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Hay contradicciones que deberían avergonzarnos como sociedad. En Sarriguren se anuncian miles de nuevas viviendas. Se habla de crecimiento, de nuevos desarrollos urbanísticos, de expansión, de construir ciudad. Se proyecta un futuro de miles de hogares y se manejan cifras que rozan las 10.000 viviendas. Y, sin embargo, hoy las administraciones públicas son incapaces de garantizar una alternativa habitacional a una familia monoparental en situación de emergencia social. Una familia con menores a su cargo. Una familia que puede acabar en la calle el próximo 30 de agosto.

Y mientras esa familia necesita un techo ahora, aquí y no dentro de diez años, existe un piso de titularidad municipal que lleva más de una década sin utilizarse. Esta es la contradicción que nadie debería poder explicar con palabras técnicas: ¿cómo podemos hablar de levantar 10.000 viviendas en Sarriguren mientras somos incapaces de garantizar un techo a una familia que ya vive aquí?

La pregunta no es retórica. Es una cuestión política, pero también profundamente humana. Porque detrás de la expresión “emergencia habitacional” hay una familia monoparental. Hay menores. Hay una madre que intenta sostener un hogar en una situación de extrema vulnerabilidad. Hay incertidumbre, angustia y miedo ante la posibilidad cierta de perder la vivienda.

Y hay una administración que debería estar ahí, pero que no está. El auto del Juzgado de Primera Instancia de Aoiz/Agoitz, de 24 de abril de 2026, acordó suspender durante cuatro meses el lanzamiento y requirió al Ayuntamiento del Valle de Egüés y/o al Gobierno de Navarra que garantizaran una alternativa habitacional digna y adecuada. La resolución recoge, además, que los Servicios Sociales han acreditado una situación de vulnerabilidad y advertido de las consecuencias que el lanzamiento podía tener sobre una menor. Es decir: la situación está acreditada, la emergencia existe y las instituciones conocen sus consecuencias. Entonces, ¿qué falta?

Diez mil viviendas para el futuro, ninguna para esta familia. Esta es quizá la imagen más brutal de nuestro modelo de política de vivienda. Por un lado, grandes proyectos urbanísticos, miles de pisos, suelo, planeamiento, infraestructuras, anuncios y promesas. Por otro, una familia que necesita una solución inmediata y no recibe respuesta alguna.

Se puede discutir si hacen falta más viviendas. Se puede discutir qué tipo de vivienda, dónde, para quién y con qué modelo urbanístico. Pero hay algo que debería ser indiscutible: antes de anunciar miles de hogares nuevos hay que ser capaces de utilizar los que ya tenemos para proteger a quienes están en emergencia.

Porque no hablamos de una familia que pida una vivienda cómoda o de una preferencia residencial. Hablamos de una emergencia social. Y precisamente para situaciones así deberían existir los recursos públicos.

El piso municipal que lleva más de diez años sin utilizarse debería ser, como mínimo, objeto de una actuación inmediata para determinar cómo puede ponerse en condiciones de uso y destinarse a una situación de emergencia habitacional. No parece razonable que una administración tarde años en resolver aquello que debería poder resolver cuando una familia puede quedarse sin techo.

Porque si la Administración es capaz de planificar miles de viviendas para los próximos años pero no es capaz de encontrar una solución para una familia monoparental en emergencia social, algo falla en nuestra concepción de la política de vivienda. Esta no puede ser solamente una cuestión de números. No podemos medir el éxito de una política habitacional contando cuántos pisos se proyectan mientras dejamos sin respuesta a quienes necesitan un hogar hoy.

No podemos planificar el crecimiento urbano mientras una familia calcula cuánto tiempo le queda antes de quedarse en la calle. No podemos hablar de “ciudad” si no somos capaces de garantizar que quienes ya forman parte de ella puedan seguir viviendo en ella. Y mucho menos cuando hay menores de por medio.

Hay una imagen que resume todo este fracaso: una vivienda pública cerrada. Una puerta que lleva años sin abrirse. Dentro, unos metros cuadrados que permanecen inutilizados. Fuera, una familia buscando desesperadamente una alternativa. Es difícil encontrar una metáfora más perfecta de la distancia entre la política institucional y la vida cotidiana.

Hablamos de un recurso público que podría contribuir a resolver una emergencia habitacional. El equipo de gobierno municipal debe explicar por qué ese piso sigue vacío. Debe explicar qué ha hecho. Debe explicar qué piensa hacer ante el requerimiento del auto judicial. Y debe hacerlo ahora. No dentro de otro año. No cuando el problema haya desaparecido de los titulares.

Esto no es solo un fracaso político. Es un fracaso social. Estas líneas se escriben desde la indignación que provoca que una familia monoparental con menores pueda quedarse en la calle mientras las instituciones discuten procedimientos y se anuncian miles de nuevas viviendas.

Porque una sociedad demuestra cuáles son sus prioridades cuando llegan los momentos difíciles. Podemos gastar millones en transformar el territorio. Podemos proyectar nuevas carreteras, nuevos barrios, nuevas infraestructuras. Podemos hablar de crecimiento y de futuro. Pero el verdadero progreso de una comunidad debería medirse también por algo mucho más sencillo: que ninguna familia con menores tenga que preguntarse dónde va a dormir.

Y aquí no estamos ante una situación desconocida. Los Servicios Sociales han acreditado la vulnerabilidad. El órgano judicial ha reclamado una alternativa habitacional. Y existe, además, un recurso municipal que lleva años sin utilizarse. La administración sabe. La administración puede actuar. Lo que no puede hacer es seguir sin hacer nada.

Hay una diferencia enorme entre construir viviendas y construir una sociedad. Una ciudad no se define por la cantidad de edificios que levanta. Se define por la capacidad de cuidar a quienes viven en ella.

No podemos permitir que la emergencia habitacional se convierta en un problema exclusivamente privado. Cuando una familia pierde su hogar, el problema no desaparece: se traslada a otro lugar. A los servicios sociales, a la escuela, a la sanidad, a la red familiar, a las asociaciones, a la calle. Y cuando hay menores, las consecuencias se multiplican.

Por eso ha llegado el momento de que la ciudadanía deje de mirar esta situación como un expediente más. Hay que exigir una respuesta. Al Ayuntamiento del Valle de Egüés. Al Gobierno de Navarra. A quienes tienen responsabilidades políticas y administrativas en materia de vivienda y servicios sociales. Hay que exigirles que se pongan de acuerdo, que coordinen recursos y que encuentren una solución digna e inmediata para esta familia.

Y al equipo de gobierno municipal hay que pedirle algo muy sencillo: que abra esa puerta. Que explique por qué lleva tanto tiempo inutilizada. Que haga las obras necesarias. Que la incorpore al parque municipal de emergencia. Que ponga los recursos públicos donde tienen que estar: al servicio de las personas.

Y si aceptamos que una familia con menores pueda quedarse en la calle mientras una vivienda pública permanece vacía durante años, habremos cruzado una línea que ninguna sociedad decente debería cruzar.