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Mientras el consejero Mikel Irujo presenta su nuevo “PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) foral” como la tabla de salvación de la industria navarra, un estudio académico de la UPV/EHU y el BC3 recuerda una verdad incómoda que el Gobierno de Navarra sigue sin querer escuchar: la única transición energética que puede llamarse justa pasa por reducir drásticamente el consumo, no por regalar dinero público a las grandes corporaciones privadas.
El anuncio se realizó en un desayuno informativo el pasado jueves 27 de agosto. Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, flanqueado por la gerente de la CEIN, Uxue Itoiz, y el director de Fomento Empresarial, Iñigo Arruti, presentó un Plan de Descarbonización industrial de 150 millones de euros para 2027-2030. El mensaje de fondo, sin embargo, no ha cambiado un ápice respecto a los últimos años: más subvenciones, más “techo fiscal” eliminado, más facilidades para que las grandes empresas “dinamicen su inversión”. El mismo guion de siempre, ahora con nombre nuevo.
Porque de eso se trata, en el fondo, el “PERTE foral”: de sortear el final de los fondos Next Generation —que se agotan el 1 de enero de 2027— inventando un nuevo cauce, amparado en el marco CISAF (nuevo marco de ayudas) de la Comisión Europea, para seguir inyectando dinero público en el mismo modelo industrial de siempre. Un modelo que, según reconoce el propio Gobierno, permitirá elevar las ayudas hasta el 15% en grandes empresas, el 25% en medianas y el 35% en pequeñas.
El episodio más revelador de la comparecencia de Irujo fue, precisamente, lo que no dijo. Preguntado por la planta de Hithium —ya beneficiada con 81 millones de euros del programa Renoval 2—, el consejero se limitó a admitir que “las partes” han pedido “discreción absoluta” y que se negociará “en breve”, sin dar ni una sola explicación pública sobre las condiciones de un proyecto que compromete decenas de millones de fondos forales. Cuando el dinero es de la ciudadanía pero las condiciones las marca la empresa, algo falla en el reparto de poder.
Y no es un caso aislado. Entre 2021 y marzo de 2025, los Next Generation movilizaron en Navarra 1.393 millones de euros para 14.072 beneficiarios, de los que 872 millones se han repartido vía licitaciones estatales con adjudicaciones a nombres como Rockwool, Hithium o Sakana Coop. En automoción, 111,4 millones del PERTE VEC han ido a parar a Volkswagen, Hyundai Mobis y Gestamp. En transición energética, 83,2 millones se han destinado casi en su totalidad a un solo proyecto: la descarbonización de Rockwool en Caparroso, con 60 millones de inversión privada respaldados por 18 millones de fondos europeos.
El propio Irujo lo resumió sin sonrojo: “la energía renovable es la que producimos nosotros mismos, con lo cual la competitividad radica en que podemos ofrecer como territorio un precio estable”. Traducido: Navarra pone el territorio, la ciudadanía pone parte de la factura vía subvención pública, y la “competitividad” resultante se convierte en argumento de venta para atraer a multinacionales que, como reconoce el propio consejero sobre Hithium, ni siquiera están dispuestas a dar la cara públicamente.
Frente a este modelo de financiación pública de la gran industria privada, un artículo académico publicado en la revista Utilities Policy por investigadores de la UPV/EHU, el sindicato LAB y el Basque Centre for Climate Change (BC3) plantea un diagnóstico radicalmente distinto —y mucho más incómodo para quienes gestionan la política energética en Nafarroa.
El punto de partida ya es alarmante: Euskal Herria (CAV, CFN e Iparralde) depende en un 79% de los combustibles fósiles en su consumo primario de energía, lo que la convierte en el tercer territorio más dependiente de Europa, solo por detrás de Chipre y Malta. Una parte significativa de esa dependencia se traduce, además, en una relación comercial directa con Estados Unidos, origen de una parte relevante del petróleo y de más de la mitad de los buques de gas natural licuado que llegaron en 2025 al puerto de Bilbao. Cada barril y cada barco de gas comprado es, señalan los autores, una forma de financiar la escalada bélica y el poder geopolítico de la administración de Donald Trump.
Pero el dato central del estudio —el que el discurso institucional sistemáticamente evita— es otro: la demanda energética de Euskal Herria debería reducirse un 51% para 2050 para poder afrontar una transición que merezca el calificativo de justa. No se trata de generar más y más renovables para sostener el mismo modelo de consumo, sino de transformar de raíz la estructura socioeconómica, empezando por el transporte y la movilidad. Solo después de aplicar esa reducción drástica de la demanda tendría sentido, según los investigadores, plantear el segundo gran reto: multiplicar por 4,86 la generación renovable actual (un aumento del 386%), y hacerlo mayoritariamente bajo propiedad pública y comunitaria —un 65% pública y un 7% comunitaria en el escenario propuesto—, precisamente para evitar que ese despliegue quede en manos de la lógica del beneficio privado.
Nada de esto aparece en el relato que ofrece la Consejería de Industria. Irujo habla de “eliminar” el techo fiscal para que las empresas puedan “dinamizar su inversión”, mientras el estudio de la UPV/EHU insiste en que sin alterar las relaciones de propiedad de la energía —sin una apuesta decidida por lo público frente a lo privado— no habrá transición energética justa posible. Son dos modelos de país que no pueden convivir: uno que subvenciona sin condiciones a quienes más contaminan y más poder de mercado tienen, y otro que exige reducir el consumo y poner la energía bajo control democrático.
El consejero ofrece, como alarmantes, datos del tejido industrial de Navarra: una caída del 7,7% en la producción industrial del primer semestre, exportaciones a la baja y precios industriales al alza. El problema no es que el Gobierno actúe. El problema es cómo lo hace y a quién beneficia.
Cuando Irujo compara la situación navarra con el cierre de una planta de BSH en Alemania “cada 15 días” o alerta del auge de las importaciones chinas de subcomponentes eólicos, construye un relato de urgencia que sirve para justificar cualquier cantidad de dinero público destinado a las mismas multinacionales de siempre —automoción, química, baterías— sin exigir a cambio ni transparencia (véase el silencio sobre Hithium), ni una reducción real del consumo energético, ni un avance hacia la propiedad pública de la energía que se genera en el territorio.
El “PERTE foral” no es una respuesta a la crisis climática ni a la dependencia energética de Nafarroa: es una prórroga del mismo modelo extractivo y dependiente de los fondos europeos y de la buena voluntad de empresas que, cuando conviene, ni siquiera dan explicaciones. Mientras la ciencia advierte de que la única transición viable exige reducir el consumo casi a la mitad y poner la energía en manos públicas, el Gobierno de Navarra sigue prefiriendo que sea el dinero de todos el que sostenga los beneficios de unos pocos.