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Hace un poco más de un mes que acabó la etapa de solicitud del proceso de la regularización extraordinaria de personas migrantes. Ha sido un logro del movimiento migrante organizado, que consiguió alcanzar a unas 1,17 millones de personas en todo el estado. Después de muchos meses de trabajo duro, es ahora un buen momento para reflexionar sobre este proceso y cómo lo hemos vivido desde SOS Racismo Nafarroa.
La aprobación de la ILP en enero, llegó de sorpresa, después de más de dos años encajonada, siendo utilizada como arma política de partidos de derecha. Ante la inacción del gobierno “progresista” y los partidos de izquierda, esta noticia generó mucha incertidumbre a las personas migrantes, ya que no se sabía muy bien cómo iba a ser el proceso de la regularización, ni cuando iba empezar la tramitación de los expedientes. Es por eso que desde SOS Racismo Nafarroa decidimos apostar por acompañar a las personas migrantes, en un principio brindando toda la información oficial disponible y luego en la tramitación de los expedientes como entidad colaboradora.
Desde el primer momento supimos que no se trataba de un simple trámite administrativo. Detrás de cada expediente había un proyecto de vida siendo amenazado por la incertidumbre, por el miedo y los años de espera. Nuestro objetivo principal fue garantizar un trabajo riguroso y accesible para que ninguna persona se quedara sin acceder al proceso por falta de información o acompañamiento. Nos enorgullece poder decir que hemos acompañado a cientos de personas en un momento decisivo de sus vidas y comprobar, una vez más, la enorme capacidad de organización y apoyo mutuo del movimiento migrante.
Sin embargo, esta regularización dejó de manifiesto las carencias del sistema. La falta de información clara durante las primeras semanas, los continuos cambios de criterios, los bulos, desinformación, las dificultades para conseguir citas en oficinas habilitadas por la administración, trasladaron una gran parte de la responsabilidad a organizaciones y colectivos que, una vez más, tuvimos que responder con recursos limitados. Además, se puso en evidencia la falta de acceso a derechos básicos como el empadronamiento, documento imprescindible para el acceso al sistema de protección social, para la expedición de la tarjeta de residencia y el servicio navarro de empleo.
Una vez más comprobamos que la ley de extranjería empuja a las personas en situación administrativa irregular a unos márgenes donde los deja totalmente vulnerables a abusos y estafas. La falta de información, la complejidad de los procedimientos, la brecha digital y la violencia institucional, han provocado que proliferen gestorías que han encontrado en la extranjería un negocio lucrativo en el acceso a un derecho. Aunque estos trámites son gratuitos, muchas personas migrantes optan por pagar por ellos. Lo hacen porque el proceso genera un enorme estrés e incertidumbre y porque, en muchos casos, sienten que no pueden afrontar por sí solas unos procedimientos administrativos complejos mientras lidian con las dificultades cotidianas que implica vivir en situación irregular.
Durante el acompañamiento también hemos constatado los numerosos obstáculos que han encontrado las personas para reunir la documentación exigida. Uno de los principales ha sido la obtención de los certificados de antecedentes penales de sus países de origen. Para
muchas personas, conseguir estos documentos ha supuesto enfrentarse a administraciones ineficaces, consulados saturados, elevados costes económicos e incluso a situaciones de riesgo derivadas del contexto político o de seguridad de sus países. Todo ello ha evidenciado, una vez más, que los requisitos administrativos no siempre tienen en cuenta la realidad y los tiempos de las personas a los que van dirigidos.
Actualmente las personas que se han beneficiado de esta regularización siguen esperando la aprobación definitiva de sus solicitudes. Según datos del Ministerio de Migraciones, sólo 11.000 expedientes de los 1,17 millones de solicitudes han sido resueltos definitivamente, 608.000 solicitudes han sido aprobadas provisionalmente y 158.000 han sido dados de alta en la Seguridad social. Esto deja en evidencia a la administración pública, que no ha estado a la altura del proceso, incumpliendo los propios tiempos previstos para la resolución definitiva de los expedientes.
Desde nuestra organización reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo los derechos fundamentales de todas las personas. Ninguna persona debe ser criminalizada por migrar, porque la migración es un derecho humano y es un deber garantizar vías seguras para hacerlo.
Sabemos que en estos tiempos estamos siendo amenazados por un auge de los discursos racistas, que utilizan a las personas migrantes como chivo expiatorio para crear más odio y división social. Ante ello, esta regularización ha demostrado que cuando las personas migrantes se organizan junto al movimiento social, se pueden conseguir cambios significativos en las políticas del estado. La regularización extraordinaria ha sido una respuesta necesaria a una situación de injusticia estructural, pero no resuelve las causas que siguen condenando cada año a miles de personas a la irregularidad administrativa. Mientras siga vigente una Ley de Extranjería que produce exclusión, precariedad y vulneración de derechos, seguiremos exigiendo cambios profundos que sitúen la dignidad de las personas en el centro de las políticas migratorias.