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Pedro Sánchez en su discurso de investidura de 4 de enero de 2020 manifestaba: “El
Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la
recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la
Iglesia.“ Con esta referencia explícita venía a comprometer los programas electorales
del PSOE (apartado 2.3.1.) y de Unidas Podemos (apartado 137) y del Programa del
Gobierno de coalición (apartado 5.11). Carmen Calvo, con ocasión de la publicación del listado de las inmatriculaciones
realizadas con posterioridad a 1998, señaló que, cualquier persona física, jurídica o
administración pública que discrepase, podía reclamar sus derechos, abandonando
así a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litigasen en largos y costosos
procesos judiciales la recuperación de sus bienes arrebatados. El Estado no ofrece
una solución normativa y global al problema, tal como había prometido y, además,
promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. De “realizar las modificaciones
legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido
inmatriculados” nada de nada. Gobierno y jerarquía católica daban así carpetazo a la
problemática de las inmatriculaciones. Además, ese listado de inmatriculaciones resulta claramente insuficiente porque no
permite identificar siquiera la gran mayoría de los bienes y solo abarca el período
1998-2015 cuando las inmatriculaciones realizadas con anterioridad son mucho más
numerosas. Es necesario disponer de las notas simples de todas las inmatriculaciones
realizadas desde 1946 a 2015. La Subdirección General del Notariado y de los
Registros dispone de ellas. Es una exigencia democrática de transparencia. Si Navarra
consiguió obtener esas notas simples, ¿por qué no se puede en el resto del Estado?
Es necesario realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la
recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia y declarar la nulidad de
las inmatriculaciones; defender y reafirmar el compromiso anteriormente adquirido de
realizar las modificaciones legislativas para revertir las inmatriculaciones de la Iglesia,
Por otra parte, también es necesario retomar el paralizado anteproyecto de
reforma de la Ley de Patrimonio Histórico 16/1985, para definir jurídicamente los
bienes de dominio público e impedir por ley la privatización y venta de monumentos
catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC). Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de sus
responsabilidades, la coordinadora Recuperando y con ella la Plataforma de Defensa
del Patrimonio Navarro sí lo estarán.