ahötsa_

El desahucio de Mari Carmen Abascal en Madrid y las protestas sociales han vuelto a poner sobre la mesa la dificultad del acceso a la vivienda. ¿Qué ha fallado en las políticas públicas en el Estado español para haber llegado a este punto?

Creo que durante décadas hemos cometido un error de fondo: tratar la vivienda fundamentalmente como un bien de mercado y no como un pilar esencial del Estado del bienestar. En España hemos confiado excesivamente en que la construcción de viviendas y el funcionamiento del mercado inmobiliario resolverían por sí solos las necesidades residenciales de la población. Y la experiencia demuestra que no ha sido así.

Hay un ejemplo que me parece especialmente ilustrativo. Entre 1998 y 2008, durante la burbuja inmobiliaria, España construyó aproximadamente seis millones de viviendas. Sin embargo, lejos de abaratarse, los precios de la vivienda aumentaron alrededor de un 250 % y los del suelo un 400 %. Es decir, construimos muchísimo, pero eso no se tradujo en un acceso más fácil a la vivienda. La cuestión no es únicamente cuántas viviendas se construyen, sino dónde, para quién, a qué precio, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo permanecen siendo asequibles.

Además, durante décadas hemos destinado importantes recursos públicos a promover viviendas protegidas que, transcurridos determinados plazos, podían descalificarse e incorporarse al mercado libre. Hemos construido vivienda protegida, pero no hemos consolidado un parque público y social permanente. Es como intentar llenar una bañera sin cerrar el desagüe: por mucho que invirtamos, una parte importante del esfuerzo termina desapareciendo.
Mientras otros países europeos, como Austria, Países Bajos o Dinamarca, desarrollaban sistemas estables de alquiler social y asequible, en España apostábamos de manera casi exclusiva por la vivienda en propiedad. Y cuando llegó la crisis financiera, el sistema mostró todas sus debilidades.

No podemos olvidar tampoco la responsabilidad de las sucesivas administraciones, de diferentes colores políticos, que durante mucho tiempo no consideraron la vivienda una política pública estructural comparable a la sanidad, la educación o las pensiones. Hemos tenido una inversión pública insuficiente, una regulación que no siempre ha protegido adecuadamente a los residentes y una excesiva dependencia de los ciclos inmobiliarios.

El resultado es el que estamos viendo: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y personas que, incluso teniendo empleo, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda digna. No hemos llegado aquí de la noche a la mañana. Estamos pagando las consecuencias de decisiones acumuladas durante décadas. Y corregirlas exigirá tiempo, recursos y políticas públicas sostenidas.

“No podemos olvidar que las sucesivas administraciones, de diferentes colores políticos, durante mucho tiempo no consideraron la vivienda una política pública estructural comparable a la sanidad, la educación o las pensiones”

Los fondos buitre, ¿qué responsabilidad tienen en todo esto? Tengo la impresión de que no son los únicos responsables de todo este desaguisado…
Los fondos de inversión más especulativos tienen una responsabilidad evidente, especialmente cuando adquieren viviendas para maximizar rentabilidades a corto plazo, incrementar alquileres o aprovechar situaciones de escasez. Y esa responsabilidad resulta todavía más cuestionable cuando hablamos de viviendas que anteriormente formaban parte de parques protegidos o sociales.
Pero sería un error atribuirles toda la responsabilidad. En España también existen comportamientos especulativos protagonizados por pequeños propietarios, grandes patrimonios familiares, sociedades inmobiliarias y operadores nacionales. La especulación no tiene necesariamente una nacionalidad ni una forma jurídica determinada.

Por eso suelo insistir en que debemos distinguir entre distintos tipos de inversores. No es lo mismo un operador que compra viviendas para obtener rentabilidades de dos dígitos y venderlas al cabo de tres o cuatro años que otro que está dispuesto a invertir a largo plazo, mantenerlas en alquiler durante décadas y aceptar rentabilidades más moderadas. Son dos formas muy diferentes de entender la inversión inmobiliaria y sus consecuencias sociales también son distintas.

Además, los fondos han actuado dentro de unas reglas que las propias instituciones han establecido o permitido. En algunos casos, fueron administraciones públicas las que decidieron vender paquetes de viviendas protegidas a operadores privados. Por tanto, también debemos preguntarnos por qué se adoptaron aquellas decisiones y por qué no existían mecanismos suficientes para preservar la función social de esas viviendas.

