctimas de la ocupación militar y consecuencia de la aplicación de esas políticas. Uno de los problemas son las “prácticas policiales”, otro son las “prácticas judiciales” que por acción u omisión van creando las condiciones para la violencia policial.

Desde España califican como “proceso de paz” a la represión y tortura de vascos, adjetivan como “violenta” a la sociedad vasca, siendo funcionales a los usos de la prensa sensacionalista y acorde a las paranoias e hipocresías de los gobiernos.

Hoy en el imaginario social y mediático del poder el “sospechoso” es el “independentista”. Desde los medios de comunicación se incentiva la difusión, la fijación de estereotipos y prejuicios que estigmatizan especialmente a los jóvenes. Debemos terminar con los discursos que dicen que más policías, más cárceles y más penas van a resolver los problemas derivados de la ocupación militar de Nabarra. Es fundamental sí volver a poner en agenda la seguridad democrática y la viabilidad de la independencia. Nunca ha sido la solución el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo.

Vemos con preocupación que se ha relajado el control político sobre las fuerzas de seguridad, que se vuelve a viejas recetas de “mano dura” que han fracasado, que se actúa violentamente frente a reclamos sociales. Las prácticas policiales son nefastas, las judiciales perversas.