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LAB ha celebrado hoy una asamblea de delegados y delegadas en la que han
tomado Ainhoa Etxaide e Igor Arroyo. Al
finalizar la asamblea se ha realizado una movilización que ha concluido
frente a la sede del Gobierno de Navarra, al que se le ha reclamado la
adopción de diez medidas urgentes “para impulsar el cambio social que
Navarra necesita”.

LAB reconoce que es necesario un tiempo para revertir las políticas de UPN, pero indica que el proceso de cambio en Navarra “sufre un estancamiento”.
“Se ha avanzado en democratización, pero la política económica y laboral es continuista y la Administración sufre una preocupante parálisis”, afirma el sindicato abertzale, por lo que considera que este segundo año de legislatura “es clave para reaccionar”. 

Democratización
LAB reclama el fin de toda discriminación en las empresas navarras y la igualdad en el acceso al empleo, para lo que propone la creación del Observatorio de Libertades Sindicales. También exige una Ley del Euskera “que reconozca y garantice los derechos lingüísticos a todos los navarros y navarras”.

Política económica
En cuanto a la reforma fiscal, LAB propone equiparar el tratamiento de las rentas del capital con las rentas del trabajo y una subida general del Impuesto de Sociedades, así como un incremento de medios para combatir el fraude fiscal y una auditoría de la deuda pública. El sindicato aboga por la apertura de un debate social sobre el modelo de desarrollo para Navarra “que vaya más allá de las directrices de la Comisión Europea plasmadas en el Ris3”.

Relaciones laborales
LAB subraya la necesidad de derogar el Consejo de Diálogo Social y establecer un marco propio de relaciones laborales, al tiempo que reclama empleo de calidad y respetuoso con la salud y atajar el alarmante incremento de la siniestrabilidad laboral, avanzar hacia las 35 horas semanales, establecer los 1200 euros mensuales de sueldo mínimo y establecer 0 aperturas en domingos y festivos.

Políticas sociales y servicios públicos
LAB también ha reclamado las competencias en Seguridad Social y establecer una pensión mínima de 1080 euros. Así mismo pide un incremento de la inversión en Educación, Sanidad y Servicios Sociales así como una reforma democrática de la Administración. El sindicato pide al Gobierno foral que inicie el proceso de publificación progresiva de los servicios privatizados durante los últimos lustros.