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El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha vuelto a requerir la empresa impulsora del proyecto Mina Muga de sales y potasa en las Altas Cinco Villas y la Ribera de Sangüesa que resuelva los graves problemas del proyecto. El Ministerio vuelve a señalar los problemas inherentes a una mina al lado del embalse de Yesa, bajo el canal de Bardenas, bajo los pueblos de Javier y Undués de Lerda, con una montaña de residuos de más de 12 millones de metros cúbicos de sal y más de 47 metros de altura.

“Se trata de problemas no resueltos” que deberían haberse arreglado en diciembre de 2016, donde se indicaba que si tras la presentación de la información requerida, ésta fuera insuficiente, el órgano ambiental daría por finalizada la evaluación de impacto ambiental, dicen desde la Plataforma. “Sin embargo, el pasado mes de abril volvió a requerirle, un año después, que resolviera los mismos problemas”, aseguran desde la oposición al proyecto.

El reiterado requerimiento es resultado una la evaluación del Ministerio después de las continuas adendas, correcciones y contradicciones manifiestas del proyecto. “Los requerimientos han sido numerosos, y a la vista de la nueva solicitud de subsanación, Geoalcali ha sido manifiestamente incapaz de resolver”, dicen desde la Plataforma Unitaria Contra las Minas de Potasa de la Bal d´Onsella y la Sierra del Perdón.

Posibles afecciones de las minas

Aspectos como la sismicidad inducida por la minería, causa principal de la generación de terremotos no naturales en el mundo, la afección a la precaria situación de las laderas del embalse de Yesa, la afección a los pueblos de Javier y Undués que están sobre la propia mina, la afección a infraestructuras tan significativas como el Canal de Bardenas que vertebra la actividad agrícola de buena parte de las Cinco Villas y representa el suministro de boca para la propia ciudad de Zaragoza, o el tráfico de más de 1000 vehículos pesados por las carreteras del entorno del proyecto, y con destino original, el puerto de Bilbao o la venta nacional a través de la carreteras de Sos-Ejea, son algunos de los problemas que siguen sin resolverse en el proyecto presentado por Geoalcali.

Además de los requerimientos de la administración estatal, los gobiernos autonómicos han señalado muchos otros problemas inherentes al proyecto, “viendo atónitos en algunos casos como los propios informes remitidos a la administración no aparecían firmados, y por tanto, se desconocía la competencia o la formación de los técnicos que los habían elaborado”, indican desde la Plataforma.

La Plataforma No a las Minas de Potasa denuncia de nuevo que los requerimientos realizados en este momento son los mismos problemas de los que adolecía el proyecto en 2015, y que la administración “ha estado dando una oportunidad tras otra, para que intentaran solventarlos, y que tras el último requerimiento, se constata que siguen sin resolverse”.

La Plataforma viene alertando que este proyecto minero presenta muchos riesgos ambientales y sociales. “Aspectos relacionados con el relleno de las galerías –o backfilling– siguen sin haberse estudiado, y el promotor sigue sosteniendo que es algo que resolverá en el futuro. La sismicidad inducida sigue sin haberse estudiado. La acumulación de sal en las escombreras se relega a intentar venderla cuando la mina haya cerrado y la empresa haya vuelto a Australia. Los hundimientos en superficie siguen sin haberse evaluado aun existiendo problemas conocidos en la zona del Perdón o en las minas de Suria o Sallent con la misma técnica de explotación que la que se plantea en Mina Muga. La circulación de camiones será un problema a tener en consideración pues ninguna de las carreteras de la zona están preparadas para dicho volumen de vehículos. Por último, la afección al embalse de Yesa, a sus laderas y al Canal de Bardenas, sigue minimizándose”, denuncian.

Según la Plataforma, el proyecto estaba mal diseñado en origen, y durante los últimos 3 años, se han producido continuas correcciones, adendas y cambios puntuales, “sin acometer un proyecto compatible y adaptado al entorno en el que se encuentra”. Por ello consideran que ha llegado el momento en que las Administraciones públicas “actúen de forma valiente” y se pronuncien desfavorablemente sobre este proyecto “con una declaración de impacto ambiental negativa”.