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Con esta afirmación breve y
lúcida se resume la encrucijada que vive Venezuela; la defensa del proyecto bolivariano y progresista
frente al proyecto neoliberal de la oposición que pretende enviar al país a las condiciones coloniales y
subalternas a las que se ha pretendido perpetuar a América Latina desde 1492. 

La izquierda revolucionaria de Euskal Herria tiene una responsabilidad política con los proyectos
antiimperialistas, progresistas y revolucionarios que habitan el mundo, tiene el deber de proteger las
periferias que están siendo capaces de desestabilizar la hegemonía, y tiene la tarea de defender las
soberanías nacionales que por no atender a los intereses del capital transnacional, están siendo violadas de
manera sistemática, véase el caso de Irak en el 2003, Libia en el 2011, la actual guerra en Siria y el
presente conflicto en Ucrania que, entre otros, han respondido a la lógica del imperialismo
Norteamericano y su fiel escudero Europeo: promover la desestabilización interna y una subsiguiente
intervención como consecuencia a no responder a los intereses hegemónicos del capital. 

No se puede entender lo que ocurre en Venezuela sin estudiar la relación de golpes de estado,
intervenciones militares y desestabilizaciones internas que llevan asolando América Latina, África y
Oriente Medio desde que, tras la segunda guerra mundial, EEUU decidió imponer su imperio de manera
unilateral. Tampoco se puede hacer un análisis riguroso sin estudiar la concatenación de estados fallidos,
golpes de estado, y gobiernos corruptos y neoliberales que proliferaron en el país tras su independencia
del Reino de España en 1810. Así mismo, es necesario entender la crisis energética mundial que ha
generado un descenso significativo del precio del barril del petróleo (Fuente principal de ingresos del
país) que pasó de 150$ en su mejor momento hasta los 52$ actuales, llegando hasta los terribles 24$ en el
primer trimestre del 2016 y que entre otras razones, está llevando al país a una crisis económica
devastadora. Es decir, la simplicidad y la falta de rigurosidad con la que los medios de comunicación
hegemónicos están tratando la situación de Venezuela, sólo favorecen la construcción de corrientes de
opinión tolerantes con las apuestas neoliberales que hay para este rico y fértil país que ha cometido el
valiente error, de declararse soberano y aintiimperialista en un escenario donde las normas las ponen los
grandes lobbys financiaros. 

El presidente Nicolás Maduro tomó posesión de su cargo en abril del 2013, tras unas elecciones urgentes
motivadas por el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, elecciones que apenas se ganaron con un
margen del 2% sobre la corriente opositora. Desde ese momento, el nivel de agresión a la legitimidad del
gobierno ha sido una constante. La oposición aprovechó el exiguo margen de victoria del PSUV para
agitar la calle, llamar a un golpe de estado, organizar y financiar las guarimbas y convocar
manifestaciones de alto contenido confrontativo y violento en las que más de 43 personas llegaron a
morir. Hernesto Capriles y Leopoldo López, mártires de la oposición, aclamados y defendidos por todas
las democracias burguesas del mundo, están directamente relacionados con el golpe de estado del 2002,
posteriores intentonas golpistas auspiciadas por EEUU, el Estado Español y Colombia y la estructuración
de organizaciones de explícito carácter fascista que están proliferando en Venezuela y están actuando
como fuerzas de choque de la burguesía y oligarquías nacionales. 

En estos cuatro años de legislatura, la tendencia política de la MUD (coalición amplia de partidos de la
oposición que recoge desde partidos socialdemócratas hasta organizaciones de marcado pelaje fascista) ha
sido confrontar, rechazar y deslegitimar las propuestas del gobierno. Ni siquiera en las elecciones de
diciembre del 2015 donde consiguieron mayoría en la Asamblea Nacional y tenían garantías
constitucionales para convocar un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro y llamar a
nuevas elecciones, consiguieron llegar a un acuerdo que les permitiera avanzar políticamente y acabar con
el PSUV. Es decir, la constitución venezolana y la correlación de fuerzas dieron la oportunidad a la
oposición de organizarse y acabar con la legislatura del presidente Nicolás Maduro, pero sus propias
contradicciones internas les hicieron perder la oportunidad de consolidar su hegemonía y acabaron
optando por la confrontación violenta en la calle y el desarrollo de prácticas golpistas. 

