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El Foro Social presentó dos documentos. El primero de ellos, denominado “Aportaciones de la Sociedad Civil a la construcción de una hoja de ruta consensuada”  declara que la base de la normalización social y política “se ha de construir interpretando las normas y leyes en la perspectiva de cerrar definitivamente un ciclo de conflicto armado, superar sus consecuencias y transitar eficazmente hacia un nuevo escenario de convivencia y paz integral”, y anuncian iniciativas para “facilitar todos los marcos de dialogo bilaterales o multilaterales que sean necesarios” y en los que participen  los gobiernos de Nafarroa y la CAV así como partidos políticos, sindicatos y otros agentes e instituciones de la sociedad vasca. Anuncian también que se reunirán con el EPPK y que tratarán de generar “espacios de colaboración con y entre los principales movimientos y sectores del país” que trabajan en favor de los derechos humanos y la paz. “Consideramos que sería interesante y aconsejable la implicación de personas procedentes del ámbito jurídico” para abordar medidas con las que “desbloquear y desmontar todo el entramado de medidas y normas de excepción en base a las cuales cumplen hoy en día sus penas las personas condenadas por delitos de motivación política”, algo que ya se está haciendo en Iparralde.

De cara a la opinión pública del Estado español, plantean hacer una labor pedagógica implicando para ello a personas del mundo del derecho, la universidad, la política, los sindicatos, las ONG de derechos humanos y los profesionales de los medios de comunicación. Y subrayan que seguirán contando con el apoyo y asesoramiento del Grupo Internacional de Contacto.

Facilitar el retorno de personas presas o huidas por motivaciones políticas

Este es el título y el objetivo del segundo documento hecho público ayer, que aporta una hoja de ruta para que los y las presas políticas sean excarceladas y se permita la vuelta a casa de aquellas personas que en su día hubieran huido de su lugar de orígen por motivos políticos.

En primer lugar, el Foro solicita la “desactivación de las medidas de política penitenciaria que contravienen derechos humanos fundamentales, van en contra del tratamiento humanitario de las personas presas y son contrarias a los estándares internacionales”, y cita expresamente poner en libertad a los y las presas gravemente enfermas así como acabar con la dispersión. Además, propone medidas para impedir que se alarguen las condenas de los y las reclusas y que se ponga fin a la aplicación de cadenas perpetuas.

El segundo punto hace referencia a la justicia transicional, pidiendo el “fin de la excepcionalidad penitenciaria para con presas y presos por delitos de motivación política, como paso previo al desarrollo de una justicia de carácter transicional”. Con ello desde el Foro pretenden conseguir que los y las presas puedan evolucionar hacia grados penitenciarios que les permitan acceder a permisos y a la libertad condicional. En este sentido, el Foro pide que se otorgue la libertad condicional a aquellas personas que hayan cumplido las 2/3 o 3/4 partes de sus condenas.

Y en tercer lugar, el Foro pide que se transfieran a Nafarroa y CAV la transferencia de competencias en materia penitenciaria.

El Foro Social cree que  las bases para este plan deberían pivotar en torno al reconocimiento de que la realidad política vasca ha cambiado y que se está transitando “de un escenario de  violencia  a otro de paz, convivencia y reconciliación que requiere de la implicación de todas las partes”. El Foro aboga por el respeto al derecho de todas las víctimas a la justicia, la memoria, el reconocimiento y la reparación y pide que los y las presas puedan reintgrarse en la sociedad vasca mediante la aplicación de terceros grados, libertades condicionales tempranas. Ya en el marco del proceso de paz, normalización y reconciliación vasco, desde el Foro creen necesario “la implicación de las propias personas presas por delitos de motivación política en el proceso, profundizando en los caminos de rechazo individualizado al uso de la violencia, en su compromiso inequívoco con las vías pacíficas y democráticas, y el reconocimiento expreso del daño en su caso causado”.