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El 11 de febrero de 2013 más de 60 viviendas de las urbanizaciones Lasaitasuna y El Inglés fueron desalojadas por el peligro que entrañaba habitarlas tras los diferentes movimientos de tierras que se habían producido en las laderas de la presa de Yesa. Las casas presentaban graves daños estructurales, y nunca más fueron habitadas.

Ahora, casi 3 años después, el Ayuntamiento de Galipentzu, la Fundación Sustrai Erakuntza y la Asociación Yesa+No Lanak gelditu denuncian que se manejó la situación de emergencia en la presa “sin atender al principio de cautela, incumpliendo los criterios legales en cuanto al manejo de los niveles de emergencia de un plan que no se implantó hasta meses después de que el deslizamiento de la ladera derecha provocara el levantamiento de la presa en su estribo derecho”.
Por ello, han presentado una denuncia administrativa contra la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para evitar más impunidad.

“Sin que los habitantes ni las administraciones locales de las poblaciones aguas abajo de la presa tuvieran conocimiento de nada de lo que estaba ocurriendo, sin posibilidad de que se redactaran Planes de evacuación, los responsables del proyecto de recrecimiento estando en un 2º nivel de emergencia tuvieron que elegir entre desembalsar para eleminar un riesgo cada vez mayor, elevar el nivel de emergencia de la presa de Yesa a un 3º nivel, que hubiera implicado la evacuación de Sangüesa, Cáseda y Gallipienzo, o confiar en la suerte y encomendarse al “no va a pasar nada” para no verse envueltos en situaciones incómodas. Esta última es la opción que eligieron”, denuncian.