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“Hay condiciones para que Ley de Información Clasificada sirva para conocer la verdad, también para las víctimas de desapariciones forzosas”. Esa es la afirmación que hoy han realizado Agus Hernan y Nekane Altzelai, portavoces del Foro Sozial, que un año más  han aprovechado el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para denunciar que estas desapariciones suponen “una grave vulneración de Derechos Humanos, recogida en la Carta de las Naciones Unidas”.

A día de hoy, y según los datos recabados por el Foro Sozial, hay 7 personas que continúan desaparecidas y que de un modo u otro se ligan con el conflicto vasco. A pesar de los pasos dados en otros ámbitos, el Foro lamenta que en este “no ha habido ningún avance”. Los casos a los que el Foro hace mención son el de los tres jóvenes gallegos desaparecidos entre Biarritz y Donibane Lohitzune el año 1973, el de Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur”, desaparecido en Behobia el 23 de julio de 1976, el de Tomas Hernandez, desaparecido en Hendaia el 15 de mayo de 1979, el de Jose Miguel Etxeberria Álvarez “Naparra”, desaparecido el 11 de junio de 1980 y el Jean Louis Larre “Popo”, desaparecido el 7 de agosto del ano 1983 en Leon (Landas).

El Foro también recuerda que además de estos casos, en otros más se utilizó la desaparición forzada aunque tiempo más tarde sus cuerpos acabaron por aparecer, como los casos de Joxean Lasa y Joxi Zabala, o el de Mikel Zabalza. Aun así desde el Foro admiten que pudiera haber más casos y que hay investigaciones en curso sobre ellos.

Sea como sea, desde el Foro Sozial destacan que “todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”, y que a igual vulneración, igual debe ser el reconocimiento. “En este caso, el del derecho a la verdad cobra una relevancia absoluta”, remarcan. “Son numerosas las víctimas que han expresado que la verdad sería un elemento sanador para su dolor. Estas consideran el derecho a conocer la verdad como el elemento nuclear, el punto de partida, lo que entienden por justicia, lo que verdaderamente necesitan”, han relatado.

La diferencia de trato a las víctimas de ETA y a las de la violencia estatal queda de nuevo en evidencia. “Si en el caso de las víctimas de ETÁ existen varios instrumentos que les permitirían acceder a la verdad – por citar un ejemplo, la “Oficina de Información y Ásistencia a las Víctimas del Terrorismo” en la Áudiencia Nacional- no podemos decir lo mismo para el caso de las víctimas del Estado. En el caso de las víctimas del Estado son 38% los casos sin resolver. Debemos constatar que para ellas la esperanza de acceder a la verdad es hoy casi inexistente”, denuncian.

Sin embargo, en torno a la búsqueda de la verdad, hay tres aspectos que en este momento ofrecen esperanza, como el trabajo que esta realizando la Comisión de Valoración de la Ley 12/2016 del Gobierno Vasco, la ley similar que en septiembre comenzará su andadura en Nafarroa y la ya citada Ley de Información Clasificada en el Estado español.

Sobre esta Ley de secretos oficiales han querido destacar que que si bien el anteproyecto “es decepcionante y no responde en absoluto a las expectativas de las víctimas del GÁL y de la tortura”, creen que “existen condiciones suficientes en el Congreso de los Diputados para, en la fase actual del debate de la ley, trabajar por un acuerdo que tenga como único principio el acceso a la verdad de las víctimas de graves vulneraciones de Derechos Humanos”.

Desde el Foro confían en que los grupos parlamentarios trabajen en las próximas semanas “para acordar las enmiendas necesarias basadas en el Derecho Internacional de no discriminación entre víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos y en el objetivo de que todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, y en especial las víctimas de desapariciones forzadas.