El problema de fondo es que hemos permitido que un bien de primera necesidad se comporte en demasiadas ocasiones como un activo financiero desvinculado de su función residencial. Y cuando una vivienda se convierte fundamentalmente en un instrumento para obtener plusvalías, el derecho de las personas a vivir en ella pasa a un segundo plano.
La respuesta no puede limitarse a demonizar a determinados operadores. Necesitamos una regulación que penalice los comportamientos especulativos, favorezca la inversión estable y garantice que la vivienda cumpla su función social. Lo importante no es únicamente quién posee las viviendas, sino qué hace con ellas y bajo qué reglas opera.

“Necesitamos una regulación que penalice los comportamientos especulativos, favorezca la inversión estable y garantice que la vivienda cumpla su función social“

Hay muchos sectores afectados por la crisis de la vivienda, pero hay otros que resultan muy beneficiados… ¿Crees que se puede llegar a un acuerdo con estos últimos?
Creo que hay que diferenciar claramente entre quienes desarrollan una actividad económica legítima en el sector inmobiliario y quienes fundamentan su modelo de negocio en la escasez, la especulación o la obtención de rentabilidades extraordinarias.

Con los primeros no solo podemos llegar a acuerdos, sino que debemos hacerlo. La magnitud del problema de la vivienda exige movilizar recursos públicos, privados y sociales. Necesitamos promotores, constructores, cooperativas, entidades financieras, propietarios y operadores especializados que contribuyan a ampliar y mejorar la oferta residencial.

Por ejemplo, hay inversores institucionales, como fondos de pensiones, aseguradoras, que pueden estar interesados en operaciones a largo plazo, con rentabilidades moderadas y relativamente estables. Ese tipo de inversión puede ser compatible con el alquiler asequible si se establecen condiciones claras. No estamos hablando de ofrecer rentabilidades extraordinarias, sino de generar un marco de estabilidad en el que el interés público y una actividad económica razonable puedan convivir.

En Navarra estamos abriendo vías distintas de colaboración. Una cooperativa organiza a sus socios para procurarse vivienda y gestionarla colectivamente. Un socio privado puede aportar capital y experiencia para ampliar el alquiler protegido. Y una empresa constructora puede ayudarnos a ejecutar mejor una promoción pública. En cada caso debemos dejar claro qué aporta cada parte, qué riesgo asume, qué precio pagarán los hogares y durante cuánto tiempo se mantendrán esas condiciones.

Ahora bien, la colaboración público-privada no puede significar que el sector público asuma todos los riesgos y el privado se quede con todos los beneficios. Tiene que existir una distribución equilibrada de responsabilidades, una regulación clara de los precios, compromisos de permanencia y mecanismos de supervisión pública.

Y también debemos ser capaces de decir que no a determinadas operaciones. Si un inversor únicamente está dispuesto a participar cuando puede obtener beneficios desproporcionados, probablemente no sea el socio adecuado para una política pública de vivienda.

La clave es contar con administraciones fuertes, con capacidad técnica, financiera y de gestión para negociar de igual a igual. Porque colaborar con el sector privado puede ser muy útil, pero el liderazgo y la definición de los objetivos deben corresponder siempre al interés general.

“La colaboración público-privada no puede significar que el sector público asuma los riesgos y el privado se quede con los beneficios. Tiene que existir una distribución equilibrada de responsabilidades, una regulación clara de los precios, compromisos de permanencia y mecanismos de supervisión pública”

Ahora coge cada vez más fuerza la idea de la expropiación. ¿Crees que estas propuestas tienen recorrido a nivel jurídico y político?
La expropiación es una herramienta perfectamente legítima dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Puede utilizarse cuando existe una causa justificada de utilidad pública o interés social, respetando las garantías legales y la correspondiente indemnización.

Por tanto, no deberíamos tratarla como un tabú ideológico. Las administraciones públicas utilizan la expropiación para construir infraestructuras, desarrollar actuaciones urbanísticas o prestar determinados servicios públicos. No existe ninguna razón para excluir de entrada su posible utilización en el ámbito de la vivienda cuando concurran los requisitos legales.

