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No hace falta ser un experto economista para ver a qué cuestiones nos vamos
a enfrentar: un gasto social imprescindible que aumentará de forma notoria, medidas
de impulso al tejido productivo, comercial, hostelero y cultural, paralelo a una
disminución muy importante de los ingresos fiscales. 

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, en el pasado pleno adelantó
cuál sería su posición ante un hipotético planteamiento de subida fiscal a
determinadas rentas, a las más altas y a las grandes fortunas. Vino a decir que en las
actuales circunstancias no parece muy justificada una medida que grave el entorno
empresarial. 

Curiosamente, la patronal de la Comunidad Autónoma Vasca, Confebask, se
ha descolgado con una propuesta para implantar un recargo especial en el IRPF para
financiar el endeudamiento público que se genere como consecuencia del COVID-19.
Digo curiosamente, porque solo lo plantean en el IRPF, y no en otros tributos que
también tendrían capacidad recaudatoria, si bien en el IRPF el efecto se multiplica por
centenares de miles de contribuyentes. 

Nuestro grupo parlamentario, a principios de abril cuando se debatió en el
Parlamento el primer Decreto Ley Foral aprobado por el Gobierno para hacer frente a
la crisis del COVID-19, presentó una enmienda en la que pedíamos que el Ejecutivo
antes de fin de 2020 propusiera en un proyecto de ley foral las modificaciones legales
necesarias para que “las empresas que hayan obtenido durante el presente ejercicio
unos beneficios contables superiores al 10% respecto de los del ejercicio de 2019
hagan una aportación extraordinaria a la Hacienda Pública de Navarra en la
liquidación del Impuesto de Sociedades”. Justificábamos esta propuesta señalando
que, del mismo modo que defendíamos que el tejido empresarial y el sector de
autónomos de Navarra que estaba (y está) sufriendo la incidencia de la crisis sanitaria
con consecuencias económicas y laborales debía de ser objeto de distintas ayudas
–impulsadas por distintas administraciones según sus competencias-, considerábamos
que va a haber una serie de empresas y otros sujetos pasivos del Impuesto de
Sociedades que van a verse beneficiados por esa crisis. A este grupo de empresas
proponíamos que habría que exigirles una aportación extraordinaria –a estudiar la
cuantía y forma de determinación- a la Hacienda de Navarra para beneficio de toda la
sociedad, teniendo en cuenta los gastos extraordinarios que esta está teniendo que
afrontar durante la crisis y la merma de ingresos que se van a producir. 

Ningún grupo parlamentario votó a favor de esta enmienda, pero el debate
sobre quién o cómo se tendrán que afrontar los mayores gastos presupuestarios y los

menores ingresos no está cerrado ni mucho menos. En este contexto de “nueva
normalidad” hay que plantear la “nueva fiscalidad” como herramienta para una
sociedad más justa y sostenible, para que no se vuelva a repetir lo que sucedió en la
crisis financiera entre 2007 y 2012, cuando se priorizó el rescate del sistema financiero
a costa de los recortes en los servicios públicos y el consiguiente abandono de la
atención a las personas. 

Ya hay en el debate público distintas propuestas sobre medidas fiscales como
respuesta a la crisis económica y social derivada de la COVID-19. Sin perjuicio de poder
debatir muchas de ellas, calificadas como una “verdadera revolución del sistema fiscal”
creo que -en la línea de lo que propusimos con esa enmienda y como contrapunto a lo
que indica Confebask- hay una que destaca sobremanera como medida de choque: la
creación de una tasa temporal y extraordinaria con recaudación finalista para paliar los
efectos de la COVID-19, tanto en el ámbito sanitario como en el económico y social.
Este nuevo impuesto tendría que gravar la riqueza con tipos impositivos entre el 1% y
el 3% a partir de los patrimonios de 1 millón de euros (1% de la población más rica).
Con esta tasa en Navarra, según los datos del sociométrico del Impuesto de Patrimonio
de 2017 se podrían recaudar de forma extraordinaria más de 80 millones de euros. En
esta misma línea, habría que apostar por la creación de un impuesto permanente
sobre las grandes fortunas que tiene que suponer una consolidación y extensión de
esta “Tasa Covid”, con la unificación al impuesto sobre el patrimonio. 

Esta “nueva fiscalidad” tendría que permitirnos, sin más demora, el análisis de
los beneficios fiscales aplicados por la Hacienda Foral cuyo coste para 2020 en Navarra
será de unos 1.512 millones de euros (585 en los impuestos directos y 927 en los
indirectos), que son una de las causas de la ineficiencia recaudatoria del sistema fiscal
y que en muchos casos resultaban discutibles tanto por su utilidad pública como por su
carácter regresivo.