Este bloqueo al diálogo por parte de la oposición, al puro estilo chileno anterior al golpe de estado del
1973, sumada a la crisis económica que asola el país, han generado un contexto de profunda

desestabilización que en los últimos 4 meses se ha acabado expresando en violencia y enfrentamientos en
las calles, paros y corte de carreteras por parte de la oposición. 

Estas intentonas movilizadoras no responden a intereses democráticos, sino que están vinculadas a
políticas desestabilizadoras que quieren acabar con Nicolás Maduro a sangre y plomo. ¿Qué pasa en la
calle, entonces? En primer lugar, las fuerzas de choque violento, que actúan a través de las guarimbas, no
están compuestas por militantes de los partidos de la MUD, ni estudiantes o jóvenes indignados, sino
malandros a sueldo, delincuentes y mercenarios que cobran por quemar caucho en las carreteras y quemar
vivos a simpatizantes del chavismo, lo que recuerda ligeramente a la composición social de los ‘rebeldes
sirios’. En segundo lugar, recurren al foquismo. Las guarimbas y cortes de carreteras son espectáculos
performativos que tienen lugar en zonas periféricas y en su mayoría de población opositora, donde se
concentran las principales agencias de comunicación porque saben que el relato de lo que dicen que pasa ,
impacta más en el país que lo que realmente pasa. Por eso, el centro de Caracas sigue su curso normal de
vida, pero los barrios del Este, donde viven ricos y opositores, son las zonas donde se presencia mayor
confrontación con la policía. Se quiere lograr un relato que cambie la correlación de fuerzas. Los medios
de comunicación del estado español hablan de guerra civil en las calles de Caracas, mientras que la
realidad demuestra que el pueblo organizado y simpatizante del Proceso Bolivariano llamó al voto
pacífico a la Asamblea Nacional Constituyente, mientras la oposición, a través de sus afrentas, se ha
cobrado alrededor de 150 víctimas, la mayor parte de ellas, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana,
que es sistemáticamente atacada con explosivos y armas de fuego.

Todas estas formas de organización de la oposición son técnicas golpistas estudiadas y fomentadas por
Estados Unidos y teorizadas por Gene Sharp en su manual golpista De la dictadura a la democracia, que
ya han sido activadas en otros países, permitiendo desgastar gobiernos que no interesan a través de la
desestabilización interna y que en última instancia llegan a justificar una intervención. 

A la oposición no le sale rentable la batalla dialéctica en la asamblea nacional, tiene el apoyo de agencias
mediáticas internacionales y las oligarquías extranjeras para crear una crisis violenta y desestabilizadora
en el país que justifique medidas internacionales como las que quiere imponer EEUU a través de las
sanciones. A la oposición no le hace falta jugar limpio porque su juego sucio y parafascista es blanqueado
y justificado por los medios de comunicación hegemónicos. Insisto en la idea de que ”lo que dicen que
pasa tiene más potencial movilizador que lo que realmente pasa”, es por ello, que la responsabilidad de
medios estatales como El País, La Razón, el ABC o El Correo en la crisis violenta que está sufriendo
Venezuela es absolutamente explícita y directa. 

Sin embargo, dentro de estas variables que pretenden explicar lo que ocurre en Venezuela, también
tenemos que situar la crisis económica. La economía venezolana es muy frágil en tanto dependiente de la
renta del petróleo, con la bajada del precio del mismo a límites casi históricos han dejado de entrar
divisas al país que están condicionando el volumen de las importaciones, esto sumado a la gestión
acaparadora y especulativa de la burguesía rentista está generando un aumento de los precios y el control
interesado de los productos de primera necesidad. Aún así, no ha dejado de haber una profundización en
las políticas progresistas y populares por las que apuesta el proceso bolivariano, como las misiones
sociales, ejemplo de ello, son las 1.700.000 viviendas entregadas o la reciente subida del salario mínimo.
Es más, tras la agudización de la crisis económica el estado ha garantizado la distribución subsidiada de
comida a través de los CLAP (comités locales de abastecimiento y producción) y se han activado
diferentes medidas de protección y seguimiento de las necesidades del pueblo, como el carnet de la Patria
que es una cédula de identificación dónde se censan las necesidades y perfiles de los y las ciudadanas para
facilitar el seguimiento y la cobertura de las demandas puntuales y potencialmente cronificables de la
población, estas medidas se añaden a la prácticamente gratuidad de los servicios básicos como la luz, el
agua, el gas o, incluso, el alquiler. Bendita dictadura que garantiza aún en un contexto de guerra
económica y mediática las necesidades más básicas de su población. 

