541 millones de fraude fiscal “residual” en Navarra

La existencia del fraude fiscal tiene sin duda estrecha relación, con el escaso esfuerzo que se hace para erradicarlo. A lo largo de estos últimos treinta años, todos los Gobiernos de Navarra nos han anunciado que la lucha contra el fraude fiscal constituye uno de los objetivos prioritarios de acción de la Hacienda Foral.

Javier Onieva Vocal Del Consejo De Administracion De La Corporacion Publica Empresarial De Navarra (Cpen)

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Unos años en los que el tema de la lucha contra el fraude fiscal ha sido objeto de consensos, acuerdos, mociones, interpelaciones y leyes por parte de toda la clase política, pero que más allá de resoluciones y proclamas grandilocuentes, jamás se han llevado a la práctica.

Los resultados sobre la lucha contra el fraude fiscal, un corta y pega que cada año nos ofrece la Hacienda Foral de Navarra, son prácticamente inexistentes, y no dejan de ser un ejercicio de propaganda gubernamental, que cada vez se cree menos gente.

El principal problema reside, desde hace lustros, en el funcionamiento del Organismo Autónomo de la Hacienda Foral de Navarra y de la empresa pública que colabora con ella en la lucha contra el fraude fiscal. En las que la autocomplacencia y el corporativismo de sus directores de servicio en Hacienda y sus directores de departamento en la empresa pública, no han dejado paso a la renovación, eficacia y eficiencia a la hora de desarrollar sus funciones.

La historia nos demuestra que gran parte de los directivos de La Hacienda Foral, en vez de dirigir sus esfuerzos y trabajo a potenciar el sector público, se han dedicado a colaborar y dinamizar al sector privado.

En el año 1991, cuando UPN sustituyó al PSN en el Gobierno de Navarra, todos los altos cargos del departamento de hacienda presentaron su dimisión al Consejero titular del departamento, Javier Pomes. Además, la totalidad de los técnicos de Hacienda sin cargo directivo, unos 40 funcionarios, añadieron su firma al escrito dimisionario comprometiéndose a no aceptar los puestos que quedaran vacantes y a “trabajar a reglamento”. Entre los altos cargos que presentaron la renuncia se encontraba también el director general del departamento, Daniel Mata.

El Consejero dimitió y Juan Ramón Jimenez fue nombrado nuevo Consejero de Hacienda. Este mantuvo en su cargo al director general dimisionario, así como a todos los demás altos cargos que se habían revelado, Dejando en manos de esos funcionarios-directivos la gestión de la Hacienda Foral y por ende la nula intención de trabajar a futuro en la lucha contra el fraude fiscal.

El ejemplo más claro de esta actitud fue la intención, por parte del Consejero de Hacienda a propuesta de su director de recaudación, de privatizar la empresa pública GEDESA, dedicada a colaborar con la Hacienda Foral en la lucha contra el fraude fiscal y que no se llevó a cabo por la oposición mayoritaria del Parlamento de Navarra.

Finalizada la legislatura, Juan Ramón Jimenez pasó a realizar tareas directivas en la empresa GAMESA, iniciando un camino que posteriormente imitarían más de un Consejero y director gerente de Hacienda, recalando en la empresa privada.

En 1996 es nombrado Consejero de Hacienda José Maria Aracama. De carácter campechano (ojo con los “campechanos” en cuanto al manejo del dinero público) su gestión es recordada por el trato afable a sus directivos, los mismos que ostentaban los altos cargos en legislaturas anteriores. Su paso a la empresa pública SODENA, para recalar posteriormente como directivo en Gamesa (otro) y en la actualidad dirigir el think tank Institución Futuro, desde donde aconseja al Gobierno de Navarra en cuestiones fiscales desde una óptica liberal, nos demuestra que la lucha contra el fraude fiscal no era una cosa que le motivase mucho.

En 1999 es nombrado Consejero de Hacienda Francisco Iribarren, mano derecha del Presidente de UPN, Miguel Sanz.

Este Consejero cambia la estructura del departamento de Hacienda y lo convierte en Organismo Autónomo. En la presentación de dicho Organismo el Consejero Iribarren dijo que iba dedicarse principalmente a la lucha contra el fraude fiscal. Prometió duplicar el número de inspectores fiscales hasta llegar a los 50.

