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Esta mañana la AAVV de Erripagaña ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo “ante la situación de abandono por parte de las administraciones públicas” .

Critican que el Gobierno Foral y los ayuntamientos de Burlata, Iruñea, Egues y Uharte no están asumiendo sus competencias. Erripagaña, que cuenta actualmente con 4.500 viviendas habitadas tiene una población actual de 12.400 personas, pero podrían llegar a ser hasta 17.300 si se construyen todas las casas proyectadas.

“El vecindario nos encontramos sin ninguna dotación ni servicio planificados y necesarios. Por un lado, el Gobierno de Navarra ha retrasado las dotaciones educativas y sanitarias que le corresponden. Por otro, los ayuntamientos no han proyectado nada, y se limitan a un gasto mínimo de mantenimiento mientras recaudan suculentos ingresos”, critican desde la Asociación de Vecinxs.

“Mientras tanto, se multiplican las desigualdades en derechos y obligaciones. Uno de los ejemplos más flagrantes se da en las tasas de contribución urbana. La contribución de los vecinos que pertenecen a Pamplona es un 80% más alta que la de los vecinos que corresponden al Valle de Egüés. Pamplona cuenta con una tasa contributiva para el 2022 del 0,3948%, Burlada del 0,338%, Huarte del 0,2555% y el Valle de Egüés del 0,22%”, han dicho en la queja remitida al Defensor del Pueblo.

También hay ejemplos de desigualdades en el ámbito educativo en cuanto a las subvenciones para el comedor escolar, que dependen del empadronamiento. La misma situación se da en las escuelas infantiles municipales. “La escuela infantil municipal Mendillorri, siendo más cercana a los burladeses y sarrigurrenses de Erripagaña que a los pamploneses, deja de facto fuera a quienes no estén empadronados en la capital. Además, las escuelas municipales de Pamplona son gratuitas para sus ciudadanos. Por el contrario, en cuanto a las escuelas de música municipales, la burladesa Hilarión Eslava, a pesar de ser la más cercana para los pamploneses de Erripagaña, tiene unas tasas prohibitivas para los no empadronados en Burlada (262 euros pagan los empadronados por Instrumento ciclo 1, frente a los 1.619 que pagan los no empadronados)”, indican desde la AAVV.

Situación parecida es la que se da en el ámbito deportivo. “El campo municipal de fútbol de Erripagaña (del UCD Burladés) se sitúa frente a viviendas pertenecientes a Pamplona. A pesar de ello, en las escuelas deportivas de fútbol base, difícilmente pueden obtener plaza los niños de dicho bloque porque la prioridad es para empadronados en Burlada”, denuncian.

En cuanto a comercio, tanto los recursos como ayudas de las que disponen los Ayuntamientos son muy dispares, al igual que las licencias y tasas que aplica cada uno, y la división administrativa impide, según la AAVV, campañas en su conjunto por parte de las administraciones. “El Valle de Egüés viene haciendo diferentes campañas de dinamización en la que participan los comercios de la Avenida Erripagaña de la parte de dicho valle y que deja fuera a comercios de la misma avenida (pertenecientes a Burlada). Actualmente la parte de Burlada es la que menos comercios dispone. Esto hace que desde la asociación de comerciantes de Burlada se les dijera que, al ser pocos, aun asociándose, no era posible traer a esta parte de Erripagaña eventos de dinamización del comercio. Esta situación también se da en los comercios de Pamplona. En su conjunto, aunque el número de comercios sea considerable y el consumo sea a nivel de barrio, sin diferenciar a qué municipio pertenece, solo desde la iniciativa popular se está trabajando desde una visión de comercio de barrio”, añaden.

En cuanto al transporte público urbano, Burlata y Uharte no tienen conectado su núcleo urbano con Erripagaña, mientras que Iruñea y Eguesibar sí lo tienen. “Y solo Pamplona cuenta con estaciones de bicicletas eléctricas o con infraestructura de recarga de vehículo eléctrico”, se quejan.

“Es paradigmático el servicio de policía local, que es diverso según la capacidad de cada cuerpo, aunque tiene en común que para cada policía el trozo de Erripagaña no es relevante respecto al resto de cada municipio. Este servicio viene siendo recortado en diferentes municipios del barrio como Burlada (se ha pasado de 35 policías a 29) y el Valle de Egüés (que cuentan con 19 agentes cuando según el ratio por población que establece la norma deberían ser entre 30 y 40), y que plantea la duda razonable de si estos municipios tienen plantilla suficiente para dar servicio a Erripagaña. Mientras, bares y comercios de Erripagaña reclaman seguridad tras la oleada de robos en el barrio”, lamentan en el escrito al Defensor del Pueblo.

Las mismas dudas razonables se plantean en torno a otros servicios, como el de limpieza viaria, jardinería, señalización viaria, asfaltado, actuaciones invernales…

“En resumen, un desarrollo guiado por intereses económicos y no por el interés público y ciudadano, y una falta de compromiso real para solucionar el problema”, concluyen. Al Defensor del Pueblo le piden que interceda para que se ejecute todo el PSIS de Erripagaña, especialmente las dotaciones y servicios para la ciudadanía, que se garanticen los mismos derechos y obligaciones, independientemente del municipio donde vivan, para todos vecinos y vecinas de Erripagaña, mejorar el modelo administrativo y de gestión del territorio y que se haga una análisis de costes e ingresos pasados y futuros y un estudio de viabilidad financiera, para establecer una hoja de ruta de inversiones y tomar las medidas que garanticen la sostenibilidad del barrio y la prestación de servicios de calidad.