ahötsa_

La plataforma Iruñerriko Antifaxistei Zigorrik Ez ha convocado una nueva movilización para denunciar la operación policial que se saldó con 28 personas arrestadas por parte de la Policía Nacional española. La Policía relacionaba a estas personas con las protestas contra el ultra de extrema derecha Vito Quiles. Según ha informado la propia plataforma, existen además otras personas citadas a declarar, por lo que el número de encausados podría seguir aumentando en las próximas semanas. Además, otras 4 personas ya fueron detenidas con anterioridad.

Desde la organización consideran que la operación policial tuvo un carácter fundamentalmente mediático y persiguió criminalizar a la juventud antifascista, así como transmitir el mensaje de que “la contestación política fuera de los cauces establecidos no será tolerada”.

La plataforma denuncia especialmente que varias de las personas arrestadas fueron detenidas en sus puestos de trabajo, una situación que, afirman, agrava las consecuencias de la actuación policial. Asimismo, califican de especialmente graves las detenciones de estudiantes en centros educativos o en fechas coincidentes con los exámenes de acceso a la universidad.

En relación con las declaraciones realizadas por el ministro del Interior, quien justificó la operación aludiendo a una larga investigación policial, la plataforma sostiene que la actuación de los propios agentes evidenció, a su juicio, la falta de fundamento de las detenciones. Según relatan, algunos agentes habrían reconocido ante los detenidos el carácter desproporcionado de la operación. Entre los testimonios recogidos, aseguran que un policía llegó a afirmar que todo aquello “era un paripé”.

La organización denuncia que las acusaciones se sustentan únicamente en la participación en una movilización y enmarca estos hechos dentro de una dinámica represiva más amplia. Señalan que “este tipo de actuaciones obligan a numerosas personas a afrontar procesos judiciales, costes económicos y consecuencias personales derivadas de acusaciones que posteriormente deben ser rebatidas en los tribunales”.

La plataforma recuerda además que estas nuevas detenciones se suman a otros procedimientos abiertos durante el último año. Entre ellos, menciona a otras siete personas detenidas por la misma causa, tres personas de Iruñerria arrestadas el pasado 12 de octubre por enfrentarse a militantes de Falange Española en Gasteiz, una veintena de investigados por protestas contra actos de VOX en Rochapea, Berriozar y Beriain, así como dos estudiantes denunciados por dicha formación política por realizar propaganda. Según sus cálculos, el conjunto de estos procesos afecta ya a 60 personas.

Ante esta situación, personas encausadas en los distintos procedimientos han impulsado la plataforma Iruñerriko Antifaxistei Zigorrik Ez, presentada como “una herramienta de solidaridad destinada a afrontar tanto los costes derivados de los procesos judiciales como la criminalización del movimiento antifascista.” Asimismo, la iniciativa pretende contribuir “a la continuidad de la actividad política contra el avance de las posiciones fascistas”.

La plataforma ha hecho un llamamiento a la movilización social “contra la represión y contra cualquier expresión de carácter fascista”. En este marco, ha convocado una manifestación para el próximo sábado 13 de junio a las 19:00 horas en el Parque de los Enamorados de Arrotxapea, con el objetivo de mostrar solidaridad con todas las personas antifascistas encausadas.

Del mismo modo, la organización ha anunciado la puesta en marcha de diversas iniciativas de apoyo, entre ellas una campaña de financiación colectiva, la venta de material solidario y diferentes actividades que se desarrollarán durante el verano.

Por último, Iruñerriko Antifaxistei Zigorrik Ez ha invitado a todas las personas que hayan sufrido consecuencias represivas relacionadas con estos casos a sumarse a la plataforma y a ponerse en contacto a través de sus redes sociales.

La organización ha concluido su comunicado reivindicando la solidaridad de clase frente a la represión y defendiendo que “el antifascismo no constituye un delito”.