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En primer lugar nada dice el Informe para exigir que Geoalcali aclare

contundentemente cual es el proyecto que pretende hacer.

Por un lado está tramitando la Evaluación Ambiental de un proyecto de Mina a 20 años,

con sus beneficios y sus afecciones negativas. 

Por otro lado ha hecho un llamado Plan de participación a solicitud del Gobierno, pero

lo ha hecho sobre una Mina a 47 años, con 800 puestos de trabajo directos y 3.500

indirectos, cuyas afecciones negativas nadie conoce, pues no existe proyecto sobre ella.

El Informe del Gobierno no cuestiona este plan de participación por lo que parece que

lo da por bueno. 

Además según noticias de prensa, algunos alcaldes de la zona están encantados con esa

Mina de 47 años y 800 puestos de trabajo cuyo proyecto no existe.

Aquí surge la primera pregunta ¿Por qué el Informe del Gobierno no exige a Geoalcali

que renuncie a la tramitación de la Mina a 20 años y tramite el proyecto de la Mina de

47 años, que es la dice que quiere hacer? Así la ciudadanía y las Administraciones

podremos evaluar los pros y los contras con objetividad por encima de actos de

propaganda. 

Y si no es así ¿por qué el Gobierno no exige a Geoalcali que deje de hacer propaganda

con un proyecto de Mina que no existe?

Y también, ¿Por qué el Gobierno no organiza unas jornadas de debate en Sangüesa, con

participación de la empresa, grupos sociales, plataforma opositora, ayuntamientos y el

propio Gobierno y salimos de dudas? La legislación medioambiental se lo permite. 

En segundo lugar, el Informe confirma que Geoalcali no dice la verdad cuando

informa a los Ayuntamientos de la zona y que por tanto no existe una verdadera

participación en el proyecto, ni siquiera de los ayuntamientos informados erróneamente.

Como muestra un botón: los riesgos para el Castillo de Javier y de pasada para todo el

pueblo. 

Geoalcali le dijo al Ayuntamiento que no habría galerías bajo Javier. Pues resulta que el

Informe del Gobierno dice que, como no son convincentes las explicaciones de

Geoalcali sobre las repercusiones de la explotación al Castillo de Javier, “debe

establecerse un área de exclusión del ámbito de explotación que coincida con los límites

del entorno de este Bien de Interés Cultural”. O sea que Sí están previstas galerías bajo

Javier. Curiosamente el Informe no dice nada sobre la protección del pueblo y de sus

futuros desarrollos. ¿Tal vez al Gobierno le importa el Castillo pero no las casas y los

vecinos de Javier? 

En tercer lugar el informe dice que el proyecto debe cumplir con lo previsto para la

implantación de industrias en el suelo no urbanizable, en el suelo rústico, para

entendernos. 

Esto es muy alarmante, pues quiere decir que el Gobierno piensa tramitar, como si fuera

una pequeña serrería o un secadero de bacalao, este macroproyecto Mina Muga, que

abarca, de mina 8,5 km de largo por 3,5 km de ancho, más 230 hectáreas de fábrica, 30

hectáreas de bocaminas, 2 km de cinta transportadora, varios km de caminos, líneas

eléctricas, etc. Solo la fábrica es tres veces el tamaño de Sangüesa y la mina vez y

media el término municipal de Pamplona. 

La Consejera Elizalde dijo en el Parlamento que no estaba claro cómo tramitar la

licencia de actividad de la Mina. ¿Parece que ya tienen claro tramitarlo como si fuera

una serrería, que puede acortar trámites y favorecer a Geoalcali y de paso dificultar la

participación ciudadana? 

Sin embargo la Ley Foral del Suelo dice lo contrario. Dice que cuando un proyecto

afecta a más de un municipio y tiene repercusión territorial comarcal, debe tramitarse un

Proyecto de ordenación territorial que analice y prevea soluciones a las repercusiones

territoriales, sociales, económicas y medioambientales en todo el territorio de

influencia, con verdadera participación de la ciudadanía.

Este proyecto Mina Muga, según dijo en una reunión en Sangüesa el Sr. Ayerdi,

afectaría a toda la comarca. Además ocupa territorio de tres municipios, Javier,

Sangüesa y Undues de Lerda (Zaragoza).

Por tanto debe tramitarse una figura de Ordenación del Territorio acorde con las

afecciones del proyecto, de forma transparente, con verdadera participación ciudadana.

¿Si para la cantera de Zilbeti, infinitamente más pequeña y sin fábrica, se hizo un PSIS,

la Mina Muga puede tramitarse como una serrería? Evidentemente No. 

Además debe tramitarse una modificación puntual del Plan de Ordenación Territorial

(POT-4) de modo que se analicen las repercusiones y las necesidades comarcales que se

derivarían del proyecto Mina Muga, cesiones de suelo, dotaciones, aprovechamientos,

etc. que debe hacer Geoalcali y las necesidades futuras de vivienda, educación, salud,

etc. para las personas trabajadoras y sus familias que migrarían para trabajar en la Mina. 

Esta pequeña muestra de cosas preocupantes confirma que el Informe del Gobierno es

insuficiente y no esta a la altura de un Gobierno del Cambio.