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Tal propuesta, que no pasa de ser una idea en fase embrionaria, no cuenta, por ahora, con ningún estudio de viabilidad, ni pruebas que avalen su eficacia y posibilidades reales. Sin embargo, se nos vende como todo “un ejercicio efectivo de soberanía energética”.

Tiene su gracia que se nos presente como el no va más de las políticas públicas en gestión de energías renovables, un proyecto de placas fotovoltaicas instaladas sobre una infraestructura tan cuestionada por su falta de sostenibilidad, al aumentar los consumos de agua de riego en plena crisis de recursos hídricos, y que ha supuesto su privatización, a través de la concesión con peaje en la sombra de la zona regable.

Ciertamente, los gobernantes están inmersos en una gran contradicción. Por una parte, resulta evidente la cada vez más apremiante necesidad de actuar sobre la crisis climática generada por los combustibles de origen fósil y, por otra, garantizar que las medidas que se lleven a cabo no sean un obstáculo a la acumulación de ganancias de las grandes empresas que dominan el sector de la energía.

De ahí la búsqueda frenética de soluciones tecnológicas que permitan al sistema seguir funcionando tal y como está. Cuando, si hay algo que aparece meridianamente claro en esta situación de emergencia, es que cualquier acción relevante sobre el cambio climático significa enfrentarse a quienes lo han generado: las fuerzas monopolistas del capital.

Toda alternativa que no cuestione la actual política dominante, centrada en el mercado como principio rector de los sistemas y recursos energéticos, está avocada al fracaso y no es más que vendernos humo.

El aumento de las energías renovables en los últimos años no ha conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los sectores esenciales de la economía. La demanda global de energía sigue creciendo sin cesar y las tres cuartas partes de ese incremento se cubren con carbón, gas y petróleo. Mientras la curva de consumo energético siga incrementándose no es posible la reducción de emisiones tóxicas. En tanto que la energía no sea contemplada como un bien público estaremos sometidos a los intereses de las grandes compañías del capital energético que, a su vez, manejan y controlan a los gobernantes. El ejemplo lo tenemos recientemente: nada más finalizar la cumbre de Glasgow, el presidente norteamericano Joe Biden solicitó a las grandes empresas productoras de petróleo que aumentasen su producción para mantener los precios.

El Gobierno de Navarra carece de competencias en materia energética, pero sí las tiene en cuanto a la ordenación del territorio. Por eso, lo primero que debe hacer es defender a ultranza nuestra biodiversidad y nuestros valores ambientales, frente a la avalancha de macroproyectos que conllevan importantísimas afecciones a nuestros pueblos, valles, montes, comunales, ríos…

Cuestión interesante es el debate sobre la soberanía energética. Indudablemente esta es una cuestión esencial que subyace entorno a las fuentes de energía. Hay que ir más allá de donde llega el consejero. Es precisa la recuperación pública integral de la generación, transmisión, distribución y gestión de la energía. El sector energético debe salir de la lógica y de la práctica de mercado, y debe ser considerado como un bien público y puesto al servicio de las necesidades sociales. Los sistemas y recurso energéticos deben estar gestionados de forma democrática por la población.

La pregunta es la siguiente: ¿podemos conseguir esta soberanía energética, en el actual marco diseñado por el Estado español? O ¿debemos seguir luchando por romper ese corsé que nos ata de pies y manos para conseguir una gestión democrática y soberana de la energía?