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A estas alturas nadie niega que, por parte de las administraciones, en todos sus estratos; desde Europa, el Estado español y Navarra, la inquietud que genera el “reto demográfico” es patente, sin embargo, a mi entender, la forma de abordarlo es manifiestamente mejorable.

Hace aproximadamente un año se presentaron los estudios que impulsó la Consejería Cohesión Territorial de Navarra, a través de su Dirección General de administración local y despoblación. En dichos estudios de las distintas zonas de Navarra se identificaban los pueblos que estaban en riesgo y en riesgo severo de despoblación.

De los 271 municipios que hay en Navarra, 122 tienen una densidad de población inferior a 16 habitantes por kilómetro cuadrado, 32 de ellos están en riesgo de despoblación y 90 están en riesgo severo de despoblación, con una densidad de población inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, el nivel de poblamiento de un territorio que en sociología de la población y rural se considera propio de un ‘desierto demográfico’.

Otro dato a tener en cuenta importante es que de esos 271 municipios que hay en Navarra 160 tienen menos de 600 habitantes censados. Aunque todos sabemos que una cosa es el censo y otra la gente que vive en el pueblo (Datos del Instituto de Estadística de Navarra).

Dudo razonablemente de que todas aquellas personas que participaron con buena intención en dicha jornada viva en alguno de estos municipios. Por eso dudo también que sepan de que hablo cuando ves que en tu pueblo cierran una peluquería o el estanco y no se vuelve a abrir, cierra el herrero y nadie sigue el negocio, cierran dos industrias agroalimentarias familiares y no se vuelven a abrir, cierra un comercio y no se vuelve a abrir, los horarios de atención del Ayuntamiento y de las Cajas que trabajan en el pueblo se reducen, los horarios y frecuencia de los transportes públicos se reducen, se salva la calidad de la enseñanza en el colegio del pueblo gracias a la población inmigrante o para colmo, justo antes de la pandemia, se reduce un tercio el horario en los consultorios de atención primaria.

El proceso continuado y selectivo de despoblación (sobre todo, de jóvenes y adultos) ha generado una estructura de edad envejecida en el territorio rural, alejado de las urbes y segregado de las redes económicas de la globalización capitalista. En un contexto demográfico general de avance del proceso de envejecimiento, se manifiesta una clara relación inversa entre el tamaño demográfico de los municipios y la edad media de la población (EMP). Esto es, cuanto menor es el tamaño, mayor resulta la EMP de ambos sexos. En síntesis, la estructura de edad de la población rural, más que envejecida, está sobreenvejecida.

Algunos de nuestros municipios rurales en Navarra han continuado sufriendo un proceso crónico de despoblación y abandono durante las dos décadas transcurridas del siglo xxi, que es estructural y parece irreversible, el cual ha alcanzado en muchos de ellos un grado de gravedad propio de un ‘desierto demográfico’, que debilita y amenaza la supervivencia misma de las comunidades locales más afectadas. Así pues, no estamos hablando de que estos pueblos tengan un problema de despoblación, sino que simplemente es un problema de supervivencia.

La crisis demográfica contribuye a la crisis de la economía local, y el entrelazamiento de ambas promueve la crisis institucional y social en el territorio rural.

Las relaciones negativas de retroalimentación o feed-back (causa efecto) entre estas crisis conforman una crisis estructural de ‘círculo vicioso’ que impulsa la creciente desinversión y posterior cierre de explotaciones agrarias, de empresas y negocios por falta de ‘masa crítica’ (relevo generacional, mano de obra, consumidores), así como la pérdida del capital invertido y el abandono de instalaciones y medios de producción.

A la par, se produce una concentración de la mermada población activa joven y adulta con hijos en los municipios rurales que son centros comarcales, en los cuales se centralizan los servicios colectivos básicos (centro de salud de especialidades y urgencias, farmacias, centros de educación obligatoria, oficinas agrarias autonómicas, oficinas bancarias, gestorías, comercios, talleres de reparación, restauración y ocio, etc.), exacerbando la crisis demográfica en los municipios de su área de influencia. Por lo demás, la mayoría del personal técnico y cualificado ocupado
en los servicios colectivos públicos y privados no suelen residir en los municipios rurales en los que trabajan diariamente, pues prefieren alojarse con sus familias en Pamplona o, si está muy distante, en el municipio que actúa como cabecera comarcal en su zona de trabajo.

El encadenamiento de las crisis demográfica y económica siembra una crisis institucional que se manifiesta en el abandono y deterioro de infraestructuras públicas y el cierre de equipamientos colectivos, tanto públicos como privados, necesarios para la vida cotidiana de sus habitantes. Otro tanto sucede con el patrimonio residencial e histórico-arquitectónico, con la pérdida del rico y heterogéneo patrimonio etnográfico del mundo rural, junto con la creciente desestructuración y debilitamiento de su tejido sociocultural. En resumen, vuelta de tuerca tras vuelta de tuerca, la concatenación y retroalimentación de las crisis demográfica, económica, institucional y social se va imponiendo como un escenario de crisis estructural irreversible, que conlleva necesariamente la desertización humana del territorio rural afectado.

Soy consciente de que no hay soluciones que, a modo de panaceas, puedan modificar sustancialmente el escenario rural de crisis demográfica y estructural que he descrito anteriormente. Pero tampoco nuestros pueblos y municipios rurales han de ser abocados y abandonados, como si fuese su destino inexorable, a la despoblación continuada y al vaciamiento total, como si todos ellos tuviesen que repetir maquinalmente la historia de Ainielle, la localidad oscense deshabitada recreada por Julio Llamazares en su novela “La lluvia amarilla” (1988).

Existen alternativas posibles que sí pueden desencadenar cambios socioeconómicos positivos de cierta magnitud, mediante las cuales se implementen nuevas tendencias y procesos de renovación, recualificación, reequilibrio y cohesión socioterritorial,. Las políticas alternativas pasan, necesariamente, por promover un ecodesarrollo endógeno e integral que supere los artificiales divorcios y contradicciones entre ecología, economía y sociedad. Las propuestas deben ir encaminadas a establecer una discriminación positiva en estos pueblos que están identificados para abordar los desequilibrios pendientes en cuanto a la digitalización, infraestructuras, vivienda, apoyo a; Ayuntamientos, emprendimiento, al sector primario, medidas fiscales con bonificaciones y exenciones y un larguísimo etcétera.

Algunas de las iniciativas por parte del Gobierno de Navarra con respecto a la despoblación están bien encaminadas, pero no todas. En octubre del 2020 se adjudicaron 5 millones de euros a 265 municipios navarros de menos de 10000 habitantes, con el objeto de financiar actuaciones frente a la despoblación. No nos hagamos trampas al solitario. Algún municipio de 2000 o 3000 habitantes puede tener algún problemilla de despoblación, sin embargo, aquí estamos hablando de supervivencia. Los pueblos que están en riesgo severo y riesgo de despoblación tienen nombre y apellidos y están totalmente identificados por los estudios del Gobierno de Navarra. El Plan Reactivar Navarra, con el reparto de fondos europeos, va a diseñar la sociedad navarra para los próximos 25 años. No deberíamos estar dispuestos a dejar pasar una vez más el tren que favorezca, no a nuestros pueblos, sino la cohesión y el equilibrio territorial de nuestra tierra. No puede haber ciudadanos de primera o segunda según dónde vivan. Para acabar también soy de la opinión que mediante la unión de las gentes de estos pueblos y la alianza con el resto de la población de Navarra se abordará este problema con garantías. Para proponer hay que participar y para participar hay implicarse.