Ahora bien, tampoco podemos convertirla en una solución mágica. La expropiación tiene costes económicos, exige procedimientos jurídicos y debe responder a objetivos concretos. No siempre será la herramienta más eficiente para ampliar el parque público o proteger a las personas residentes.

Disponemos de otros instrumentos que, dependiendo de las circunstancias, pueden ofrecer mejores resultados. Me refiero a los derechos de tanteo y retracto, la compra pública de viviendas, la movilización de inmuebles vacíos, la regulación de los alquileres en zonas tensionadas o las obligaciones vinculadas a la función social de la propiedad.

En determinados mercados especialmente tensionados también debemos estar dispuestos a estudiar medidas más intensas de intervención pública. Por ejemplo, limitar determinadas operaciones de adquisición de viviendas que no estén destinadas a residencia habitual o a alquiler estable y asequible, siempre dentro del marco constitucional y competencial correspondiente.
Lo que no tiene sentido es reducir el debate a una confrontación entre quienes defienden la expropiación como respuesta universal y quienes consideran ilegítima cualquier intervención pública sobre la propiedad.

Yo prefiero evaluar las herramientas por los resultados que ofrecen. Si una medida permite ampliar el parque asequible, proteger a los residentes y utilizar eficientemente los recursos públicos, merece ser estudiada. Si no lo consigue, debemos buscar alternativas.

“La expropiación no es una solución mágica. Tiene costes económicos, exige procedimientos jurídicos y debe responder a objetivos concretos. No siempre será la herramienta más eficiente para ampliar el parque público o proteger a las personas residentes”

Lo cierto es que la compra pública de viviendas que antes fueron de alquiler social o VPO y que han pasado a manos de los fondos buitre puede ser una oportunidad, pero parece como si esta gente siempre saliera ganando…
Hay una contradicción bastante evidente en que las administraciones públicas tengamos que destinar dinero a recuperar viviendas que, en su momento, ya fueron promovidas, financiadas o protegidas con recursos públicos. Es una situación que debería hacernos reflexionar profundamente sobre los errores de determinadas políticas del pasado.

Durante décadas hemos desarrollado modelos de vivienda protegida con plazos de calificación limitados. Es decir, se destinaban recursos públicos, suelo y ayudas para construir viviendas que, al cabo de determinados años, podían incorporarse al mercado libre. En algunos casos hablamos de periodos relativamente cortos, de 15 o 20 años, frente a otros modelos europeos que establecen compromisos de 50, 75 años o incluso de carácter permanente.

Eso significa que el esfuerzo colectivo realizado para garantizar el acceso a la vivienda termina generando, en determinadas circunstancias, plusvalías privadas. Y si posteriormente una administración necesita recomprar esas mismas viviendas para devolverlas al parque social, estamos pagando dos veces por una función que debería haberse preservado desde el principio.
Ahora bien, eso no significa que debamos renunciar a estas operaciones. Si una compra pública permite proteger a familias que viven en esas viviendas, evitar situaciones de vulnerabilidad y recuperar patrimonio residencial para destinarlo permanentemente al alquiler social o asequible, puede ser una decisión perfectamente razonable.

Lo importante es que esas adquisiciones se realicen con rigor económico, evitando pagar precios que recompensen comportamientos especulativos. Las administraciones deben utilizar toda su capacidad de negociación y los instrumentos legales disponibles para defender el interés general.

Pero la principal enseñanza es otra: debemos dejar de perder vivienda protegida. Cada vivienda que incorporamos al parque público debería permanecer en él y seguir prestando una función social a lo largo de las generaciones.
En Navarra estamos apostando por ampliar el parque de alquiler social y asequible y por modelos que permitan preservar a largo plazo la finalidad pública de las promociones. Porque una política de vivienda eficaz no consiste únicamente en construir o adquirir viviendas cada año, sino en conseguir que el patrimonio residencial asequible crezca de forma acumulativa.

A veces comprar un edificio permite proteger a las familias que ya viven en él e incorporar las viviendas al parque público antes de lo que tardaríamos en construirlas. Para decidir, hay que mirar el precio de compra, el estado del inmueble, la inversión que necesita y el alquiler que podremos ofrecer. En algunas transmisiones, el tanteo permite adquirir con preferencia en las condiciones comunicadas y el retracto permite intervenir después, en los supuestos previstos. Lo decisivo es que cada operación deje vivienda asequible duradera y que el coste tenga sentido para el conjunto del parque.
No podemos seguir llenando una bañera mientras mantenemos abierto el desagüe.

