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La historia de la que hablamos es la de esta legislatura y puede resumirse en un concepto: cortijo. O quizá debiéramos decir en una acción; el intento de UPN y Na+ por volver a convertir Iruñea en su cortijo. Un latifundio en el que el alcalde ejerza de terrateniente déspota, en el que no se escuche a los braceros (infraseres fuera de la “normalidad”), y en el que la Justicia Social sea un principio depauperado y sustituido por la caridad, la limosna o las concesiones que sólo al “Señor” corresponde dar. Eso, mientras se confunde lo público y lo privado en el uso de las arcas públicas.

Sin embargo, no se dan cuenta en la derecha de que la gente de Iruñea ya pasó página del Antiguo Régimen, ya estamos hartas de que nos mangoneen, ya somos mayores de edad y no toleramos prácticas de mangantes. Esta derecha anclada en el XX, en los tiempos del Barcinato y el Sanzismo, tiene un problema de miopía que le hace gobernar de espaldas a la mayoría, obviando a las 160.000 personas que no les votaron, azuzando el enfrentamiento para perpetuar sus privilegios y actuando como si estuvieran investidos por la mano del Dios que les predestinó a gobernar (¿quizá pastorear?) a la “gente normal”. Una miopía que desemboca en soberbia y les lleva a repetir los mismos errores.

El primer capítulo de esta historia se dio en julio de 2019 cuando, apenas 15 días después de su toma de posesión, el alcalde se subía el sueldo. Durante la anterior legislatura, ese sueldo, tras una rebaja del 17%, estaba fijado en 62.071 euros. Lo primero que hizo Maya fue subírselo de nuevo un 9,3% para cobrar 67.883 euros más los complementos que tiene como funcionario en excedencia. ¿La cifra final? rondará los 80.000 euros.

El segundo hito lo fechamos en octubre de ese mismo año: las dietas en Comiruña. 361,5 euros por sesión para cinco cargos de libre designación nombrados a dedo por el alcalde, entre quienes están, su jefe de Gabinete, la directora de Comercio o el omnipresente Jefe de los Servicios Jurídicos. En total, 1.800 euros de más por sesión que debían pagar los y las pamplonesas, pese a que las reuniones se celebran en el mismo horario laboral por el que estos cinco cargos ya cobran del Ayuntamiento. Eso se llama sobresueldo.

En mayo de 2020 conocíamos el tercero de esta lista de momentos definitorios. Entonces el equipo de Maya concedió a la hija de Fernando Villanueva, hoy concejal especial de Sanidad, una partida directa para gastos de producción del festival Reclassics, que dirigía ella misma. 40.000 euros que salieron de los bolsillos de la ciudadanía y que se concedieron sin concurrencia pública.

En noviembre de ese año, el equipo de UPN y Na+ anunció el nombramiento de la coordinadora de Coworkids. Acababa así con los equipos Preventivos. Fue el cuarto capítulo de esta historia, Un cargo de libre designación, con 45.000 euros de sueldo, para una persona afín, sin preparación técnica ni experiencia previa en gestión de Infancia. Una contratación que fue declarada ilegal 11 meses después.

El quinto acto de esta tragedia lo fechamos en junio de 2021, EH Bildu pidió la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, tras desvelar que retiró su vehículo del depósito de la grúa sin abonar la tasa ni la multa correspondiente. Como documento clave para justificarse, Labairu esgrimía un informe escrito a mano, sin fecha, sin posibilidad de verificar y firmado con el número profesional de un agente no destinado al servicio de grúas y conocido suyo.

Dos meses más tarde, en agosto de 2021, se publicaban las pruebas de que Amaya Otamendi, exconcejala de UPN en Iruñea, fue quien solicitó la celebración del gran premio de hípica, algo que Na+ había negado. Es el sexto hito a contar. El Ayuntamiento pagó 35.000€ de patrocinio, pero en realidad, ha pagado mucho más: los y las pamplonesas sufragamos sin saberlo la limpieza de los fosos (que tardó cinco meses) o el agua para limpiar los caballos (un dispendio equivalente a lo que una población como Lizarra bebe durante un mes).

Vamos llegando al final. Acto séptimo. En marzo de este mismo año, EH Bildu desvelaba la existencia de tres contratos a dedo con el despacho del hermano de María Caballero. Estos contratos, fechados entre febrero de 2020 y octubre de 2021, suman más de 11.000 euros y para ninguno de ellos se pidieron otras ofertas. Es más, entre la documentación del expediente se puede leer un único argumento que respalda la concesión: las preferencias profesionales del omnipotente Jefe de los servicios Jurídicos.

Y llega el epílogo. El 29 de abril, de nuevo de la mano de EH Bildu, la ciudadanía conocía que UPN y Na+ habían usado recursos municipales (de nuevo el Jefe de los Servicios jurídicos, figura teóricamente sujeta a la exigencia de imparcialidad, independencia), para hacer trabajos para el partido en horario laboral (30 horas) y cobrando de los Presupuestos Municipales. El encargo lo realizó, presumiblemente, el concejal de Urbanismo, Juan José Echeverría, aunque con el beneplácito de Maya.

Todos estos casos no nos los inventamos, desgraciadamente se pueden consultar y contrastar en las hemerotecas, e ilustran perfectamente un relato carente de virtudes éticas y políticas que la derecha ha querido minimizar gracias a la desactivación social que durante dos años les brindó la pandemia. Pero ha llegado la hora de despertar y de ponerle coto. Ha llegado la hora de retomar los acuerdos entre diferentes para implicarnos, todas y todos, en acabar con los espacios de opacidad que son el caldo de cultivo de la corrupción y de la impunidad. Los tres grupos de la oposición lo acabamos de hacer. Estamos convencidas de que sólo la exigencia radical de transparencia puede atajar esa amenaza. De ahí la necesidad y la urgencia de dotar a este Ayuntamiento de herramientas eficaces en esta lucha como son las comisiones de investigación. Es, aunque le pese a Maya, un primer paso en la buena dirección, pero no debe ser el último porque lo importante de esta historia, como en casi todas, no es como empieza, sino como acaba.