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Más de 50 feministas y activistas en favor de los derechos de las personas LGTBI+ han firmado un manifiesto con el objetivo de resignificar, complementar, quitar o trasladar el monumento a la familia ubicado en la avenida Pío XII en Pamplona.
Según las personas firmantes de la iniciativa, “el monumento a la familia se instaló para intervenir en el debate sobre la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo que se acababa de aprobar en Navarra, tal y como los promotores de esta escultura subrayaron en el Congreso de la Familia, celebrado en 2002”.
Entre las personas firmantes se encuentran la histórica abogada Cristina Almeida, activistas por los derechos del colectivo LGTBI+ como el ex defensor del pueblo de Euskadi Iñigo Lamarca, Iris Domínguez presidenta de la asociación Katalingorri o el artista Abel Azcona, el director del Planetario de Pamplona Javier Armentia, el ex consejero de Justicia del Gobierno de Navarra Eduardo Santos, mujeres vinculadas a IPES y al movimiento feminista o escritores, periodistas y cargos públicos de Bildu y de Contigo Navarra.
El manifiesto, que se ha hecho público hoy, subraya que “ese monumento fue una forma de tomar partido contra los derechos de la comunidad LGTBI+, ubica a la mujer en una posición secundaria y transmite una imagen de la familia tradicional como si esta fuera la única válida”.
Ese monumento, continúa el manifiesto, es la huella de una época pasada en la que un gobierno municipal creyó conveniente instalar una escultura que va contra buena parte de la ciudad. Fue un monumento-activista, por eso no caben interpretaciones de la escultura, porque los propios impulsores ya esclarecieron las razones principales del monumento.
Tal y como se destaca en el documento firmado, “el debate no se basa, obviamente, en la libertad de expresión que alguien tiene a la hora de expresar esas ideas, sino en el rol que una institución pública debe jugar en la igualdad. No se trata de impugnar todas las canciones, películas o vídeos anteriores a la ola feminista e igualitaria, sino de revisar los valores que se transmiten en el espacio urbano, cuya responsabilidad corresponde a las instituciones públicas”.
Según las personas que impulsan el manifiesto, este monumento podría contravenir la Ley Foral de Igualdad, la Ley Foral para la igualdad social de las personas LGTBI+ y la propia Ordenanza de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, que determina que “se evitará y prevendrá los prejuicios, prácticas y utilización de expresiones verbales, imágenes fundadas sobre la idea de la superioridad o de la inferioridad de uno u otro sexo, o sobre los roles femeninos o masculinos estereotipados”. Es decir, que la escultura podría contravenir las normas que afectan a la igualdad.
Por último, las personas firmantes del manifiesto proponen abrir un proceso para resignificar, cambiar, complementar, eliminar o trasladar el monumento a la familia. A su juicio, la ciudad y sus expresiones tienen que lograr respetar la igualdad e integrar las diferentes formas de convivencia, sin actitudes excluyentes ni mucho menos que nieguen derechos a una buena parte de la ciudadanía. El monumento a la familia, concluyen, es la homofobia y la desigualdad llevada a una escultura.