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Aseguran que el proyecto es el mismo que en su momento se inició con UPN-PSN en el Gobierno y prueba de ello es que la declaración institucional que Geroa Bai presentó el pasado 5 de junio en el Parlamento en favor de este proyecto salió adelante con los votos de UPN, PSN y PP.

Hoy, los diversos colectivos que se oponen al TAV se han concentrado ante la Diputación para insistir en que este proyecto supone un enorme gasto en su construcción (solo en el tramo que contempla el convenio supone casi 1.000 millones de euros) en una obra que consideran innecesaria. “Los ingresos por su uso no cubren los gastos de explotación por lo que estas líneas necesitan ser subvencionadas continuamente con dinero público. Esto supone una enorme desviación de recursos para una minoría de la población, aquella que dispone de rentas altas y que utilizaría habitualmente el TAV”, aseguran basándose en los estudios realizados hasta el momento.

También han denunciado el impacto en el territorio y que este tipo de tren responde a un modelo que “solo pretende conectar las grandes ciudades”, lo que deja a amplias zonas rurales sin conexiones ferroviarias.

Particiación social y debate

“Se puede decir que el Gobierno del cambio y los partidos que lo han apoyado lograron su éxito electoral enarbolando valores como participación, debate social, transparencia… Sin embargo, en el caso del TAV todo el proceso ha sido y es justamente lo contrario: una negociación entre Manu Aierdi y el ministro de Fomento, y una declaración institucional en el parlamento a favor de firmar un convenio”, denuncian.

Aseguran que la ponencia parlamentaria específica para analizar las necesidades de movilidad en Navarra “ha sido ninguneada y paralizada” siendo Manu Aierdi el único que ha comparecido hasta hoy. “Se supone que antes de construir cualquier gran infraestructura es necesario realizar un estudio independiente, riguroso y participativo sobre su rentabilidad socioeconómica pero también sobre las posibles alternativas. Este estudio no se ha realizado, ni hay visos de que se pretenda hacer”, denuncian. “La auténtica motivación para su construcción es política y responde a intereses económicos privados”, subrayan. 

Frente al TAV, sus opositores proponen estudiar las posibilidades que ofrece la línea férrea existente y las mejoras necesarias para se adecúe a las necesidades de la situación actual. En el Plan de Transporte Ferroviario de 1987 entre otras muchas actuaciones se incluía la duplicación de la vía entre Castejón y Alsasua así como la elevación de su velocidad máxima hasta 160 Km/h (en lugar de los 140 Km/h actuales). La nueva vía paralela se construiría aprovechando tanto la explanación como los puentes y pasos elevados que en su momento se fueron construyendo dejando libre el espacio necesario para su futura instalación.