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A pesar de que Gobierno de Navarra y patronal CEN hablan de un retorno subordinado a la garantía de la salud de trabajadores y trabajadoras, desde el sindicato LAB quieren denunciar que a día de hoy desconocemos cuántas empresas han procedido al retorno de su actividad y qué medios y planes se han adoptado en dichas empresas para garantizar la salud de trabajadoras y trabajadoras. “¿Cómo puede decir el Gobierno que allí dónde no se garantice la salud no habrá actividad si las empresas que han vuelto a la misma lo han hecho sin acreditar qué efectivamente cumplen con las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio del Covid-19?”  Segun a denunciado la central sindical “Es inaceptable que nos mientan a la cara poniendo en riesgo nuestra salud y vidas. ¿Por qué la población sufre un seguimiento estricto del cumplimiento de su confinamiento a través de distintas policías y no así las empresas?”. 
Denuncian que después de un mes “es inaceptable seguir en la fase de recomendaciones a las empresas por mucho que ésta se haga a través de una coordinación de la prevención en todas las empresas navarras asumida desde el Instituto de Salud Pública y Laboral“.

Propuestas de LAB
    1.    Garantizar equipos de protección individuales al personal sanitario, sociosanitario, pacientes y demás trabajadoras que realizan servicios esenciales.
    2.    Control público efectivo (real) y rápido por parte del ISPLN y la Inspección de Trabajo. El Gobierno de Navarra debe poner todos los medios materiales y humanos oportunos a través de una dotación de medios extraordinarios para reforzar plantillas de INSPL e Inspección de Trabajo, para desempeñar esta labor de control. Un control tan estricto como el que la Policía Foral o Policías Locales están llevando a cabo en las calles de nuestros pueblos y barrios.
    3.    Procedimiento y participación de la representación de los trabajadores y trabajadoras. Todas las empresas que retomen su actividad deben acreditar que se garantiza la salud y vida de sus personas trabajadoras. Para ello, deberán elaborar y/o implementar un plan de arranque de actividad con una antelación previa de 48 horas antes de la apertura. Plan que a su vez deberá contar con el acuerdo de la representación sindical. En caso de discrepancia en ningún caso la empresa podrá avanzar en la apertura ni en la vuelta a la actividad que quedará condicionada en todo caso a la superación del control público del ISPLN y/o la Inspección de Trabajo. Además, dado el riesgo de salud pública y laboral existente y las consecuencias que pueden derivarse del mismo, dicho proceso y participación debe ser transparente (información abierta y directa), continua (abierta a revisión y actualizaciones por parte de los Comités de Seguridad y Salud o delegadas/os de prevención,) y garantista (deberá llevarse un registro de las acciones adoptadas y los responsables de las mismas, conservándose en todo momento dicha información).