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En Gara han aparecido varios artículos de Beñat Zaldua resumiendo la primera temporada del podcast «Petroherria», donde Xan López, Cristóbal Gallego y Mar Rubio construyen un relato coherente y atractivo: la transición energética es una oportunidad histórica, el capitalismo verde es un socio incómodo pero necesario, China es el modelo emergente frente al «fascismo fósil» estadounidense, y la tarea de la izquierda es tejer un «frente amplio eléctrico» con gente muy diversa que no tiene por qué ponerse de acuerdo en otra cosa. Escribo estas líneas sosteniendo la posición contraria en cada uno de esos puntos.

¿Fracción o mano de pintura? Gallego distingue entre un capitalismo verde que invierte en descarbonizar y un capitalismo fósil dispuesto a acabar con todo lo avanzado. Esa distinción presupone justo lo que habría que demostrar: que existen dos fracciones de capital con intereses antagónicos, y no una única lógica de acumulación que se reviste de verde cuando la rentabilidad lo permite y vuelve al fósil cuando no. El capital no tiene color, tiene tasa de retorno. Iberdrola, Repsol, BlackRock o los fondos soberanos del Golfo no son «capitalismo verde» enfrentado a «capitalismo fósil»: son capital que arbitra entre activos según su rentabilidad esperada. Llamar a esto una fracción de clase distinta es tomar la cosmética por la anatomía.

Una contradicción que conviene a quien la enarbola. López admite que «renuncias a abolir el capitalismo» al aliarte con el capital verde, y lo justifica apelando a una contradicción interburguesa que la izquierda podría aprovechar. Pero cabe preguntarse a quién beneficia esa narrativa. Si la disputa entre capital fósil y capital verde fuera real y antagónica, no se explicaría que los mismos Estados petroleros del Golfo diversifiquen a la vez hacia el hidrógeno verde y el litio. La ficción de la contradicción permite presentar la negociación con el capital como una guerra de posiciones en la que la izquierda elige bando dentro del capital, en lugar de plantear la disputa en términos de clase.

Lo que dicen los propios datos. Rubio aporta cifras que merece la pena tomar en serio: en Europa las renovables reducen emisiones y la fotovoltaica se implanta a un ritmo sin precedentes. Pero el dato incómodo que ella misma ofrece desmiente la tesis de fondo: 2024 fue el año en que más carbón se quemó en toda la historia de la humanidad. La transición no está sustituyendo a las fósiles; se está sumando a ellas.

Ucrania no es una buena noticia. López llega a sugerir que la invasión rusa de Ucrania «fue una aceleración de la implantación de renovables» en Europa, casi como lectura optimista. Convertir una guerra de agresión, con decenas de miles de muertos, en un dato favorable para la transición es un ejercicio de cinismo geopolítico. Esa aceleración no vino de una planificación consciente: vino de la necesidad europea de sustituir el gas ruso sin tocar el modelo energético privatizado, y se pagó, además de con vidas, con la reapertura de centrales de carbón y nuevos contratos de gas licuado con Qatar y Estados Unidos.

Contra la «revolución electro-técnica». El entusiasmo por esa expresión presupone un determinismo tecnológico: basta con que la tecnología esté disponible y sea más barata para que el cambio social deseable se produzca. Pero ninguna transición energética previa fue neutral ni espontánea; estuvo mediada por guerras, imperios y dependencias comerciales. Que la fotovoltaica sea la tecnología de implantación más rápida de la historia no dice nada sobre quién controla esa implantación ni bajo qué relaciones de propiedad se despliega.

Colonialismo energético, no «maleabilidad». Gallego rechaza el concepto de «colonialismo energético» por considerarlo manipulable, reduciendo el problema a un reparto de beneficios. Es la operación eurocentrista central del discurso «realista»: reconoce el problema, pero lo aísla de su contexto estructural. El litio boliviano y chileno, el cobalto congoleño, las tierras raras chinas, los territorios saharauis y marroquíes convertidos en plataforma de exportación solar hacia Europa no participan de la transición en pie de igualdad: proveen materia prima barata mientras cargan con la contaminación y la devastación hídrica, reproduciendo, con paneles solares en lugar de barcos de vapor, la vieja jerarquía centro-periferia. Como escribe Josefa Sánchez Contreras en «Despojos racistas», el colonialismo ha sido fundamental para generar la huella antropogénica en la Tierra, y la crisis múltiple del siglo XXI hunde sus raíces en las jerarquías raciales, de género y de clase.

¿Es China el modelo? López presenta a China como polo alternativo al «fascismo fósil», cabeza de un nuevo modelo renovable. Pero el propio dato de Rubio lo desmiente: China quema hoy la mitad de todo el carbón del planeta, y 2024 fue su año de mayor consumo de carbón. Que lidere a la vez la fabricación mundial de renovables y la construcción de centrales térmicas no es una contradicción menor: es la prueba de que no ha roto con la lógica fósil-extractivista, sino que ha añadido lo renovable como una línea de negocio más.

La urgencia como coartada. López descarta seguir haciendo «lo de siempre» durante años, confiando en que las ideas correctas transformen la realidad poco a poco; llega a llamarlo «incluso peligroso». No es el sectarismo lo que descarta, sino la construcción organizativa lenta, sindical, local y de base. Y ahí la urgencia climática, siendo real, empieza a funcionar como coartada. Puede justificar que aceleremos la construcción de fuerza propia —sindicatos en los sectores energético e industrial, coordinadoras vecinales federadas, plataformas locales contra la implantación especulativa que se conectan entre sí, alianzas estables entre movimiento obrero y ecologista—, o puede justificar el atajo: sentarse directamente a negociar con quien ya tiene el poder de inversión, sustituyendo la construcción de sujeto político por la gestión de alianzas de cúpula.

La alternativa. No se trata de nacionalizar de un plumazo, sino de una acumulación planificada: control público directo de la generación y distribución eléctrica, planificación estatal —no negociada, sino dirigida— de la industria de baterías y paneles, control público sobre los minerales críticos con condiciones estrictas para quienes los extraen, y renuncia expresa a presentar como aliado natural a un capital que solo invierte donde hay retorno garantizado. La pregunta no es si la transición energética debe ser rápida —lo debe ser—, sino quién la dirige y a beneficio de quién. Si la respuesta sigue siendo «el capital verde, porque no hay tiempo para otra cosa», no estamos ante una alianza táctica, sino ante una capitulación programática disfrazada de realismo.