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Ramón Sola (Gara) – AHOTSA

La Fundación Euskal Memoria ha convocado una rueda de prensa en la que han tomado parte el forense Paco Etxeberria, Iñigo Iruin y el hermano del militante de los Comando Autónomos Anticapitalistas, Eneko Etxeberria. En ella, han anunciado la localización del lugar donde se encontrarían los restos de Jose Miguel Etxeberria ‘Naparra’, tras 36 años desaparecido.

La ubicación ha sido facilitada al periodista Iñaki Errazkin por “una fuente confidencial” de nacionalidad española aunque residente en un país sudamericano y que “tuvo relación con las actividades del terrorismo de Estado o al menos con personas que lo practicaban”. Iruin ha reconocido que la fuente en sí no genera una credibilidad constatable, pero sí son muy verosímiles los datos que ha aportado. Y es que la zona en la que ha detallado que estaría el cadáver, una zona de robles, ha sido encontrada “sin mayores dificultades”, coincide con los datos que esa fuente ha dado “con precisión” pese a haber transcurrido 36 años y encaja además en las reivindicaciones hechas en su día (hasta cinco) por el Batallón Vasco-Español. Ese grupo, por cierto, atentó también en aquellas fechas contra la plaza de toros de Mont-de-Marsan.

Así las cosas, ayer viernes Iruin presentó una petición de reapertura del caso tanto en la Fiscalía como en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Ha explicado que el fiscal-jefe comparte que hay elementos suficientes para reabrir la investigación, cerrada en el Estado español en 2004 y en el francés allá por 1982 (allí ya está prescrito el caso). Paco Etxeberria ha aportado un informe relativo al escenario, que ha sido inspeccionado aunque sin intervenir en él.

Se solicita en primer lugar la toma de declaración del periodista Errazkin para explicar todos los datos de que dispone, también la de Etxeberria en calidad de perito y, lo que es más importante, emitir una comisión rogatoria urgente a los tribunales franceses para que a través del juzgado de Mont-de-Marsan se lleven a cabo las labores pertinentes de búsqueda en la zona detallada. Iruin cree razonable pensar que en poco más de un mes se pueda conocer si los restos de «Naparra» están allá o no.

En nombre de la familia, Eneko, hermano de José Miguel, ha dado las gracias a todos quienes han acompañado ese tránsito de 36 años y ha subrayado que “no hay tortura peor” que una desaparición de este tipo. Se muestran expectantes pero prudentes: “No estamos más que al principio de lo que puede ser saber saber la verdad”. La madre, Celes Álvarez, también ha estado en el acto. El padre, Patxiku, falleció hace ahora diez años.

36 años desaparecido

El 11 de junio de 1980, Bakunin, así es como se conocía a Naparra, acudió a una cita que tenía en Ziburu. Estaba refugiado en Iparralde con tan solo 22 años y supuestamente, el Batallón Vasco Español (organización de extrema derecha ligada a los aparatos del Estado español) reivindicó el secuestro y su muerte mediante cinco llamadas a diferentes a medios de comunicación. En uno de esos comunicados situaban la desaparición cerca de Xantako (Donibane Lohizune) y apuntaban después que el cadáver había sido llevado por dos gendarmes (de los cuales ofrecían incluso su descripción física) a la zona de Dax. La búsqueda de su cuerpo fue intensa, hasta tal punto que un lago cercano a Xantako fue explorado por amigos buzos de la familia.

Diario 16 hizo sus propias investigaciones en 1985 y concluyó que Naparra había sido asesinado por mercenarios del clan Perret. Esas fueron todas las pistas a las que pudo acceder la familia, a pesar del empeño de todos sus miembros que se reunieron con miembros del Comité de Refugiados Políticos Vascos y posibles testigos para saber más y encontrar al menos el cuerpo para poder descansar. Pero poco más se supo, y quienes podían ofrecer más datos, como por ejemplo Julio Cabezas Centeno, Escaleras, infiltrado en los Comandos Autónomos Anticapitalistas, murió sin revelar nada de lo que podía saber. Años después, el juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno tampoco quiso tomar declaración a mandos policiales como el exgeneral José Antonio Sáenz de Santamaría o el famoso torturador Billy el Niño.

La justicia española y francesa garantizaron la impunidad

Como en tantas otras ocasiones en lo referido a la guerra sucia contra las organizaciones insurgentes vascas, las actuaciones judiciales que deberían de haber tenido como objetivo dilucidar y aclarar qué es lo que había ocurrido e identificar a los responsables de los hechos, miraron para otro lado. En un primer momento, la familia acudió a la justicia francesa que archivó el caso sin avances en 1982. En 1999 se presentó una denuncia en la Audiencia Nacional y la querella fue admitida a trámite para investigar la desaparición. Pese a la esperanza inicial, la familia
constató la falta de interés en resolver el caso al no aceptar los testigos propuestos. Finalmente, en 2004 se archivó la causa y el juez llegó incluso a negar en sus conclusiones que hubiese habido hecho delictivo en su desaparición.

La búsqueda de la verdad y de la justicia tuvo que superar las fronteras de los estados español y francés. Así, en septiembre de 2013 dos miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la ONU visitaron el Estado para ver qué iniciativas estaba llevando a cabo en esta materia. Ariel Dulitzky, miembro del grupo, se reunió con varias asociaciones en Gasteiz y la familia de
Naparra aprovechó para entregarle un informe sobre el caso. Dulitzky, al conocer los detalles de lo sucedido, animó a la familia a presentar una demanda individual sobre el caso. Con la ayuda de la Fundación Egiari Zor, hicieron oficial la reclamación, que el grupo de la ONU aceptó y comenzó a estudiar.

En septiembre de 2014 el hermano de Naparra Eneko Etxeberria acudió a Ginebra a exponer los detalles del caso a los cinco miembros del grupo de trabajo. Durante los 40 minutos que duró la reunión, Etxeberria puso de manifiesto el olvido por parte de las instituciones que ha sufrido el caso y la ausencia de medidas reparadoras hacia la familia. La comisión tuvo claro que José Miguel es una víctima de desaparición forzosa y que es un delito de lesa humanidad. Las conclusiones se trasladaron a ambos estados y se les solicitó que se lleven adelante las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la desaparición y para que sean protegidos los derechos de José Miguel. Por ahora no se sabe nada sobre las gestiones, si es que las hubiera, realizadas por estos gobiernos.

“La ONU asume que mi hermano está desaparecido y que fue una situación forzosa. Acepta que el caso sigue abierto mientras no aparezca. Y, en
consecuencia, dice que es un delito de lesa humanidad y no prescribe. O sea, lo contrario que el auto de Ismael Moreno”, declaraba hace dos años al periódico Gara Eneko Etxeberria.

Los familiares de Naparra fueron recibidos en 2015 por parlamentarios navarros en una comisión especial en el marco de la tramitación de la proposición de ley de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política. Eneko destacaba en aquel entonces el “abandono total” que han sentido desde que su hermano desapareció.