Dado este escenario de guerra económica, cerco mediático, y una oposición beligerante y golpista,
Nicolás Maduro, apelando a los artículos 347 y 348 de la Constitución de 1999, el 1 de mayo de este año
decide convocar la Asamblea Nacional Constituyente, que es una fórmula constitucional que sitúa al
pueblo como el depositario legítimo del poder constituyente originario. Esta medida viene dada por la
situación de desacato en la que se encontraba la Asamblea Nacional por no haber aceptado la sentencia

del Tribunal Superior de Justicia al considerar fraudulenta la elección de los 3 diputados del Amazonas
que reclamaba la bancada opositora, este desacato, insisto, es fruto del boicot opositor y tiene
consecuencias legales previamente advertidas, impide a la Asamblea Nacional tomar decisión alguna a no
ser que cumpla con las exigencias del TSJ y rechace la cooptación de los diputados del Amazonas. Dentro
del contexto de desacato se produce una escalada de violencia que Nicolás Maduro decide resolver
llamando a la Asamblea Nacional Constituyente, que más allá de una fórmula para reformar la
constitución para garantizar las misiones, consejos comunales y dinamizar proyectos de Ley relativos al
desarrollo de la soberanía económica del país entre otros objetivos que alcanzan 9 puntos estratégicos, es
una fórmula para garantizar una coyuntura de paz y diálogo que permita oxigenar la situación del país. En
conversaciones con Julio Borges, líder de la MUD, se propone a la oposición participar presentando a sus
propios constituyentistas. La oposición no sólo rechaza esta medida sino que intenta boicotear el proceso
de votación, dificultando el acceso a los colegios electorales, amenazando a las personas votantes, y
creando conflictos violentos en las zonas electorales próximas, apenas hubo detenciones a pesar de lo que
supone para una democracia vulnerar los derechos electorales de las personas, el estado procuró centros
electorales de contingencia donde la gente podía desplazarse para protegerse de la guarimba. Los medios
de comunicación burgueses no estaban presentes en el Poliedro, donde acudían decenas de miles de
votantes, ni en las escuelas del 23 de Enero, ni siquiera en el centro de Caracas donde la gente paseaba
tranquila como un domingo electoral cualquiera en cualquier país del mundo, tampoco estaban en la plaza
Bolívar escuchando el cierre de jornada por Nicolás Maduro. Las cámaras de la CNN y demás prensa
burguesa estaban en los puntos donde actuaba la guarimba, ¿Casualidad? Lo dudamos. ¿Manipulación de
la opinión publica? Rotundamente.

Finalmente, los resultados dan una participación de 8.089.320 personas, sin contar los votos indígenas ya
que tienen votaciones que responden a sus especificidades culturales y se realizan otro día. Este resultado,
legitima y fortalece el proceso bolivariano por primera vez desde las elecciones del 2012. El juego sucio
de la oposición y la lucha por la conservación de los derechos y conquistas del proceso a pesar de las
dificultades económicas han afirmado con rotundidad que ‘Antes comer ñoña que votar a un capitalista’. 

Desde el pasado del 30 de julio, a pesar de la opinión internacional y de los esfuerzos de la oposición por
deslegitimar este proceso electoral y la práctica del Consejo Nacional Electoral (que en el 2015, cuando
les dio la mayoría en la AN, parecía impecable), lo que se respira en la calle es otra oportunidad para que
los 18 años de proceso bolivariano sigan suponiendo una ventana revolucionaria y antiimperialista , no
sólo para el pueblo venezolano, sino los pueblos del mundo que quieren revertir las relaciones de poder
hegemónicas que favorecen al imperialismo. Maduro tendrá que saber aprovechar de forma inteligente la
legitimidad que le ha dado el pueblo para seguir avanzando, con los que supone la injerencia imperialista
y la ofensiva de la burguesía nacional e internacional que quiere destruir este hermoso y revolucionario
país por todos los medios, pero ha quedado demostrado que en este país, la única dictadura, la ejerce el
pueblo libre y soberano.