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A lo largo de las últimas tres semanas SOS Racismo ha tenido constancia y ha documentado varios casos de desprotección a familias con menores a cargo que, tras una renuncia al Programa de Acogida gestionado en este caso por Cruz Roja, han quedado fuera del sistema de protección social, no solo del propio programa, sino de los recursos públicos garantizados como derecho subjetivo en la Cartera de derechos Sociales de Navarra, imponiéndoles en la práctica un veto de 6 meses a todo tipo de ayuda social.

Se trata al menos 3 familias solicitantes de asilo, en cuyos procesos de acogida y posterior desamparo, SOS Racismo ha detectado algunas vulneraciones de derechos, que ya ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo y de las Administraciones competentes (Departamento de Derechos Sociales y Ayuntamiento de Iruñea), a las que han pedido una reunión urgente.

SOS Racismo cita que se ha vulnerado la normativa vigente en materia de Protección Internacional. Las personas acogidas al Programa de Acogida, una vez que fueron admitidas, fueron alojadas en hostales a la espera de un posible traslado a otra comunidad, y este hecho se comunica a la familia con una antelación de 48 horas. “Queremos destacar que en ninguno de los casos ha habido una negación al traslado en sí, sino a las condiciones en las que se realiza: no asegurando la continuidad de procesos comenzados en Navarra, no respetando los periodos de escolarización: hablamos de menores a los que a pocos días de finalizar su curso, el traslado les iba a suponer tener que repetir o no poder acceder a cursos en los que ya estaban matriculados, condiciones médicas (físicas y psicológicas). Las familias manifiestan haberse sentido chantajeadas, manipuladas y presionadas para aceptar traslados o renuncias voluntarias”, subraya SOS Racismo.

Las familias afectadas han salido del Programa de Acogida, constando como una renuncia voluntaria. SOS Racismo denuncia que tras su salida estas familias se han encontrado “con un veto por parte del Sistema de Protección Social de Navarra, a través de un mensaje claro por parte de diversas Unidades de Barrio, Servicio Social de Base y Área de Alta Exclusión del Ayuntamiento de Pamplona que de manera tajante les han transmitido que no hay nada que puedan poner a su servicio y que quedan fuera del sistema durante al menos 6 meses, sin proporcionarles esta denegación por escrito ni ofrecer alternativa alguna”.  SOS lamenta que  Departamento de Derechos Sociales no haya puesto a disposición “ningún recurso, ni explicación o propuestas de atención, así mismo queremos señalar el papel que han tenido otras entidades y Departamento a la hora de buscar soluciones de urgencia y alternativas que obviamente son parches temporales, pero que han aliviado momentáneamente la desesperación de encontrarse en la calle con menores”.

SOS señala al Departamento de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra “como responsable último de la situación en la que se encuentran estas familias y a las Administraciones locales como responsables de la puesta en marcha de los mecanismos de discriminación y exclusión del sistema de Protección Social”. 

El colectivo antirracista denuncia también que el Sistema de Acogida a Solicitantes de Protección Internacional  “sigue anclado en una lógica discriminatoria y revictimizadora, donde son las personas las que se tienen que adaptar a unas normas previamente fijadas desde arriba, y que en la práctica arrebatan la dignidad y la agencia de las personas que se acojan a él, convirtiéndose en ocasiones en una trampa social”, y se reafirma en la exigencia de “una igualdad de derechos efectiva y real”.

Por todo ello reclaman tanto al Gobierno estatal, como al de Navarra y a los distintos ayuntamientos implicados que las familias puedan acceder y permanecer hasta que su situación socioeconómica se resuelva en un programa o dispositivo de acogida y que se investigue y se supervise el funcionamiento del Programa de Acogida y el acceso al sistema de Protección Social. También todo lo relativo al acceso a los recursos habitacionales públicos, destacando el caso de una familia a la que les ha sido denegado el acceso teniendo a cargo un menor de 8 meses.