“Si una compra pública permite proteger a familias que viven en esas viviendas, evitar situaciones de vulnerabilidad y recuperar patrimonio residencial para destinarlo permanentemente al alquiler social o asequible, puede ser una decisión perfectamente razonable”

Te hemos escuchado en numerosas ocasiones decir aquello de que por sí sola, ninguna medida va a lograr garantizar el derecho a una vivienda digna. Pero ¿qué se puede hacer para solucionar el problema y qué es lo que no hay que hacer de ninguna de las maneras? Es que algunos proponen construir como locos y a otros les sale urticaria cuando se habla de hacer vivienda nueva…
Hay que construir vivienda nueva donde hace falta, y hay que conseguir que una parte importante sea asequible para la gente que vive y trabaja allí. También hay que mirar lo que ya tenemos. Si un ayuntamiento tiene viviendas vacías que puede rehabilitar, o si podemos incorporar un edificio al alquiler protegido, podemos ampliar la oferta sin esperar a terminar una promoción nueva. En NASUVINSA trabajamos por varias vías a la vez.

La primera es promover directamente vivienda protegida. Con EtxeON hacemos alquiler social para hogares con menos ingresos y alquiler asequible para quienes, aun teniendo ingresos superiores, encuentran dificultades para pagar los precios de mercado. También hay promociones en derecho de superficie. En esa modalidad, el hogar adquiere la vivienda por un plazo determinado y el suelo sigue siendo público. Son distintas maneras de atender necesidades distintas. Y allí donde el proyecto lo permite, incorporamos sistemas de construcción industrializada para mejorar el control de calidad y acortar plazos de obra.

La segunda es sumar capacidad de promoción con reglas públicas. Podemos licitar suelo para que otros operadores construyan vivienda protegida, con condiciones de precio, destino y duración fijadas de antemano. Una fórmula específica que estamos impulsando es la sociedad de capital mixto, pensada para sumar inversión y capacidad de gestión a la promoción de alquiler protegido asequible. Y hay otra vía, con una lógica propia, que es la cooperativa en cesión de uso.
En una cooperativa en cesión de uso, la cooperativa conserva la titularidad del edificio durante el plazo pactado y cada socio tiene derecho a vivir en su vivienda. Normalmente hay una aportación inicial y una cuota periódica para financiar y mantener el edificio. Cada hogar puede tener su vivienda y, además, decidir con los demás qué espacios o servicios compartir. Desde NASUVINSA podemos facilitar suelo en derecho de superficie, de modo que la cooperativa pueda desarrollar el proyecto y el suelo siga siendo público. Para que el modelo llegue a más hogares, hay que trabajar también sobre la financiación y la aportación de entrada. De poco sirve una cuota mensual asumible si la entrada deja fuera a quienes podrían pagarla.

La tercera es incorporar y aprovechar mejor la vivienda que ya existe. Estudiamos la compra de viviendas y edificios para sumarlos al parque público. Cuando se dan las condiciones legales, el tanteo y el retracto permiten intervenir en determinadas transmisiones y preservar o recuperar vivienda asequible. Con la Bolsa de Alquiler hacemos algo distinto. La vivienda sigue siendo de su propietario, que acepta una renta asequible a cambio de garantías e intermediación pública. Y rehabilitamos nuestro propio parque para que las viviendas sigan prestando un buen servicio durante décadas. Donde un edificio admite nuevos usos o más viviendas, también tiene sentido estudiar cómo aprovecharlo mejor.

En el medio rural, a veces el problema es que hay casas y apenas hay viviendas disponibles para entrar a vivir. Puede haber una vivienda municipal que necesita obra, una casa particular vacía cuyo propietario no se anima a alquilarla o demanda suficiente para una promoción pequeña que difícilmente saldría adelante por iniciativa privada. La Estrategia de Vivienda Rural permite trabajar con los ayuntamientos a partir de esas situaciones. NASUVINSA puede aportar asistencia técnica, acondicionar o rehabilitar vivienda municipal para alquilarla, adaptar la intermediación de la Bolsa a la realidad rural y estudiar dónde tiene sentido movilizar suelo, construir o facilitar un proyecto cooperativo. Para un pueblo, recuperar unas pocas viviendas puede significar que varias familias puedan quedarse o instalarse allí.