La realidad es que la conversión del departamento de hacienda en organismo autónomo no supuso ningún cambio relevante en la lucha contra el fraude fiscal, basta recordar que el número de inspectores, entre veinticinco y treinta, se ha mantenido invariable desde la constitución en 1999 del organismo autónomo hasta ahora.

Lo que si supuso este cambio fue una mejora en las condiciones económicas para los altos cargos de la Hacienda Foral. Empezando por su Director Gerente, el cual ostenta el sueldo más alto dentro del conjunto de la Administración Foral Navarra.

Si bien los altos directivos de hacienda se vieron beneficiados en sus condiciones económicas, no fue de su agrado el nombramiento de José Javier Armendáriz como director gerente, sustituyendo al hasta entonces Director general, el cual en vez de volver a su puesto de Técnico ficho por una asesoría privada.

Armendáriz, ajeno al staff directivo funcionarial de Hacienda, provoco un pequeño tsunami entre los altos cargos, que no veían con buenos ojos los métodos del recién llegado.

La solución, de acuerdo a la frase “al enemigo que se va puente de plata”, fue nombrarlo Consejero de Industria en la siguiente legislatura, para poner de director gerente a otro director de servicio de hacienda, José Ignacio Pérez de Albeniz, el cual mantuvo la gerencia desde el año 2003 hasta el 2012, cuando recaló en la asesoría privada ARPA.

En el año 2007 Iribarren paso a la empresa privada AGBAR (Aguas de Barcelona), relacionada estrechamente con el Canal de Navarra y fue sustituido por Álvaro Miranda.

En el periodo que Miranda ostento la Consejería de Hacienda nos deleitó con perlas como que “cada año que pasa el fraude fiscal es residual”. A los pocos años un estudio de la Universidad Pública de Navarra cifraba en 541 millones anuales el fraude fiscal en Navarra.

En el año 2012 el Gobierno de Yolanda Barcina nombro Consejera a Lourdes Goicoechea, la cual sufrió en sus carnes el acoso y derribo por parte de los altos directivos de Hacienda, representados por la Directora Gerente de Hacienda, una técnica de la “casa”, Idoia Nieves. Lo cual no sirvió de aviso para que, pasados unos años, otro consejero, Manu Ayerdi, fuera cesado en su cargo tras la actuación de los eternos directores de departamento de la empresa pública SODENA que presidía.

Desalojados UPN Y PSN del poder en el año 2015, tomo las riendas de Hacienda Mikel Aramburu. Técnico de hacienda y Director de Servicio en la década de los años ochenta con los gobiernos del PSN. Conocedor a la perfección del entramado formado por los directores de servicio de Hacienda y los directores de departamento de las empresas públicas.

Si bien no fue en contra de esa manera de gestionar, si propició el incremento de medios humanos para la lucha contra el fraude fiscal, aumentando en un millón de euros la partida destinada en el presupuesto a la lucha contra el fraude fiscal.

El no regenerar tanto las direcciones de servicio de Hacienda, como las direcciones de departamento de la empresa pública Tracasa, dedicada a colaborar con hacienda en la lucha contra el fraude fiscal, han hecho que en esta legislatura, con Elma Saiz del PSN como Consejera de Hacienda, dicha partida se haya reducido a la mitad y los servicios de recaudación e inspección hayan tenido los resultados peores de su historia, en relación a la lucha contra el fraude fiscal.

La Hacienda foral de Navarra, así como el departamento de Gestión de Deudas de la empresa pública Tracasa, disponen del mejor y más preparado personal técnico, gestor y administrativo para luchar contra el fraude fiscal. Es cosa de la Consejera de Hacienda que, en vez de apoyarse como se viene haciendo estos últimos treinta años, en directivos tecnócratas y asesores fiscales privados, ponga orden en esas entidades públicas de cara a que su personal sea debidamente dirigido.

De todas formas, la actitud que la Consejera de Hacienda muestra respecto a la responsabilidad de fijar el índice de imputación en el convenio económico, dejando que lo decidan y aprueben los de siempre, no deja albergar muchas esperanzas.

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