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La protesta en el aereopuerto de Sevilla ha consistido en la presentación de quejas ante Iberia y Vueling por las “deportaciones en caliente” que estas aereolineas realizan colaborando con las autoridades españolas. “Lo que nos sobra en Europa es la vulneración de los Derechos Humanos y las fronteras”, han denunciado las personas que han participado en la protesta. 

Ayer once personas fueron detenidas y denunciadas en el aeropuerto de El Prat de Barcelona por denunciar la deportación de un migrante senegalés en el vuelo a Dakar de la compañía Vueling. Además, tanto Vueling como Iberia han sancionado a lxs viajerxs que se habían solidarizado con él tratando de impedir el despegue con amenazas de prohibición de volar en sus compañías.

La Caravana ha querido también con esta acción denunciar “el negocio que suponen las deportaciones”. Según esta iniciativa, son 12 millones de euros lo que cuesta al año el llamado “servicio de deportaciones” del Estado español, que se paga a empresas como Barceló, Air Nostrum, Iberia, Air Europa y Swiftair. “La mayoría de las deportaciones son express, en menos de 72 horas, sin posibilidad de defenderse”, dicen. Las deportaciones en el año 2016 superaron las 10.000, una cifra superior a la de la llegada de migrantes. “La vulneración de los derechos humanos es sistemática, llegando hasta el asesinato, como ocurrió en el 2007 con Osamuyia Aikpitanhi, nigeriano de 23 años que murió asfixiado. Los policías implicados en la muerte sólo fueron sancionados con menos de 1.000 euros”, indican desde Caravana a la Frontera Sur.

Los vuelos de la deportación

La mayoría de los vuelos de deportación se hacen en macrovuelos en los que sólo se deporta a migrantes para evitar la resistencia y la solidaridad de la ciudadanía. Estos vuelos suelen estar compuestos por una mayoría de personal de las fuerzas de seguridad del estado, lo que genera un escenario de mayor indefensión frente a los abusos policiales, sin testimonios ciudadanos.

Caravana a la Frontera Sur denuncia que las deportaciones “no son más que el último eslabón en la cadena de racismo institucional: redadas, CIE y finalmente estas deportaciones, de personas que pueden llevar más de 10 o 15 años en el Estado”. Estas deportaciones suponen “una amenaza constante e intencionada a la población migrante” para “infundir el miedo e impedir que se organice, defienda sus derechos y denuncie los atropellos y abusos”. Así mismo denuncian “la criminalización de las acciones de solidaridad” de la ciudadanía como lo sucedido ayer en el aeropuerto de El Prat.

Anuncian que la próxima deportación masiva será el próximo 24 de julio a Guinea Conakry, deportación que ha sido denunciada con la huelga de hambre de más de 50 personas en el CIE de Barcelona.