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Recuerdan las asociaciones en defensa del patrimonio coordinadas en la iniciativa Recuperando que el presidente español Pedro Sanchez en su discurso de investidura se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica, un compromiso recogido en el Acuerdo de coalición del PSOE con Unidas Podemos. “Representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo impulsado por colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar. Pero simultáneamente, los contactos opacos entre el Gobierno y la Jerarquía avanzaban en sentido contrario. Se retenía la información sobre los bienes inmatriculados”, denuncian.

Destacan que la difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 “es un éxito sin paliativos” de las organizaciones que se agrupaban en Recuperando, pero subrayan que se trata de un listado parcial (no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998) y no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado.

“El Gobierno de coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía; El Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica”, dicen desde la Plataforma.

Acusan al Gobierno de negociar “en la más absoluta opacidad” con los obispos “la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad”.

Por ello demandan al Gobierno español que declare la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. “A partir de ahí, los obispos podrían inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente. Además, los bienes de especial relevancia cultural, como las catedrales de Pamplona y Tudela, Santa María la Real de Ujué deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la ciudadanía”.

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha convocado la movilización de mañana jueves en Iruñea a las 18.00 ante la capilla de San Fermín, en la calle San Lorenzo, para posteriormente realizar un recorrido por diferentes callses de Alde Zaharra visibilizando algunas de las inmatriculaciones “más emblemáticas”.