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Parece novedoso la forma en la que ETA y los agentes mediadores

(Lokarri, Foro Social Permanente, CIV, Artesanos y otros) han resuelto la carencia de implicaciones

claras de los estados francés y español en el proceso de paz. La imagen de una organización armada

obedeciendo un mandato popular es sin duda positiva y expresa que lo político está por encima de lo

militar. Pero si bien no deja de ser innovador y valiente el proceder de pacifistas y mediadores, la

resolución sigue rotando en el paradigma maximalista de la legitimidad de la violencia de Estado, al

que definitivamente se entregan unas armas. El significado de la paz, una paz revolucionaria, pasa, en

mi opinión, por el cuestionamiento de este modelo absolutista, caduco y ficticio de legitimidad; si se

quiere realmente un cambio en que lo político prime por encima de lo militar en las relaciones

internas y entre los pueblos. Una violencia de Estado que tiene sus expresiones más cruentas en las

“ejecuciones” llamadas en su día “extrajudiciales” aun sin aclarar (Sanfermines 78), la depuración de

responsabilidades en la toma de decisiones (no es el caso Cabacas), los cientos de casos de torturas

que el señor Atucha sigue empeñado en minimizar y toda suerte de vulneración de derechos

humanos, civiles y sociales (léase desahucios) perpetrados por los excesos de funcionarios de las

fuerzas de “seguridad” en nombre del Estado o por aparatos mercenarios controlados e

incontrolados. Una violencia de estado que incluye violencia cultural y práctica contra la soberanía

popular y el derecho de las gentes a decidir sus propias condiciones de futuro directa y libremente; la

violencia de la ley mordaza contra el derecho de reunión o la libertad de expresión. 

Al mismo tiempo que se dan pasos de desarme unilateral por parte de una organización de

estilo militar, los Estados y sus reproducciones locales se rearman con más policía (ertzantza, policía

foral…), medidas de control social, propagandísticas (programas televisivos pro militarismo de

Estado) o aumento de los presupuestos de “defensa”. En este sentido llevamos tiempo observando el

uso intensivo del parque natural de las Bardenas, maniobras militares de tierra en diferentes pueblos

(Artxanda, Leitza, Larraun, Lekumberri, Urkiola), y, que se sepa, el Plan Zona Especial Norte no se ha

abolido; los mecanismos de guerra siguen funcionando (caso Alsasua o la continuidad del derecho del

enemigo expresado la imputación de terrorismo a todo tipo de manifestación de violencia bajo el

paradigma “todo es ETA”) o la estrategia del negacionismo de la violencia de Estado, a cargo del PP

por medio del recurso contra la ley autonómica de víctimas policiales, lo que también podría

interpretarse como una forma de afirmar el dominio del Estado central y el control del paradigma de

la legitimidad violenta. Toda disidencia en la ZEN es sospechosa. Da igual seas violento o no violento

(mientras no sea un pacifismo acrítico y útil a la Paz Romana), como se demostró en la época de la

insumisión antimilitarista; todo lo que se oponga al status quo es el enemigo a batir. Como han

reiterado una y otra vez sus defensores, el Estado no está en tregua. Los Estados nunca están en

tregua, su violencia, sea la que sea, (buena o mala), es razón de Estado. O de Imperio, como el de la

OTAN. 

Para quienes intentamos pensar en términos civiles de resolución y no en términos de

presunción de culpabilidad y predelincuencia o en parámetros de amigo/enemigo,

vencedores/vencidos, conmigo/contra mí; las vías pacíficas se presentan, en ocasiones, duras y

difíciles; pero, sin duda, las únicas que pueden desmontar una concepción de las relaciones humanas

tan militarizada. Esta concepción resitúa de nuevo el atentado de Manchester al esquema binario,

reduciendo la complejidad de lo político, para así legitimar nuevamente acciones de guerra y seguir

trazando relaciones políticas y económicas geoestratégicas al margen de los marcos convencionales

de regulación democrática (una parte de lo que acaba de descubrir Jorge Mario Bergoglio). En

nuestro ámbito, desmilitarizar el pensamiento, recuperar con más profundidad la sensibilidad

perdida, podría abrir el camino a la resolución de los conflictos derivados de una concepción

militarista del Estado, de Poder contra poder. Esa vía conduce a la desmilitarización material: desde el

desarme de las policías municipales a la supresión de secretas, policías nacionales, guardias civiles y

militares y toda la logística de control político social, incluida la desmilitarización conceptual de lo

judicial (y del espacio de impunidad construido en parte por el propio aparato judicial). Compleja

sinergia de los diferentes antimilitarismos y pacifismos que podrían confraternizar de nuevo en

objetivos globales, contra el polígono de tiro en las Bardenas, o locales, como el proceso de paz,

dando forma a una posible demanda social más amplia. El modelo policial denominado

eufemísticamente propio y popular frente a un modelo que pueda cubrir los intereses de algunas

élites de recambio puede subsumirse y consentir con el sistema de desigualdades, olvidando que un

mundo más seguro es un mundo más justo, no uno con cámaras de videovigilancia en cada esquina y

una alta densidad policial. 

La lógica agenda política de víctimas, presos y reconciliación parece postergan este asunto

ineludible y, sin embargo, a mi modo de ver, en el meollo de la cuestión: para que no haya víctimas

generadas por los estados no será suficiente con que haya cámaras en las comisarías, se incluyan los

derechos humanos y el tratamiento a los detenidos en las oposiciones de policías o militares,

supriman las armas letales antidisturbios como los lanzapelotas o aprendan a decir buenos días; sino

que habrá de contemplarse la desaparición de las estructuras estatales de violencia y sus lógicas de

servicio a las élites o su sistema de dominación, el Estado; parte objetiva de la violencia estructural,

por impensable, no cuestionada. No es sólo con la ausencia de un solo tipo de armas, ni tan siquiera

con la desaparición de una sola organización armada, como se van a resolver los conflictos. A nadie

se le escapa que después de que ETA desaparezca y bajo la propaganda de que ETA es algo más que

una organización armada, podrían seguir exigiendo que desparezcan las organizaciones sociales de

apoyo a los presos, el EPPK, etc. 

Está en la raíz de las injusticias, las desigualdades, incluidas las de clase, y las diferenciaciones

culturales y sociales discriminatorias la matriz de una amplia gama de conflictos políticos, sociales y

culturales. Antes que la policía o el ejército, hay cuatrocientos “artesanos y artesanas” que podemos

contribuir a la convivencia y a la justicia social. La cuestión, pues, de la bilateralidad o de la

multilateralidad tanto como la resolución en términos civiles parece igualmente imprescindible para

construir nuevos espacios de entendimiento en un ejercicio de empatías que pueda dibujar un mapa

imaginario compartido. Por fin devuelta la humanidad al enemigo, reclamamos la humanidad

multilateral. Es cierto que hay mucho camino por delante, pues hay mucho pasado detrás frente a

todos, y, que hace falta un importante esfuerzo de imaginación (moral) para pensar ya en un

escenario en el que la dialéctica de la violencia se ha sustituido completamente por otro de

confrontación pacífica y de aproximación conjunta a la verdad. Aunque nadie nos enseñó la clave del

saber dialogar, por lo menos, una parte se desarmó. Por eso creo que es hora también de que ese

humanismo se objetive en un mandato social de desmilitarización integral. Tenemos derecho a una

paz justa, equilibrada, en beneficio de toda la sociedad y duradera, con toda la “ingeniería artesanal”

que seamos capaces de generar para la igualdad y la convivencia por encima de todas las armas y

todas las guerras.