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Iturria: Naiz.eus

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Nafarroa ha aprobado los primeros doce reconocimientos de víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Los reconocimientos han sido propuestos por la Comisión de Reconocimiento y Reparación y al amparo de la correspondiente Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, norma aprobada por el Parlamento navarro que pretende la reparación de las personas objeto de este tipo de violencia que se tradujo en fallecimientos, personas heridas y daños físicos o psicológicos por acciones violentas, desproporcionadas e ilegítimas en el contexto de la violencia estatal.

Se trata del mismo proceso puesto en marcha en la CAV, pero con algunos años de retraso. Ambos fueron obstaculizados por recursos al Tribunal Constitucional español. En la CAV han sido aceptadas ya como víctimas 362 personas, entre el decreto original de 2012 y la ley posterior de 2017, según explicaba en esta entrevista el viceconsejero José Antonio Rodríguez Ranz. En el camino, cabe recordar que se produjeron cientos de solicitudes fraudulentas por parte de guardias civiles fundamentalmente, buscando obstaculizar el proceso.

En esta primera fase, a la que seguirán nuevos pronunciamientos, se han concluido también 4 solicitudes inadmitidas, según ha indicado el Gobierno en una nota. Hay otras 60 solicitudes en tramitación.

El Gobierno navarro no facilita las identidades de estas personas, aunque algunas de ellas ya van trascendiendo por distintos medios. Una de ellas es Mikel Zabalza, muerto en Intxaurrondo en 1985. Cabe recordar que ya había sido admitido como víctima por el Gobierno de Lakua hace ahora dos años. En aquel caso, el informe señalaba que «la hipótesis de la huida repentina de Mikel Zabalza se convierte en muy improbable, por no decir simplemente increíble». Y frente a ello, «existen fuertes presunciones de que fue detenido y sometido a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pudieron llevar a la muerte».

Y también está Mikel Arregi, concejal de HB en Lakuntza ametrallado por la Guardia Civil en 1979. En el juicio por estos hechos, la Guardia Civil tuvo que reconocer que no había instalado un control en Etxarri Aranatz cuando se produjo el ametrallamiento. Sin embargo, la pena impuesta al agente que disparó fue de apenas dos meses de prisión.

Entre los doce casos figuran tres personas heridas por arma de fuego de distinta consideración en el asalto policial a los Sanfermines de 1978.

Desde 1969 a 1994

A estas víctimas hay que sumar otras cuatro personas que padecieron torturas y otras dos personas que resultaron heridas en sendos atentados reivindicados por grupos de extrema derecha.

Desde una perspectiva de género, dos de las doce víctimas son mujeres. Cronológicamente, estos doce casos se extienden desde los años 1969 hasta 1994 y los hechos se produjeron en territorio navarro, salvo uno de ellos.

Todos ellos han sido valorados por la Comisión de Reconocimiento y Reparación que está compuesta por el director de Memoria y Convivencia, el director del Instituto Navarro de la Memoria, por dos peritos forenses y una psicóloga con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal.

Además, a propuesta del Parlamento navarro, está completada por cuatro personas expertas del ámbito académico y social. Este órgano fue constituido a través de una orden foral de la consejera al amparo de dicha ley.

Más de 1.000 casos de tortura censados

La semana pasada Laura Pego, directora de la investigación del IVAC sobre torturas en Nafarroa, y Jeannette Ruiz, coordinadora de las periciales, presentaron la actualización del informe sobre el periodo 1979-2015. La cifra final queda en 625 personas torturadas en esa época, a los que se han de sumar los del trabajo previo que arrancó en el año 1960. La suma total es de 1.017, si bien las responsables del informe señalaron que no han podido hacer comprobaciones de 80 casos denunciados.

Sin embargo, esta cifra nunca será definitiva. «Estos trabajos nunca mueren del todo. En la CAV, donde empezamos antes, hay personas que siguen tocando a la puerta. Es sencillo de entender y funciona así. Gente que en un momento determinado no se siente capaz de trasladar su denuncia, al cabo de cuatro años sí que encuentra esas fuerzas», aclaró Pego.