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Archivos con fines de “prevención, investigación o detección de infracciones penales” elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los países miembros de la Unión Europea “no podrán ser tratados posteriormente con fines administrativos”. Así de contundente se muestra el titular de la cartera europea de Justicia, Didier Reynders, en respuesta a una pregunta de la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, en la que sostiene, además, que todas las personas afectadas por este tipo de archivos deben “mantener los derechos de acceso y rectificación” sobre los mismos. De haberse cumplido estas premisas, ninguno de los documentos invocados por la Guardia Civil para provocar hace ya tres años el despido de Patxi Zamora, portavoz de Kontuz, tendría validez legal, según opinan desde la asociación. Y esto por dos razones básicas: en primer lugar, porque se trataría de informes internos de carácter desconocido que nunca se entregaron al afectado y, en segundo lugar, porque fueron usados para justificar la retirada de una acreditación de carácter laboral que es, de hecho, un acto administrativo, indican desde Kontuz.

Estas consideraciones se desprenden de la respuesta de Reynders a una pregunta de la eurodiputada Izaskun Bilbao cuyo origen está, precisamente, en la participación directa de la Guardia Civil en los despidos de varias personas, entre ellos, el portavoz de Kontuz. De la respuesta del comisario europeo de Justicia se desprende que en este caso, al ampararse la Guardia Civil en la aplicación del Reglamento Europeo sobre Seguridad Aérea para declarar a Zamora “no apto” para acceder a determinadas zonas aeroportuarias, debía haberse aplicado el Reglamento general de protección de datos (RGPD) vigente en la UE que es el que explicita que informes policiales con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento “de infracciones penales”, no pueden usarse “con fines administrativos”.

En su escrito, el Comisario europeo también revela que la responsabilidad de garantizar que el contenido de ese reglamento se respeta es de los estados miembros de la UE, circunstancia que en el caso de Zamora tampoco se ha cumplido dadas las reiteradas respuestas dilatorias emitidas por el Ejecutivo español ante las denuncias de Kontuz. Esas respuestas, de facto, redundan en un amparo efectivo a una conducta supuestamente irregular que sería achacable a la Guardia Civil.

Con la resolución de Reynders, la asociación Kontuz pondrá ahora en marcha dos nuevas iniciativas que complementarán la vía judicial ya abierta contra un despido “que sólo puede entenderse como un nuevo caso de corrupción protagonizado por la Benemérita”. En primer lugar, la asociación de consumidores acudirá al Defensor del Pueblo Europeo (Ombudsman), junto a los otros afectados, para pedir amparo no sólo ante la actuación de la Guardia Civil y del Estado español, sino también por la falta de implicación de la Comisión de Quejas del Parlamento Europeo, presidida por la exministra del PP, Dolors Montserrat, que se ha negado siquiera a admitir a trámite la solicitud de investigación de este caso presentada. En segundo lugar, Kontuz también tratará de activar la vía de colaboración con diferentes grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de posibilitar, por la vía ejecutiva y desde Madrid, la revocación del despido de Zamora.

Otros tres casos similares a nivel estatal
Durante los últimos 18 meses, Kontuz, al hilo de la investigación abierta, ha constatado la existencia de otros tres despidos en el sector aeronáutico por motivos ideológicos que comparten inquietantes similitudes con el de Zamora: una joven canaria militante de izquierdas; una trabajadora madrileña sindicalista y republicana, y un joven independentista catalán. Al igual que en el caso de Zamora, todas estas personas carecían de antecedentes penales y todas ellas fueron despedidas tras una intervención de la Guardia Civil que, sin explicación previa o a posteriori, les declaró “no aptos” para acceder a sus tarjetas de trabajo. La motivación del Servicio de Información de la Guardia Civil sería también coincidente: sin dar argumento alguno, justificaría su defenestración por considerarlas personas “próximas a entornos potencialmente peligrosos”. En el caso de Zamora y en el de otra de las afectadas, esa frase consta de forma literal en uno de los pocos informes a los que se ha podido acceder por imposición judicial, pero la sospecha, es que todos esos informes se encuentran en el fichero secreto “SINVES -AQUILA” en el que la Guardia Civil almacena y trata datos sobre personas “sospechosas de conductas subversivas o antisistema”, conceptos “tan ambiguos como antijurídicos”, en palabras de Kontuz.

“Estamos ante cuatro casos claros de persecución policial por razones políticas que desembocan en despidos laborales injustificables por la sola razón de que alguien en la Guardia Civil, que ni se identifica ni aporta razón argumental o documental alguna, considera que los entornos de esas personas son potencialmente peligrosos”, denuncia Kontuz. “¿De qué entornos se habla? ¿Qué significa el calificativo potencialmente peligroso?”, se pregunta Kontuz. “Es un caso claro de abuso de poder por razones estrictamente políticas sustentado en un proceder arbitrario por parte de la autoridad policial, con consecuencias gravísimas a nivel vital para los afectados, afectados por un desamparo evidente, y que se genera, además, desde la impunidad de una institución a la que no se cuestiona por actuar de esta manera”, argumenta.

La asociación de consumidores está ultimando los detalles junto a las otras tres personas para unificar las estrategias de defensa comunes tanto en el ámbito estatal como en el europeo.