Comedores escolares: millones para la concertada, platos vacíos en la pública

Narila Mondragón Ciarra

CGT/LKN Nafarroa

2026-ko azaroak 17

Sr. Gimeno, Consejero de Educación:

En los últimos años me he dirigido a usted en estas páginas para denunciar la precariedad y las ratios del ciclo 0-3 en Navarra. Asunto que sigue sin resolver. Hoy vuelvo a escribirle por otra brecha que golpea de lleno a las familias más vulnerables de la escuela pública: la exclusión en los comedores escolares.

Hace unos días, en la acampada contra el desmantelamiento de Aranzadi en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, conocí a una vecina migrante que lleva años en nuestra ciudad y me pidió ayuda para apuntar al comedor a su hijo, alumno desde hace dos cursos de un colegio público. Al acompañarla hoy al centro, nos encontramos con la preocupación del propio equipo ante el goteo de familias que borran a sus hijos por no poder pagarlo.

La realidad de estas familias choca frontalmente con la rigidez de su Departamento. Hablamos de mujeres migrantes cuyos únicos empleos accesibles suelen ser fregar platos en hostelería precisamente en horario de comidas, con sueldos que apenas rondan los 600 euros mensuales. Hablamos de familias monoparentales o en situación de pobreza donde el alquiler se lleva más de la mitad de los ingresos. Sin comedor escolar, no solo se niega a sus hijos e hijas una alimentación saludable, sino que se dinamita cualquier opción real de conciliación y de mantener un empleo.

Sin embargo, el Gobierno de Navarra condena a estas familias con un requisito arbitrario: dejar fuera de las becas a quien no se apunta desde el primer día de curso. Aunque el Decreto Foral 58/2024 reconoce el comedor como un servicio educativo y de salud nutricional que debe proteger al alumnado desfavorecido, los plazos inflexibles de la Orden Foral 35/2022 castigan a quienes encuentran un empleo precario o sufren un revés económico con el curso ya iniciado. Mientras tanto, la ayuda complementaria del Ayuntamiento de Pamplona no llega ni a los 40 euros mensuales (1,80 euros al día), una cuantía irrisoria frente a un menú que ronda los 7 euros diarios.

Resulta indignante comprobar dónde están sus prioridades presupuestarias. Mientras abandonan a las escuelas públicas sin recursos suficientes para garantizar una jornada digna a su alumnado, vemos cómo publican continuamente partidas para la enseñanza privada-concertada: hace apenas un mes convocaron 550.000 euros para comedor y material en centros concertados, y esta misma semana han aprobado un gasto plurianual de más de 634 millones de euros para blindar sus conciertos educativos.

Exigir plazos cerrados a quien sobrevive al día es una injusticia social que perpetúa la desigualdad. Rectifiquen esta norma discriminatoria e inviertan de una vez en lo público: la conciliación y el derecho a comer sano no pueden depender del mes en que una madre consigue trabajo.

Gehiago