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EL TAN anula la partida presupuestaria y zanja de este modo el polémico proyecto de video vigilancia que el Ayuntamiento de Zizur había planeado para aumentar el control social en la localidad.
 
La sentencia dice textualmente que el Ayuntamiento de Zizur Mayor “aduce la existencia de un proyecto ya elaborado por una empresa de ingeniería para implantar este sistema, pero no acredita ni alega ninguna norma reglamentaria o acto administrativo que impida implantarlo con posterioridad al fin del ejercicio presupuestario de 2021. Y tampoco acredita que su implantación posterior al fin de dicho ejercicio conlleve unos perjuicios concretos, ciertos y cuantificables”.  El fallo del TAN también indica que “los propios informes municipales reconocen que finalmente dicho gasto no se realizó (ni tampoco se inició su tramitación dentro de ejercicio de 2021), porque el 1 de diciembre de 2021 se presentó una solicitud de celebración de consulta ciudadana relativa a la instalación de un sistema de cámaras de video-vigilancia. De donde cabe deducir que, al finalizar ese ejercicio de 2021, la decisión final sobre esta cuestión seguía aún pendiente”. Por ello, estima los recursos presentados y anula la partida presupuestaria para la adquisición y colocación de las cámaras de video-vigilancia.

Bizi Zizur ha remitido un comunicado en el que expresa su satisfacción con esta resolución “que da la razón al colectivo popular justamente en los mismos términos que el TAN ha apuntado en su sentencia: no hay ni necesidad, ni urgencia para la implantación de un sistema de vídeo-vigilancia en nuestro pueblo”. Considera que han quedado patentes “las malas prácticas de un Ayuntamiento que ha querido llevar adelante un proyecto sin ningún sentido, y sin seguir los caminos adecuados, ni en lo ciudadano, ni en lo administrativo, ni en lo legal”, lo cual les hace desconfiar de la “buena fe” con la que se retiró el plan de vídeo vigilancia en febrero pasado. “Desde este colectivo no se ha percibido ningún cambio en los procedimientos de actuación del Ayuntamiento, que siguen careciendo de la transparencia y de la participación ciudadanas que este colectivo intenta promover y fomentar”, indican en la nota. Piden por ello que el Ayuntamiento de Zizur comunique públicamente la cantidad de dinero y las horas de trabajo de técnicas/os municipales y externas/os invertidos en este proyecto e insisten en la necesidad de “una ciudadania informada y activa” para paliar “los abusos de autoridad y las malas prácticas de las instituciones”.

Tras el anuncio de que el Ayuntamiento de Zizur planteaba colocar más de 60 nuevas cámaras de video-vigilancia en la localidad, la plataforma Bizi Zizur impulsó una campaña para pedir un debate social sobre este tipo de medidas de control social, reuniendo más de 2.000 firmas en favor de un referéndum. Visto este clima de oposición, Geroa Bai, que contaba con el apoyo del PSN y de Navarra Suma para la instalación de las cámaras, se echó atrás y anunció que no las colocaría.