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En la mesa redonda, las ponentes analizaron los efectos que puede traer la Ley Mordaza al trabajo del movimiento popular y los medios de comunicación.

Zigor Olabarria señaló que estamos en una fase de transición del estado del bienestar al estado penal, y que a ganando terreno una lógica basada en la exclusión de importantes sectores de la sociedad, y en el castigo como forma de combatir las protestas sociales. Así, se refirió al estado de excepción permanente en que vivimos a cuenta de todas las reformas legislativas, y alertó del peligro de que todos y todas acabemos interiorizando y normalizando estos recortes de derechos.

Paz Francés repasó algunos de los “puntos calientes” de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), y dijo que el texto final se ha “suavizado” respecto a los proyectos de ley iniciales. Sin embargo, alertó de que esta ley infringe el principio de taxatividad. Esto es, muchos artículos de la ley contienen conceptos vagos y difíciles de interpretar, sin ir más lejos, el que ha utilizado la delegada del Gobierno para amenazar a AHOTSA.

Por último, Axier Lopez subrayó que los recortes de derechos y de la libertad de expresión ya existían en Euskal Herria antes de la Ley Mordaza, citando los casos de cierres de medios que hemos sufrido en los últimos años. Así, opina que esta ley es sólo un paso más. En cuanto a su aplicación, apuntó una evidencia: “En función de si estas cerca o lejos del poder se te aplicará la ley de una u otra manera”, y citó varios ejemplos. De esta forma, señaló que el objetivo de todo este nuevo entramado legislativo es obstaculizar la labor de los medios independientes, y en el debate entre legalidad y legitimidad apostó por esta última, “porque tenemos derecho a informar libremente”.