El Ayuntamiento dice que el desalojo de zonas inundables de Aranzadi se realizó por seguridad y que no hay recursos suficientes para atender el sinhogarismo
Responde así a las críticas de colectivos que atienden a personas migrantes en situación de calle cuyas tiendas de campaña fueron retiradas de la zona fluvial del Arga en Iruñea.
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“Es una cuestión de seguridad. Se han retirado los asentamientos cercanos al Arga, en zonas inundables y en los que no se puede asegurar la seguridad y la integridad de las personas” en época de lluvias. Esta es la razón que el Ayuntamiento de Iruñea ofrece para explicar el desalojo de las personas que estaban en tiendas de campaña en Aranzadi. Asegura además que se les han ofrecido recursos de Acción Social para garantizar “una solución habitacional transitoria”.
Estas soluciones serían 3 noches de pernocta, ducha, con desayuno, comida y cena y servicio de higiene. Dicen fuentes del Consistorio que no hay albergues municipales sociales con camas vacías. “De hecho, se ha realizado una ampliación extraordinaria de 8 plazas en el albergue municipal para poder realizar el ofrecimiento”. Los colectivos que han denunciado el desalojo de Aranzadi pedían que el Ayuntamiento pusiera a disposición de estas personas, por ejemplo, el albergue Jesus y Maria “recientemente clausurado”. Sobre el ofrecimiento de un billete de autobus para trasladarse a otro lugar, explican que ese es un servicio que tienen a su disposición las personas sin recursos para poder desplazarse por los motivos que consideren oportuno, y se concede una vez al año. “Es un servicio que existe y sobre el que, simplemente, se informa”, añaden.
Otro de los puntos muy polémicos ha sido que algunas de las personas desalojadas han denunciado que sus pertenencias les han sido sustraidas. “Hasta donde Acción Social sabe, no es cierto”, indican desde el Ayuntamiento, que asegura que “se dio la opción de recogerlas a todo el mundo y con margen suficiente”.
Desde el Ayuntamiento niegan que se vayan a producir desalojos de asentamientos si no están en zonas del ámbito fluvial inundables.
800 personas empadronadas en los servicio sociales
Colectivos sociales que reclaman el empadronamiento como una vía para la adquisición de derechos básicos (salud, educación, acceso a determinadas ayudas) vienen reclamando que no se cierre esta puerta por el hecho de no tener una vivienda donde empadronarse, y acusan al Ayuntamiento de obstaculizar procedimientos. Desde el Consistorio niegan la mayor. “No se niega el empadronamiento, las personas que están en situación de calle en la ciudad de manera habitual si lo solicitan pueden acceder al empadronamiento social, en los 3 últimos años han sido empadronadas más de 800 personas en los servicios sociales de Iruñea. Ese empadronamiento se hace en las unidades de barrio, y otros recursos municipales como el albergue de Trinitarios o el comedor “on egin”.”
Reunión con Asirón
Durante la rueda de prensa de ayer, los colectivos que acompañan a las personas migrantes reclamaron una reunión al más alto nivel, con el propio Joseba Asirón. Dicen que siempre les derivan a reunirse con algún concejal, pero que en esta ocasión quieren verse cara a cara con Asirón. “Que sepamos no ha llegado esa petición, pero, no obstante, el alcalde mantiene una interlocución constante y fluida con estos y otros colectivos que trabajan en el ámbito del sinhogarismo”, indican desde el Ayuntamiento.
3,6 millones de euros para atender el sinhogarismo
Como han hecho en otras ocasiones,desde el Ayuntamiento han querido poner en valor los esfuerzos presupuestarios realizados en los últimos 3 años hasta casi triplicar el presupuesto destinado a atender a las personas en situación de calle, que llega a los 3,6 millones. Sin embargo, aseguran haber llegado al límite. “Los recursos municipales son limitados. Éste no es un problema de sinhogarismo sino una consecuencia de los movimientos migratorios que se están dando a nivel mundial y, especialmente, en Europa”, e Iruñea “no tiene la capacidad para asumir, desde lo local, las soluciones a un problema que es global”. Aun así, aseguran que tratan de “impulsar foros en los que todas las administraciones que tienen competencias (desde el Estado a los Ayuntamientos) traten de poner en común recursos para buscar soluciones habitacionales a estas personas”.
