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El Gobierno de Nafarroa ha concedido en 2026 cuatro permisos de investigación de minería a Iberian Copper. Esta empresa será la dueña exclusiva de los derechos del cobre de la mitad de los pueblos de Lizarraldea durante 3 años, prorrogables a otros 3. Sus socios están relacionados con Geoalcali, empresa promotora de Mina Muga y que ha saltado a los medios de comunicación por estar salpicada por casos de corrupción política.

Los tres proyectos de esta zona, denominados Eslava, Etayo y Solana, afectan a 31 municipios y diversas facerías, ocupando un total de 22.000 hectáreas. Los detractores de estos proyectos denuncian que presentan numerosas irregularidades e incumplimientos legales, y critican la falta de información, transparencia y participación.

Ecologistak Martxan ha recurrido los cuatro permisos, pero la empresa ya ha comenzado los trabajos en Sorlada, con la autorización del Ayuntamiento, incumpliendo los permisos otorgados y la ley, que obligan a hacer los trabajos en la localización especificada en el proyecto y sólo en terrenos clasificados como zonas de cultivo.

Además, se trata de Hábitats Naturales Prioritarios, protegidos por la Directiva Hábitats de la Unión Europea. También se ha contituido una plataforma, Lurgorri, contra la minería, que aglutina a vecinos y vecinas de los pueblos afectados como Oteitza, Lizarra, Mirafuentes, Espronceda, Arróniz, Urantzia o Sorlada, con un objetivo: “defender la comarca, los recursos naturales y la vida en los pueblos, haciendo frente común a especuladores que pretenden forrarse a costa de acabar con los recursos necesarios para la vida, como el suelo o el agua, dejándonos aquí la contaminación y los escombros”.

Aseguran que los impactos ambientales de la mineria, y también los sociales, económicos, demográficos o de salud, “son inadmisibles”.