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En la práctica, la aprobación de esa modificación en la normativa reguladora de los alojamientos turísticos en el Casco Viejo de Pamplona da luz verde a proyectos como el macrohostel de Unzu, además de plantear otros perjuicios recogidos por AZ Ekimena en su documento de alegaciones.

Entre sus alegaciones, AZ Ekimena apunta a las limitaciones al derecho de participación ciudadana sufridas durante el proceso de elaboración y aprobación de esta modificación normativa, que considera marcado por la “carencia de unos criterios mínimos de transparencia y facilidades de acceso a la documentación durante todo el proceso”, sin un acceso sencillo a los documentos relativos a la modificación normativa a través de la web municipal, ni al expediente que contiene la documentación necesaria para formular alegaciones.

Las alegaciones planteadas por AZ Ekimena denuncian también la falta de coherencia existente entre la modificación normativa aprobada el pasado 10 de enero, que tiende a flexibilizar criterios para la implantación de nuevos usos de residencia eventual, y el texto inicial de la propuesta de modificación normativa, aprobado el 1 de enero de 2018, que reconocía ya en su exposición de motivos la problemática derivada de la proliferación de alojamientos turísticos en el Casco Viejo, un enfoque que también quedaba plasmado en los documentos que acompañaban a esa primera propuesta. AZ Ekimena señala además que la modificación normativa se ha llevado a cabo sin realizar una valoración de su impacto bajo parámetros básicos de sostenibilidad medioambiental, social y de género, y solicita al Ayuntamiento que realice un estudio del impacto real que esta nueva normativa tendría sobre el Casco Antiguo y su vecindario.

La modificación del Planeamiento Urbanístico vulneraría además la limitación a aperturas de bares en el Casco Viejo, dado que permitiría abrir bares, cafeterías o restaurantes en cualquier ubicación de los edificios destinados a uso residencial eventual. Según las alegaciones presentadas por AZ Ekimena, esto afectaría a los principios de igualdad y seguridad jurídica, ya que permitiría a determinados establecimientos incumplir la normativa vigente frente a la saturación hostelera. Para el grupo vecinal, también la redacción confusa de los usos a los que se pueden destinar los inmuebles es causa de inseguridad jurídica: del texto se pueden derivar distintas interpretaciones que no aseguran que el 75% de los edificios y manzanas se destinen a vivienda, como sí sucedía con el PEPRI de 2002, un criterio que AZ Ekimena, en sus alegaciones, propone recuperar.