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Según datos oficiales, son 364 las víctimas del Estado con resultado de muerte, perpetradas por sus diferentes expresiones (GAL, BVE, Triple A, diversas policías, tortura, etc). De ellas, el 38% son casos sin resolver o sin esclarecer.

Esta es hoy en día una de las expresiones más flagrantes de la discriminación que existe en relación con estas víctimas, tal y como constatabamos en el análisis que hicimos público el pasado 14 de enero en Donostia.

Somos conscientes de que se trata de un asunto de enorme complejidad: ¿cómo encauzar la problemática de los casos sin resolver o los casos sin verdad, garantizando a todas las víctimas el derecho a conocer la verdad y a tener acceso a la justicia y a poder ser reparadas?

En este sentido, la posición del Foro Social Permanente es clara: Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación y, en este aspecto, el objetivo es superar toda expresión de discriminación, de obra o de palabra, hacia todo tipo de víctima, sin hacer distinciones ni categorizaciones en función de los agentes vulneradores de derechos.

Pero debemos constatar que el logro de este objetivo, tan necesario para la construcción de la convivencia democrática, esta aún lejos de un tratamiento igualitario desde quienes deberían tener una práctica ejemplar en este sentido: instituciones y partidos políticos, sobre todo.

Este tipo de prácticas discriminatorias ha conllevado una profunda fractura en la confianza de estas víctimas en las políticas institucionales y una desconfianza en la justicia.

Esta es una de las principales conclusiones que nos deja la propia Ley 12/2016 de la Comunidad Autónoma Vasca, tal y como han expresado en público y en privado miembros de la Comisión de Valoración o las propias víctimas organizadas en la Fundación Egiari Zor.

Propuestas concretas
El Foro Social Permanente viene trabajando desde su creación en la generación de espacios de encuentro públicos y privados con todo tipo de víctimas. En el caso de las víctimas del Estado, el primer encuentro público, con 18 víctimas, se desarrollo el 16 de marzo de 2019.

Estas victimas siempre han trasladado esa sensación profunda de abandono, de ser víctimas de segunda categoría y de permanente revictimización. Además, demandan conocer la verdad como elemento sanador y, en la búsqueda de la justicia, descartan una concepción exclusivamente punitiva de la misma.

Para finalizar, desde el Foro Social Permanente proponemos abrir un profundo debate para poder dar una solución integral a esta compleja cuestión, cuyo único objetivo debería ser garantizar los derechos de las víctimas basados en el derecho internacional.

Como proponemos en el punto 9 relativo a esta cuestión del documento de “Bases para un Pacto Social e Institucional de convivencia democrática”, presentado en Vitoria-Gasteiz el pasado 3 de noviembre de 2021, entendemos que en el camino de la verdad debemos:

• Profundizar en mecanismos como la Comisión de la Verdad, informes oficiales, nueva ley de secretos oficiales, etc., que permitan que todas las víctimas tengan acceso a la verdad y puedan avanzar en la sanación de su dolor.

• Perseguir el esclarecimiento de los episodios de vulneración de los derechos humanos protagonizados por los distintos agentes perpetradores que han practicado la violencia, nunca esclarecidos, nunca investigados o sin consecuencias penales, para los que también habría que buscar alternativas a la prisión dentro de los parámetros internacionales establecidos.

• Conseguir que en las políticas públicas de reparación, las instituciones sean exquisitas en no ahondar en sentimientos de discriminación aún existentes y en tratar a todas las víctimas de manera igualitaria.