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El juicio ha tenido lugar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea por la ocupación en 2017 del edificio hasta su clausura en enero de 2019, motivo por el que se acusa a 22 personas por un delito leve de «usurpación de inmueble».

La Fiscalía ha solicitado la reducción de condena para 3 de los encausados, limitándola a 105 días y 6 euros por día, es decir, una multa de 630 euros para cada uno y ha retirado la acusación a los otros 19.

Al contrario que este, el letrado del Gobierno de Nafarroa ha pedido las condenas máximas para todos ellos, además de la responsabilidad civil.

En este sentido, fuentes consultadas por NAIZ, han remarcado que este proceso judicial «no es más que un intento de criminalizar los proyectos autogestionados». Asimismo, han denunciado el «gasto de administración» que supuso tanto los desalojos como la revisión del edificio en cuestión con el objetivo de «criminalizar las organizaciones populares».

Asimismo, las mismas fuentes han remarcado que en el jucio se ha dejado claro que no se ha dado uso al edificio desde el año 2005, cuando pasó a propiedad del Gobierno de Nafarroa, resaltando que el proyecto para construir oficinas para Euskarabidea y el Institituo de Memoria Histórica «no constan en ningún informe».

En el pleito, en el que han declarado todos los acusados menos uno por circunstancias médicas, los jóvenes han asegurado no haber okupado el edificio en septiembre de 2017 ni haber tenido intención de permanecer en su interior. En su declaración, 17 de los acusados han reconocido su presencia en el edificio durante los desalojos realizados en agosto de 2018, aunque todos han afirmado que acudieron allí en apoyo al proyecto y no tenían intención de permanecer en el lugar de forma continuada, sino que fue una presencia puntual.

En el caso de un joven al que se sitúa colgado de unos amarres en el edificio, ha indicado que no se reconoce en la fotografía presentada y ha declarado que, al llegar la Policía, se marchó por su propio pie cuando se lo solicitaron y sin oponer resistencia. Tampoco ha reconocido a ninguno de los acusados por haber preparado los amarres que se encontraron en el edificio. Una de las acusadas que ha reconocido haberse encadenado a los barrotes de un balcón durante el desalojo ha denunciado en su declaración que el desencadenamiento no se hizo cortando el amarre, sino los propios barrotes, dejándole con las manos atadas. «Le dije a un agente que me soltase y me contestó que, si me lo había puesto yo, que me lo quitase», ha comentado, indicando que, al no tener las llaves, estuvo varias horas con las manos atadas hasta que pudieron liberarle.

Asimismo, otra de las acusadas, que ha reconocido que se encontraba encadenada y apoyada en un andamio, ha aseverado que uno de los agentes llegó a proponer su desmontaje y que se quedase colgada de la fachada.

Peligro de «fallo estructural»
Previamente había declarado la directora del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Nafarroa, Marta Echavarren Zozaya, quien ha afirmado que la actividad llevada a cabo en el interior podría haber provocado un fallo estructural del edificio. Echavarren ha asegurado que había un importante riesgo de que pudiese producirse un fallo estructura del edificio por sobrecarga así como de incendio debido a la precariedad de la instalación eléctrica. «La estructura del edificio es de madera, está muy afectada por el agua y tiene síntomas de podredumbre en todas las plantas», ha explicado, subrayando que había incluso tramos de forjado y vigas «en estado de ruina».

En este estado, ha indicado que «ningún edificio debería ser habilitado y mucho menos abierto a actividades con público» por el riesgo de que se produjesen daños estructurales, un peligro que, ha señalado, aumentaba a medida conforme aumentaba el número de personas en el interior y su utilización.

Tras el primer desalojo del edificio, en agosto el 2018, Echavarren ha indicado que «lo primero que se hizo fue desmantelar la instalación eléctrica» debido a que el riesgo de incendio se derivaba de esta instalación.

«Falta de colaboración», según la Policía Foral
Los agentes de la Policía Foral que redactaron los informes sobre la ocupación de Rozalejo han ratificado que el edificio permaneció ocupado de forma continuada desde 2017, así como la falta de colaboración por parte de las personas que se encadenaron en el edificio. En lo referente al acceso al tejado de los ocupas, ha indicado que se conoció este hecho a través de las redes sociales y ha opinado que supuso un «riesgo de precipitación de objetos o personas» a la vía por el mal estado de las tejas y por la falta de medidas de seguridad, así como un riesgo estructural por sobrecarga y de incendio por el empleo de soldaduras eléctricas.

El jefe del área de Investigación Criminal ha constatado también la ocupación aludiendo a que en distintas ocasiones se pudo observar a personas entrando en el edificio y realizando obras de rehabilitación.Este mismo agente ha asegurado que la identificación de varios de los acusados se realizó a partir de su presencia en medios de comunicación, si bien ha reconocido que no les vieron dentro del edificio.

En referencia al desalojo que se realizó en la madrugada del 17 de agosto del 2018, uno de los agentes presentes en la actuación ha declarado que en el edifico había varias personas encadenadas que «en todo momento se negaron a colaborar» para evitar el desencarcelamiento por la fuerza.«Podían colaborar dándonos las llaves del candado o indicándonos de qué manera podíamos localizarlas», ha concretado el agente, que ha afirmado que, pese a sus indicaciones, «en todo momento se negaron a cualquier acción que permitiese su liberación», viéndose obligados a cortar las cadenas con martillos percutores y radiales.

También ha declarado el agente encargado de realizar el informe tras la ocupación del edificio en 2017, quien ha relatado cómo se entrevistó con tres personas que actuaban en calidad de mediadoras, una de las cuales ha identificado en la sala.En relación a las declaraciones de los agentes de la Policía Foral, fuentes de la defensa señalan que dichos agentes «no han individualizado conductas». Media hora antes del inicio del jucio, sobre las 9.30 horas, una concentración ante la Audiencia Provincial de Iruñea ha mostrado su apoyo a los 22 encausados que serán juzgados hoy por la ocupación del Gaztetxe Maravillas de Alde Zaharra. Con las declaraciones de este jueves, se da por finalizado el juicio a la espera de sentencia.