En las zonas tensionadas tenemos que actuar en dos tiempos. La regulación de los alquileres actúa sobre la presión de los precios mientras se amplían las alternativas. Para eso Navarra cuenta con un plan general y cinco planes específicos que adaptan las medidas al diagnóstico de cada ámbito. Donde hay muy poco alquiler disponible, podemos movilizar vivienda vacía y ampliar el parque protegido. Donde hay viviendas que necesitan obras para volver al mercado, podemos acondicionarlas o rehabilitarlas. Y donde falta oferta de forma persistente, hay que preparar suelo y sacar adelante promociones. El Gobierno de Navarra dirige la política y hace el seguimiento. NASUVINSA aporta capacidad para ejecutar actuaciones concretas, en coordinación con los ayuntamientos. El objetivo es que las familias tengan más opciones a precios que puedan pagar y que esa mejora se pueda medir con el tiempo.

Y hay un error que sí podemos evitar desde el primer día. Si ponemos suelo, dinero o capacidad pública para hacer vivienda asequible, tenemos que asegurar que ese esfuerzo siga dando servicio a las siguientes generaciones. De lo contrario, cada pocos años estaremos intentando recuperar lo que ya habíamos conseguido.

“Hay un error que sí podemos evitar. Si ponemos suelo, dinero o capacidad pública para hacer vivienda asequible, tenemos que asegurar que ese esfuerzo siga dando servicio a las siguientes generaciones”

En tu libro El problema de la vivienda. Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza a España pones varios ejemplos de buena gestión de las políticas de vivienda, uno de ellos el de Viena. Últimamente se habla mucho de este estado austriaco, ¿qué es lo interesante de esta experiencia que podríamos aplicar aquí en Nafarroa?
Viena es uno de los ejemplos internacionales más interesantes porque demuestra que es posible desarrollar un sistema residencial en el que la vivienda asequible no sea una política residual dirigida exclusivamente a las personas con menos recursos, sino una parte estructural del funcionamiento de la ciudad.

Estamos hablando de una ciudad que también constituye uno de los estados federados de Austria y que lleva más de un siglo desarrollando políticas públicas de vivienda. Aproximadamente dos tercios de su población viven en viviendas municipales o en inmuebles sujetos a diferentes fórmulas de protección y regulación, según el indicador que se utilice.

Esto tiene una consecuencia fundamental: la vivienda pública y social no constituye una pequeña alternativa para quienes quedan excluidos del mercado, sino que influye sobre el conjunto del sistema residencial. Cuando una parte tan importante de la población dispone de alternativas asequibles, el mercado privado tiene que competir con ellas. Y eso contribuye a moderar las tensiones sobre los precios.

Además, Viena no se ha limitado a construir viviendas municipales. Ha desarrollado una política activa de suelo, una colaboración estable con promotores de lucro limitado y mecanismos de financiación y gestión que permiten mantener la asequibilidad durante periodos muy prolongados.

Precisamente hemos tenido la oportunidad de conocer recientemente parte de este modelo durante una visita institucional de Navarra a Viena. Mantuvimos encuentros técnicos con wohnfonds_wien, una entidad fundamental en la gestión del suelo y el desarrollo de vivienda subvencionada, y con Wiener Wohnen, responsable de la gestión del importante parque municipal de viviendas de la ciudad.

También conocimos la experiencia de wohnpartner, que desarrolla una labor especialmente interesante en materia de convivencia, participación vecinal, mediación y acompañamiento comunitario. Porque una buena política de vivienda no consiste únicamente en construir edificios o adjudicar pisos. También implica gestionar adecuadamente los inmuebles, cuidar los barrios y favorecer la convivencia entre sus residentes.

Creo que ahí hay una enseñanza muy importante. A veces centramos todo el debate en cuántas viviendas nuevas vamos a construir, pero dedicamos mucha menos atención a cómo vamos a gestionarlas durante los siguientes 50 o 100 años. Y esa gestión resulta esencial para garantizar la sostenibilidad económica y social de los parques públicos.

