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Kontuz da por concluida la campaña de recogida de fondos para financiar los procesos judiciales derivados de la denuncia del despido de su portavoz, Patxi Zamora, por orden de la Guardia Civil. Tras un mes de campaña de crowndfunding, Kontuz ha alcanzado el objetivo marcado de 20.000 euros, con las aportaciones de sus socios, de la ciudadanía en general y algunas organizaciones sociales (entre ellas los sindicatos ELA y LAB) y políticas.

Kontuz insiste en la importancia de considerar estos hechos “como un nuevo caso de corrupción” en la medida que se ha permitido el uso de una institución pública, como es la Guardia Civil, para propiciar y ejecutar el despido de Patxi Zamora, “un despido no justificado, sin posibilidad de alegación, sin informe que lo respalde y hurtando toda posibilidad de defensa”, denuncian. Desde la Asociación de Contribuyentes, Consumidores y Usuarios se considera que esta maniobra “responde únicamente a una vendetta por la labor desarrollada por Zamora tanto en el equipo de investigación periodística, como en la portavocía de Kontuz denunciando la corrupción y el Régimen clientelar que ha sufrido Navarra bajo la égira de anteriores gobiernos”.

El TSJM asume el grueso de la causa y emplaza a la Guardia Civil
Respecto a la marcha de los procesos judiciales, Kontuz explica que el grueso del contencioso habrá de dirimirse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), órgano que finalmente ha aceptado la competencia para tramitar la demanda después de que, tanto la Audiencia de Navarra como la Audiencia Nacional, se declararan incompetentes a raíz de las peticiones de la Abogacía del Estado y del Fiscal Jefe de Navarra. Como primera diligencia, el TSJM ha dado un plazo 20 días a la Dirección General de la Guardia Civil para que aporte el expediente administrativo completo sobre su decisión de quitar la tarjeta a Patxi Zamora, decisión no justificada y que propició el despido del portavoz de Kontuz.

La segunda novedad a nivel judicial, es la fijación para el próximo 12 de septiembre del acto de conciliación, por la vía Civil, con AENA, la empresa pública que opera los principales aeropuertos españoles y que es quien, según la Abogacía del Estado, ha de responder por la retirada de la tarjeta de vuelo de Zamora. Además, la fecha del inicio del juicio laboral está programada para el próximo 30 de octubre. Todos estos procedimientos judiciales están programados en sedes judiciales de Madrid.

Finalmente, y respecto al campo institucional, recibido el apoyo del Parlamento de Navarra, siguen planteadas preguntas desde el Congreso y el Senado, firmadas por Podemos, PNV, IU y EHBildu, que están a la espera de respuesta. Con la renovación del gobierno se prevé que, hasta pasado el verano, no haya intervenciones al respecto en ambas sedes.