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¿Qué mensaje envía una democracia cuando impone multas cuantiosas a personas que
participaron en una protesta pacífica sobre la que la propia Naciones Unidas ha definido como
genocidio? Esa es la pregunta que nos hacemos quienes hoy nos enfrentamos a un
procedimiento sancionador por manifestarnos durante la Vuelta Ciclista a España a su paso por Lumbier.
Nos resulta incomprensible que el gobierno del PSOE, valiente en la denuncia contra el
exterminio que sigue ejecutando el gobierno de Israel, esté penalizando a las personas que,
durante la vuelta del pasado año, rechazamos de diferentes maneras, siempre pacíficas, la
participación de un equipo representante de ese Estado genocida.
Mientras lees este artículo miles de personas siguen siendo asesinadas o sobreviven en
condiciones extremas en Gaza y en la olvidada Cisjordaniaa la vez que numerosas
organizaciones internacionales alertan de graves vulneraciones de derechos humanos.
Además, en Líbano se replica la doctrina del exterminio gazatí. El Estado de Israel es capaz de
atacar cinco países a la vez mientras quienes alzamos la voz para denunciar esa situación
somos tratados como un problema de orden público.
La protesta pacífica forma parte de cualquier sociedad democrática. A lo largo de la historia, los
avances sociales y la defensa de los derechos humanos han necesitado de personas dispuestas
a señalar las injusticias, también en espacios deportivos, culturales o institucionales. Castigar
esas expresiones de solidaridad mediante sanciones económicas tiene un efecto evidente:
desalentar la participación ciudadana y enviar el mensaje de que protestar puede salir caro.
Además, la desproporcionada actuación de la policía foral contrasta con la respuesta que se
produjo en otros puntos de la propia Vuelta, donde movilizaciones similares fueron
gestionadas de otra manera. Sin embargo, cuatro vecinos de la Txantrea nos enfrentamos
ahora a multas elevadas por una acción que fue pública, pacífica y motivada por razones de
conciencia.
Por todo ello, reclamamos respeto a la libertad de expresión y al derecho de manifestación.
Reclamamos que defender los derechos humanos no se convierta en una conducta perseguida
administrativamente.
Las democracias se fortalecen cuando escuchan la protesta pacífica, no cuando la castigan.