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Hay una diferencia elemental entre anunciar y planificar, y el 15 de septiembre la presidenta de Navarra escogió lo primero. María Chivite se plantó en las propias parcelas afectadas para presentar un “avance” del PSIS de ampliación de Sarriguren que, conviene decirlo sin rodeos, no es un proyecto: es una presentación de diapositivas. Doce láminas con infografías aéreas, cuatro elipses recortadas sobre un fondo verde y una flecha roja señalando dónde irá la guardería. El documento que debería sostener todo eso —memoria, estudio de viabilidad económica, evaluación ambiental estratégica, estudio de tráfico— no está redactado. La previsión es que la aprobación inicial llegue antes de que termine la legislatura en 2027 y que los movimientos de tierras comiencen dentro de dos o tres años. Estamos hablando de unas viviendas a quince años vista.

El propio avance lo dice sin rubor: unas 100 hectáreas a urbanizar, más otras 30 destinadas exclusivamente a nuevos viales. Ciento treinta hectáreas de suelo agrícola —el documento las llama, con una frialdad reveladora, “suelos agrícolas genéricos”— que dejarán de producir, de absorber agua, de sostener el ciclo ecológico que hoy amortigua el Valle de Egüés frente a la propia Comarca de Pamplona. No es una cifra abstracta: es el equivalente a borrar del mapa una superficie mayor que la propia Sarriguren actual.

Y ese suelo no se recupera. No hay compensación posible, ni medida correctora, ni “zona verde de sustitución” que devuelva a una hectárea de cultivo su función una vez está bajo un bloque de viviendas o bajo una rotonda de la PA-30. El propio plan reconoce que el ámbito afecta a regatas fluviales y a una vía pecuaria históricas, elementos que hoy articulan el paisaje y el drenaje natural del valle y que en el papel aparecen ya troceados, reconvertidos en “paseo fluvial” decorativo dentro de una trama de bloques. Convertir un corredor ecológico en un elemento de jardinería urbana no es sostenibilidad: es maquillaje.

El Valle de Egüés ya es, con diferencia, la zona de mayor crecimiento demográfico y de mayor presión urbanística de toda Navarra. Añadir 6.000 viviendas más —sin contar el millar adicional que ya se cocina en Erripagaña, Berroa u otros suelos próximos— no es “ampliar” un municipio: es agotarlo. Es empujarlo hasta un punto en el que ya no habrá vuelta atrás para su identidad, su paisaje, su acuífero, su movilidad ni su carácter.

Esto no es exagerar, este proyecto es la sentencia a muerte de un modelo de valle. Un territorio no soporta una densificación de esta magnitud sin que se rompan sus equilibrios básicos: la desproporción entre sus diversas localidades, las tremenda disparidad del ámbito de sus poblaciones, además del ciclo del agua, la calidad del aire, la biodiversidad de sus regatas, la capacidad de una infraestructura viaria pensada para otro modelo de ocupación. Y lo que se rompe en el Valle de Egüés no se queda en el Valle de Egüés: arrastra a toda la Comarca de Pamplona y, por extensión, al equilibrio territorial de Navarra entera, que lleva décadas concentrando población, servicios y presión urbanística en un único cuadrante mientras el resto del territorio se vacía.

Lo más grave no es solo lo que este plan destruye, sino lo que evita hacer. Navarra tiene hoy miles de viviendas vacías, parques de VPO envejecidos que perdieron su calificación protegida al cumplir los veinte años, cascos urbanos consolidados con infraestructura ya construida —agua, luz, colegios, centros de salud— que solo necesitan rehabilitación, movilización del parque existente y una política decidida contra los grandes tenedores. Esa es la política de vivienda que exige este momento: intervenir sobre lo que ya está construido, no sobre lo que aún es campo.

El Gobierno de Navarra ha optado por el camino contrario. Es más fácil, más vistoso y rentable electoralmente anunciar seis mil viviendas nuevas sobre un campo de cebada que enfrentarse a los propietarios que mantienen pisos vacíos, que regular con firmeza a los grandes tenedores o que invertir en programas serios de rehabilitación del parque existente. Ocupar suelo virgen es la respuesta fácil cuando no se quiere —o no se sabe— hacer política de vivienda real. Es, literalmente, una huida hacia adelante: en lugar de resolver el problema donde está, se agrede al territorio que aún queda libre.

El avance dedica una lámina a las infraestructuras viarias: cuatro nuevos enlaces con la PA-30 —Olaz, Mendillorri, Mugartea y Mutilva—, un vial de servicio en el tramo Mugartea-Olaz y la mejora de dos rotondas. Badostáin, un concejo pequeño que quedará atravesado por esa infraestructura diseñada para dar servicio a viviendas ajenas no aparece en ninguna lámina: es la mancha ocre del margen del plano. Es lo que se entiende por una zona de sacrificio.

Y aquí llega lo más grave de todo: El 29 de abril el Pleno del Valle de Egüés votó a favor de pedir la paralización y retirada del PSIS. Ese “no” ha servido de coartada perfecta durante meses: la alcaldía y la mayoría de los grupos municipales se han presentado ante sus vecinos como quienes plantaron cara al Gobierno foral. Pero mientras se escenificaba ese rechazo en el Pleno, el mismo equipo de gobierno mantenía —y mantiene— una propuesta formal y detallada de condiciones para que el desarrollo “resulte viable”, reclamaba protocolos de colaboración, discutía porcentajes de vivienda reservada al Ayuntamiento y negociaba quién paga la próxima Casa de Cultura. No se puede pedir la retirada de un plan por la mañana y negociar sus contraprestaciones por la tarde. Eso no es resistencia institucional: es un doble discurso, y los vecinos del valle merecen saber cuál de los dos es el real.

Porque quien se sienta a negociar el precio de una imposición deja de estar en condiciones de rechazarla. Y lo hace, además, sin memoria: el primer PSIS de Sarriguren también traía su convenio de cofinanciación, y aquel convenio se incumplió. Veinte años después seguimos discutiendo quién paga los equipamientos de la ecociudad “modelo”, y el mismo equipo que hoy negocia sabe perfectamente cómo terminó la vez anterior.

Pero hay algo todavía más grave que el propio doble discurso: mientras la alcaldía y esa misma mayoría de grupos dedican meses a este regateo con Cohesión Territorial, mantienen paralizado —con su silencio o con su complicidad activa— el Plan General Municipal. Ese Plan General es, precisamente, la herramienta que permitiría al valle decidir su propio modelo de crecimiento: con participación ciudadana real, con debate público, con ordenación pensada desde el municipio y no impuesta desde fuera. Es la vía democrática. Y es la que el equipo de gobierno deja encallada mientras negocia las condiciones de un plan foral que dice combatir. No se puede defender la autonomía municipal de palabra y, al mismo tiempo, dejar en el cajón el único instrumento que la haría efectiva.

Que se retire el avance del PSIS. Que se desbloquee de una vez el Plan General Municipal y se tramite con la participación que el PSIS nunca ha tenido. Que se apueste por una política de vivienda que actúe sobre lo construido —movilización del parque vacío, freno real a los grandes tenedores, calificación indefinida de la vivienda protegida— en lugar de sobre el suelo que aún respira. Y que la alcaldía y los grupos municipales elijan, de una vez, entre oponerse de verdad o negociar en serio, pero que dejen de hacer las dos cosas a la vez delante de sus vecinos.