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ELA ha presentado un informe sobre la crisis de vivienda en Hego Euskal Herria que analiza cómo el actual modelo inmobiliario genera pobreza y desigualdad, denuncia la insuficiencia de las políticas públicas y plantea medidas para acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda.

El sindicato que dirige Mitxel Lakuntza hace referencia a cómo los sueldos de las clase trabajadora se transfiere en gran medida al pago de los alquileres de la vivienda. “Cada año se tranfiere cientos de millones de euros de las rentas bajas a las altas. Según el informe, en la CAPV y Navarra se pagan 1.338 millones de euros anuales en alquileres, de los cuales el 40% de la población con menos ingresos asume el 62% de esa factura, mientras que el 20% más rico recibe el 55% de todos los ingresos generados por los arrendamientos. Estos datos muestran cómo el alquiler se ha convertido en un mecanismo de transferencia de riqueza de quienes menos tienen hacia quienes concentran la propiedad”, indican desde ELA.

Otro negocio muy lucrativo es el de las hipotecas. Leire Gallego, responsable de acción social del sindicato ha denunciado el negocio que hace la banca con la vivienda: “una hipoteca media en Hego Euskal Herria supone pagar 67.000 euros en intereses a los bancos”. De la misma forma, cada vez más empresas o fondos se están apropiando de viviendas en nuestros barrios: “en los últimos 6 años el número de viviendas turísticas ha aumentado un 22% y cada vez más viviendas en alquiler están en manos de grandes propietarios. En Navarra el 30% del parque de alquiler está en sus manos”.

Aitor Murgia, responsable del Gabinete de Estudios, ha advertido que la vivienda es uno de los principales factores de empobrecimiento de la población. Según Murgia, la tasa de pobreza en la CAPV y Navarra pasa del 17,1% al 25,7% después de pagar la vivienda, mientras que en el caso de quienes pagan alquiler aumenta del 41% al 68%. En ese sentido, los precios de la vivienda han crecido el doble que los salarios. Desde 2015, el precio de compra ha aumentado un 66% en la CAPV y un 63% en Navarra, mientras que los salarios han aumentado un 35% y un 32%, respectivamente.

La escasez de vivienda protegida, especialmente de alquiler, agrava todavía más el problema. Además, la mitad de las viviendas construidas con recursos públicos en la CAPV ha perdido o va a perder la calificación. En Navarra, la gran mayoría de vivienda protegida pasará a ser privada en los próximos años. “Todo ello mientras 112.095 personas esperan una vivienda protegida en la CAPV y 24.721 en Navarra”, subrayan desde ELA.

ELA pide asumir responsabilidades a los gobiernos, diputaciones y ayuntamientos

ELA considera que esta situación no es inevitable, sino que responde también a las políticas de vivienda desarrolladas durante décadas por el Gobierno de Gasteiz e Iruñea, así como por las Diputaciones y Ayuntamientos. Lakuntza ha advertido del fracaso de las políticas de vivienda, donde se ha priorizado un modelo que ha beneficiado a las empresas constructoras y la banca a través de la vivienda en propiedad, se ha destinado una financiación insuficiente al alquiler público y no se han utilizado todos los instrumentos disponibles para frenar la especulación. “El alquiler protegido representa el 2,6% de las viviendas en la CAPV y el 2% en Navarra, frente al 6,5% europeo. Para alcanzar esa media, Hego Euskal Herria necesita 58.000 viviendas más”, ha advertido Lakuntza.

El secretario general ha denunciado que los gobiernos de Pradales y Chivite, principalmente, y, en menor medida, las diputaciones y los ayuntamientos tienen amplias competencias para actuar contra la especulación y garantizar el derecho a la vivienda. En este contexto, ha destacado la importancia de la huelga general del 11 de noviembre para exigir un cambio radical en las políticas de vivienda.

Ante el modelo actual, Leire Gallego ha presentado una serie de medidas que permitan acabar con la especulación y garanticen el derecho a la vivienda. Desde ELA proponen prohibir los desahucios sin ofrecer una alternativa habitacional, prohibir la especulación inmobiliaria impidiendo que fondos de inversión y sociedades especulativas adquieran viviendas, expropiar viviendas a fondos que incumplan su función social y la creación de una banca pública que acabe con el negocio y el abuso de los bancos tradicionales. Por otro lado, ELA propone que se intervengan los precios del alquiler extendiendo las zonas tensionadas a todo Hego Euskal Herria, ampliar notablemente el parque público de alquiler, cambiar la fiscalidad de la vivienda eliminando los beneficios fiscales a propietarios y gravar más los ingresos de los grandes tenedores. Para acabar, demandan que las instituciones vascas asuman plenamente las competencias para regular el alquiler, la propiedad, la financiación, la función social de la vivienda y la protección frente a los desahucios.

El sindicato subraya, finalmente “que la movilización social es fundamental para conseguir este cambio y sitúa la huelga general del 11 de noviembre como una oportunidad para dar un giro radical a las actuales políticas de vivienda”.