También debemos tener presente que Viena no ha conseguido estos resultados en una legislatura ni en una década. Son fruto de políticas sostenidas durante generaciones, con una visión de largo plazo y una considerable capacidad institucional.

¿Podemos trasladar ese modelo a Navarra? No de manera mecánica. Tenemos una realidad demográfica, territorial, económica y competencial diferente. Pero sí podemos aprender de sus principios: ampliar el parque público y social de forma permanente, desarrollar políticas activas de suelo, combinar diferentes agentes promotores, profesionalizar la gestión y entender la vivienda como una infraestructura esencial del Estado del bienestar.

En Navarra estamos avanzando en esa dirección a través de EtxeON, con el impulso del alquiler asequible, la promoción de vivienda protegida, las cooperativas en cesión de uso y la rehabilitación del parque existente.
La principal lección de Viena es que las buenas políticas públicas de vivienda necesitan recursos, instituciones sólidas y continuidad. No hay soluciones milagrosas, pero sí modelos que demuestran que es posible hacer las cosas de otra manera.

“La principal lección de Viena es que las buenas políticas públicas de vivienda necesitan recursos, instituciones sólidas y continuidad. No hay soluciones milagrosas, pero sí modelos que demuestran que es posible hacer las cosas de otra manera”

Nos asomamos ya a la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. Una convocatoria que ha concitado muchas adhesiones y que seguramente será histórica en todos los sentidos. ¿Habrá un antes y un después tras la huelga general?
Creo que la creciente movilización social en torno a la vivienda refleja una realidad que las administraciones públicas no podemos ignorar: para una parte cada vez mayor de la ciudadanía, acceder a una vivienda digna y mantenerla se ha convertido en una de sus principales preocupaciones.

Y no estamos hablando únicamente de personas en situaciones de vulnerabilidad extrema. La crisis de la vivienda afecta también a jóvenes con empleo, familias trabajadoras, hogares con ingresos medios y personas que, aun teniendo una situación económica relativamente estable, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda en determinadas ciudades y municipios.
Además, sus consecuencias van mucho más allá del ámbito estrictamente residencial. La falta de vivienda asequible dificulta la emancipación juvenil, condiciona las decisiones de formar una familia, incrementa las desigualdades y afecta incluso al funcionamiento de nuestra economía.

Por ejemplo, cada vez encontramos más situaciones en las que las empresas tienen dificultades para atraer o retener trabajadores porque estos no pueden encontrar una vivienda a un precio razonable cerca de su lugar de trabajo. Por tanto, la vivienda no es únicamente una cuestión social, sino también un problema económico, territorial y de cohesión.
En ese contexto, resulta comprensible que exista una creciente movilización ciudadana y que muchas personas reclamen respuestas más rápidas y ambiciosas. Las instituciones debemos escuchar esas demandas y entender que detrás de ellas existe una preocupación real y legítima.

Ahora bien, creo que el verdadero antes y después no lo determinará exclusivamente una jornada de movilización, por importante que pueda resultar, sino nuestra capacidad colectiva para transformar esa presión social en políticas públicas eficaces.
Necesitamos actuar en dos tiempos. A corto plazo, con medidas que permitan aliviar las dificultades de acceso, proteger a los hogares más vulnerables, regular los mercados tensionados cuando corresponda y movilizar vivienda existente. Y, al mismo tiempo, debemos desarrollar políticas estructurales que amplíen de manera sostenida el parque público y asequible.
Hay que ser conscientes de que muchas de estas actuaciones requieren años para ofrecer resultados. Construir vivienda, adquirir suelo, rehabilitar edificios o consolidar sistemas públicos de alquiler no se consigue de un día para otro. Precisamente por eso es tan importante empezar cuanto antes y mantener las políticas en el tiempo.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo. Y creo que las administraciones tenemos la obligación de responder con ambición, rigor y resultados concretos.

Si la movilización contribuye a consolidar la vivienda como una prioridad pública permanente y a generar consensos para desarrollar políticas más eficaces, habrá tenido un efecto positivo. Pero el éxito deberá medirse, sobre todo, por nuestra capacidad para conseguir que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda digna y a mantenerla en el tiempo.

“El verdadero antes y después no lo determinará exclusivamente una jornada de movilización, por importante que pueda resultar, sino nuestra capacidad colectiva para transformar esa presión social en políticas públicas eficaces”