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La coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de organizaciones ciudadanas, considera inasumible y escandaloso el “apaño” pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Iglesia católica para legalizar la apropiación de casi 100.000 bienes inmatriculados por los obispos a su nombre, gran parte de ellos integrantes del valioso legado cultural, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico asturiano.

El Gobierno incumple así su compromiso programático, expresado solemnemente en el Congreso de los Diputados por el presidente Sánchez en su investidura, cuando anunció que promovería una reforma legislativa para “revertir las inmatriculaciones” practicadas por la Iglesia católica, por haberse ejecutado en virtud de una normativa claramente inconstitucional, tal como ha denunciado Recuperando de forma reiterada.

Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad.

Según el acuerdo que se hizo público ayer, la Iglesia admite por primera vez que se apropió de casi mil bienes que no eran suyos, lo que pone de relieve a las claras que el privilegio inmatriculador que ha usado durante décadas le proporcionaba una ventaja sin garantías jurídicas y manifiestamente arbitraria. Los obispos dicen ahora reconocer la inscripción irregular de un millar de fincas, pero podrían ser decenas de miles, tal como reclama Recuperando, porque, en realidad, de ninguna de ellas dispone de título escrito de propiedad, salvo la mera autocertificación diocesana del prelado.

Por esa razón, la coordinadora de organizaciones patrimonialistas ha insistido reiteradamente en declarar la nulidad de todas las inscripciones episcopales por inconstitucionalidad manifiesta sobrevenida. Luego, si la Iglesia dispone de documento acreditativo de propiedad, que se someta al mecanismo de inscripción registral en las mismas condiciones jurídicas que cualquier ciudadano. Paralelamente, Recuperando reclama una reforma legislativa de la Ley de Patrimonio Histórico para identificar, sin ningún género de duda, qué bienes del legado cultural tienen la consideración de dominio público y deberían, por tanto, ser protegidos de manera especial y salir fuera del tráfico mercantil. Eso es lo que sucede en nuestros dos países vecinos, Francia y Portugal, cuyo tesoro monumental de carácter religioso pertenece al Estado, aunque se mantiene su uso litúrgico sin restricción alguna.

Iglesia y Gobierno publicaron también ayer un listado de 965 bienes, que los obispos estarían dispuestos a devolver a sus legítimos propietarios. Más de la mitad son fincas rústicas y 179 corresponden a templos de culto, lo que demostraría que el mero hecho de su naturaleza religiosa no conlleva automáticamente un derecho de propiedad episcopal, tal como la Iglesia ha hecho creer insistentemente para confundir a la opinión pública. Existen cientos de ermitas municipales y templos monumentales que han sido construidos, mantenidos y rehabilitados por el Estado a lo largo de los siglos.

Recuperando lamenta la exclusión en las negociaciones de todas las asociaciones patrimonialistas que, desde hace 15 años, vienen trabajando para la recuperación del patrimonio inmatriculado indebidamente por la Iglesia. Y anuncia que seguirá reclamando una solución justa y constitucional a este expolio patrimonial sin precedentes.