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Carmen Lamela, juez de la Audiencia Nacional española, ha concluído el sumario contra nueve jóvenes de Altsasu por la trifulca con dos guardias civiles y sus parejas en octubre. Les atribuye «un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio».

Siete de ellos fueron enviados a prisión el pasado mes de noviembre mientras que otros dos permanecen libres con la obligación de comparecer dos veces por semana. Jokin Unamuno, Adur Ramirez de Alda, Oihan Arnanz, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob y Aratz Urrizola fueron encarcelados. Abad, Goikoetxea, Cob y Urrizola quedaron en libertad en diciembre. Unamuno, Ramirez de Alda y Arnanz siguen en prisión.

La magistrada ha elevado las actuaciones a la Sala que será la encargado de dictar, si procede, la apertura del juicio en su contra. Las defensas recurrieron la decisión de la juez de procesarle unos días después de los arrestos.

Lamela señala que los hechos se enmarcan «en las rutinas de hostigamiento» a la Guardia Civil. «Todos conocían con anterioridad la condición de Guardia Civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados», repite.

Asimismo, apunta a que «actualmente cuentan con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai», a lo que añade a Ospa Mugimendua, considerando a los detenidos «sus principales promotores».

130 personas del ámbito social y cultural apoyan a los jóvenes de Altsasu

Un total de 130 personas del ámbito social y cultural de Euskal Herria han suscrito un manifiesto en el que requieren la eliminación de la calificación penal como «delito de terrorismo» en el caso de la trifulca de Altsasu, así como la devolución de la competencia al Juzgado de Iruñea y la consiguiente puesta en libertad de los jóvenes que siguen encarcelados.

En el manifiesto piden que «imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad» en este caso, que deje de considerarse como «delito de terrorismo» y que sea devuelta la competencia del mismo al Juzgado de Instrucción nº 3 de Iruñea.

Asimismo, solicitan a la Fiscalía General, Audiencia Nacional española y Audiencia Provincial de Nafarroa que «reconsideren sus actuaciones», y también piden a las administraciones públicas, medios de comunicación agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que colaboren en la consecución de dichas peticiones.

En el mismo manifiesto expresan su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a esta trifulca, por la publicación de las identidades de los jóvenes y por la forma en que se produjeron las detenciones, y consideran «fundamental» que el sistema judicial, los representantes institucionales y los medios de comunicación observen los principios de «cautela, ecuanimidad y proporcionalidad».