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La Audiencia Nacional, tras el informe de la Fiscalía en el que se calificaban de terroristas los hechos producidos el pasado 15 de octubre en Altsasu se ha declarado competente para investigar por un delito de «terrorismo» la denuncia presentada por COVITE . Según han informado a Ahotsa.info fuentes jurídicas, el juzgado de Iruñea que lleva el caso se ha enterado por la prensa de esta decisión.

La juez de la AN Carmen Lamela, de acuerdo con la posición del Fiscal, ha decidido practicar
una serie de diligencias, entre ellas solicitar a la Guardia Civil un
informe «urgente» sobre «la campaña de acoso que sus agentes sufren en
Nafarroa y, en concreto, en Altsasu», y a la Policía Foral que facilite
las actuaciones practicadas.

Asimismo, ha pedido que se identifique a quienes han realizado declaraciones públicas y aparecen en las fotografías de la comparecencia y la movilización
del pasado sábado donde se denunció «un nuevo montaje policial y
mediático», así como a los «responsables» de la cuenta de Twitter
@AltsasukoGA.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró ayer que la agresión a
los dos agentes y sus parejas constituye «graves hechos delictivos
contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no
comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública
a pesar de que tanto al propia Guardia Civil y el Ministerio español
del Interior habían descartado encuadrarlo como «terrorismo» y habían
señalado a un «delito de odio».

Hoy mismo, 6 jóvenes de la localidad se han presentado en los juzgados de Iruñea con la intención de declarar ante la juez Mari Paz Benito, pero esta se encontraba ausente, por lo que no lo han podido hacerlo. En los juzgados les han tomado los datos y les han indicado que serán llamados a declarar en las próximas horas.

En una entrevista realizada en Onda Vasca, el abogado de los jóvenes arrestados en Altsasu, Josu Beaumont, denunciaba que los hechos “no tienen nada que ver” con delitos de terrorismo, sino que se trata de pelea, pero que se ha sobredimensionado “por intereses políticos”. Beaumont recuerda que las personas detenidas podrían enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel si se consideran delitos de odio o si se juzgan por la Audiencia Nacional.