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La nueva Ley Foral de Industria y Fomento Empresarial de Navarra —admitida a trámite el 15 de junio de 2026, con enmiendas hasta el 15 de septiembre— llega envuelta en las palabras de siempre: transición ecológica, digitalización, economía circular. Suena bien. Demasiado bien. La norma proclama que quiere convertir a Navarra en “un referente industrial en Europa”. Pero ¿de qué Europa hablamos? ¿La que quiere convertir el Mediterráneo y las fronteras de Ceuta y Melilla en una inmensa fosa común? ¿La que levanta muros para las personas mientras abre autopistas para los minerales?

La libre circulación solo parece un derecho cuando viajan capitales, mercancías o litio; nunca cuando quien llama a la puerta es un ser humano. Mueren hombres, mujeres y menores cuyo único delito consiste en buscar una vida digna. No son tragedias aisladas. Son la consecuencia lógica de una política migratoria construida sobre la externalización de fronteras, la militarización y la deshumanización del otro. No puede hablarse de una transición ecológica justa mientras se acepta que miles de personas mueran para proteger el bienestar material europeo.

El propio consejero de Industria firmaba hace unos días un artículo en el que citaba a una psiquiatra para recordarnos que “el 90% de las cosas que nos angustian nunca ocurren” antes de enumerar, él mismo, los datos que sí deberían angustiarnos: caída de las exportaciones, retroceso de la producción industrial, fin de los fondos Next Generation. Alertando de la ralentización industrial en Navarra y proponiendo tres pilares para reactivarla: agilidad administrativa (la propia Ley Foral), consolidación del ecosistema (el Plan de Reactivación Industrial) y más financiación pública para atraer inversión.

Tres nombres para la misma apuesta de siempre, la de que solo hay futuro si hay más crecimiento, más agilidad para las empresas y más dinero público a su disposición. El propio consejero cita a Jean Monnet para reclamar audacia; la audacia real sería cuestionarse si no es el propio modelo el auténtico problema.

El texto de la ley no cuestiona ni una sola vez la lógica que ha provocado la emergencia climática. La da por supuesta. La crisis ecológica no se aborda como el resultado de un sistema que necesita crecer permanentemente, sino como una oportunidad para abrir mercados y acelerar una nueva industrialización.
Esta ley traduce a escala local el Pacto Verde Europeo y el Reglamento de Materias Primas Fundamentales, que presentan la transición ecológica como una carrera gigantesca por garantizar el suministro de litio, cobre, cobalto, níquel o tierras raras. La prioridad ya no es consumir menos materiales o menos energía, sino asegurarse el acceso a ellos antes que los demás.
Se trata de un tablero en el que Estados Unidos es un competidor directo por esos minerales críticos, con sus aranceles, su guerra comercial y una disputa geopolítica que ya no se libra solo con tarifas, sino con guerras reales que salpican las rutas de suministro. Un tablero en el que, además, Europa juega un papel secundario, revestida de una falta de liderazgo y de criterio propio frente al genocidio de Gaza, la agresión permanente contra Cuba y los demás ataques del supremacismo norteamericano.
Navarra pretende subirse a esa carrera como si fuera neutral, como si “convertirse en referente de Europa” tuviera algún significado real en el pulso actual entre potencias. Sin embargo, el consejero lo celebra cuando anuncia que las baterías son ya “sector estratégico” y presume de haber atraído a la china Hithium. Pero no dice de dónde saldrán esos minerales ni a qué precio humano y ecológico.
El coche eléctrico se ha convertido en el símbolo perfecto de esa ficción. El propio consejero menciona con orgullo la adaptación de la planta de Landaben a los nuevos modelos eléctricos como parte de la solución a la ralentización industrial. Pero ¿es realmente posible y sostenible sustituir cientos de millones de automóviles de combustión por cientos de millones de automóviles eléctricos? Las baterías requieren litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras en cantidades gigantescas. los Andes son perforados para extraer litio, el Congo sigue alimentando el mercado mundial del cobalto y enormes territorios son convertidos en simples almacenes de materias primas. Bastan tratados comerciales, deuda, inversiones y un lenguaje cuidadosamente esterilizado que habla de “autonomía estratégica”, “materias primas críticas” o “seguridad de las cadenas de suministro”.

Y ese extractivismo ya no se limita al Sur Global. Las llamadas “zonas de sacrificio” —minas, macro parques renovables sin planificación, centros de datos sedientos de agua y energía, macro granjas, Tren de Alta Velocidad— se multiplican también en Extremadura, Galicia, Aragón o Navarra. Ahí encaja el “Plan de Reactivación Industrial” que anuncia el consejero: no como alternativa a esa lógica extractiva, sino como su gestión administrativa.

¿Cómo puede una ley decir que incorpora perspectiva de género si ignora que el extractivismo golpea primero y con más dureza a las mujeres? ¿Cómo puede combatir el cambio climático si nunca cuestiona el crecimiento permanente del consumo de materiales y energía?

Conviene mirar también el procedimiento: el resumen de las aportaciones presentadas en el proceso participativo a esta ley muestra que el cien por cien proceden de patronales y empresas interesadas en el negocio industrial. Es difícil encontrar una imagen más precisa de la captura corporativa de las políticas públicas. Y es precisamente esa ley, nacida de esa “participación”, la primera de las tres patas que el consejero considera imprescindibles.

La verdadera pregunta no es cómo ser más ágiles para atraer más inversión antes de que “la crisis llame a la puerta”, como plantea el consejero. La verdadera pregunta es cuánto estamos dispuestos a reducir para vivir dignamente dentro de los límites del planeta. Eso exige planificación democrática: decidir qué producir, cuánto y para quién, y situar en el centro los cuidados, la vivienda y la soberanía alimentaria, en lugar de competir por inversiones o por minerales.

Navarra todavía está a tiempo de abrir ese debate. Esta ley hace lo contrario: lo clausura, y presenta como inevitables el crecimiento y la competitividad justo cuando nos han traído al borde del colapso. No basta con pintar de verde el colonialismo. No basta con llamar reactivación a la misma receta de siempre repetida con más urgencia. No basta con electrificar el consumo para seguir consumiendo igual. No basta con llamar transición a una nueva fiebre extractiva.

Porque no habrá transición ecológica mientras existan territorios de sacrificio. No habrá justicia climática mientras la riqueza de unos dependa del expolio de otros. No habrá igualdad mientras las mujeres sigan soportando el peso de un modelo depredador. No habrá una Europa coherente mientras sus fronteras sigan siendo lugares donde la vida humana vale menos que el litio. Todo lo demás no es una transición. Es simplemente el viejo colonialismo aprendiendo el color verde.