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La indignación surgida con motivo del tratamiento judicial que ha recibido el caso de
“la manada” ha sido prácticamente transversal; superando ideologías, posturas
políticas profundamente distanciadas en lo que a otros asuntos se refiere y generando
debate entre sectores habitualmente reticentes a participar e involucrarse activamente
en la esfera sociopolítica. Aunque en casi todas las ciudades en las que se ha
articulado una respuesta ciudadana potente hacia cada noticia relacionada con este
caso han sido los movimientos feministas más organizados quiénes han tomado la
iniciativa, ha sido la diversidad de las miles de mujeres* que han participado en las
diferentes convocatorias lo que ha permitido y garantizado su éxito. La rabia ha sido el
común denominador bajo el cual la ciudadanía se ha aglutinado en torno a
movilizaciones tan potentes como las que vienen protagonizando la lucha feminista en
estos últimos años. 

Sin embargo, y como usualmente ocurre, al margen de las congregaciones masivas en
las calles y los gritos unánimes de rechazo y denuncia, sí cabe poner de relieve la
importante polarización que ha ido gestándose entre sectores que mantienen posturas
diferentes en cuanto al análisis de fondo, el discurso elaborado en torno al mismo y
trasladado al “afuera”, l y la articulación de respuestas y alternativas concretas y su
simbolización. Y, entre ellas, encontramos algunas que están generando una creciente
preocupación entre quiénes entendemos la sociedad heteropatriarcal como el principal
objetivo a desmantelar; esto es, al margen de individuos, contextos y hechos
concretos; voces que distorsionan la lectura feminista y se estancan en el sustrato
mediático de los detalles sensacionalistas y populistas de cada caso. 

En efecto, estamos asistiendo a un repunte social de posturas centradas en ensalzar
ese discurso punitivista que interpreta como triunfos y entiende como motivo de
celebración la obtención de la máxima condena posible medida en años de privación
de libertad para quién o quiénes hubieran cometido cualquier delito – en este caso,
frente a las agresiones machistas –A lo largo de los últimos días hemos visto peticiones
explícitas de penas de prisión casi perpetúas hacia estos sujetos, llamamientos a
linchamientos colectivos, circulación de información concerniente a su esfera más
íntima y personal, tentativas de entrevistas a pie de calle por parte de periodistas de
programas de televisión de la “prensa rosa” acerca de detalles jurídicos del caso,
etcétera. De esta forma, La crítica que desde algunos sectores feministas venimos
realizando sistemáticamente al poder judicial en su conjunto está siendo consciente y
deliberadamente desplazada por otras centradas en la responsabilidad penal y condena
social hacia el agresor concreto. 

La lucha feminista representa irremediablemente la lucha frente al sistema
heteropatriarcal que nos oprime como mujeres*, nos violenta y agrede diariamente y
nos impone su normatividad de género mientras nos invisibiliza, nos relega a la esfera
privada en la que se nos explota y nos somete impunemente a sus dictados. Y el poder
judicial, en tanto pilar básico que no sólo sustenta este sistema sino que también lo
nutre y reproduce, ha de ser uno de los focos prioritarios de atención del feminismo
como movimiento activo propulsor de políticas transversales. 

Es fundamental procurar distanciarnos de ese sentimiento revanchista que a todas nos
invade cuando nos enfrentamos a casos como estos y encuadrar nuestra lucha dentro
de los márgenes de la denuncia hacia todas las estructuras machistas que mantienen y

reproducen el sistema heteropatiarcal. No queremos que sigan celebrándose juicios al
amparo de una normativa procesal que cuestiona permanentemente la palabra de la
mujer* al tiempo que la veja y menosprecia. No queremos ni precisamos endurecer la
normativa penal vigente para lograr encarcelamientos más prolongados dentro de esas
mismas instituciones penitenciarias diseñadas para varones que provocan la doble
discriminación de las mujeres* presas. No queremos que nos sigan juzgando
mayoritariamente hombres jueces, carentes de la más básica formación en género y
que interpretan la legislación conforme a parámetros machistas. No queremos justicia
si por justicia entienden la aplicación estricta de unas normas que amparan la puesta
en libertad de quiénes se sabe autores de múltiples casos de agresión sexual a
diferentes mujeres* sin reparar en la enorme inseguridad que para todas nosotras eso
conlleva. 

El movimiento feminista y los espacios políticos, las instituciones públicas y la sociedad
en general hemos de trabajar unidireccionalmente por la reversión completa de este
sistema, poniendo el acento y los recursos en potenciar una educación feminista
dirigida a reforzar la prevención y evitar tener que recurrir a un sistema meramente
punitivo que no repara a las víctimas ni rehabilita a las personas condenadas. 

Si nos doblegamos a los intereses de los poderes fácticos interesados en colocar el
foco mediático sobre los agresores y sobre los detalles escabrosos y morbosos de cada
caso concreto y permitimos que nuestro mensaje sea utilizado para potenciar su
discurso punitivista, estaremos legitimando y contribuyendo a reproducir los sustratos
patriarcales. No permitamos que utilicen la fuerza feminista y la aprovechen para
reforzar sus estructuras de dominación; necesitamos conservar cada impulso para
sustituir el sistema capitalista, machista y heteronormativo por otro en el que las
mujeres * vivamos libres dentro de toda nuestra diversidad. 

*Utilizo el término “mujer” por economía literaria pero me refiero a todas las que nos
nos reconocemos diversas en nuestros cuerpos, vivencias, e identidades (bolleras,
trans…), etcétera.